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4 Opinión SÁBADO 28 1 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil ENVENENADA RECOMENDACIÓN DEL CAC I existía alguna duda del carácter intervencionista- -con inevitables sombras censoras- -sobre la libertad de expresión e información del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) el proyecto de nuevo Estatuto ha aportado la prueba definitiva. Este órgano tiene intención de elaborar unas recomendaciones sobre el tratamiento informativo que debe tener la campaña del referéndum para la aprobación del proyecto estaturio. Erigido en una especie de príncipe de la verdad -recordemos que el tripartito catalán le ha encomendado la misión de decir qué noticia es o no es cierta- el CAC parece empeñado en enseñarles a los medios (públicos y privados, la ofensa alcanza a todos) a hacer su trabajo. Que este Consejo que pretende dar lecciones doctrinalesde cómo tratar ese acontecimiento sea el mismo que puede, si lo estima oportuno, poner sanciones y retirar licencias confiere un carácter casi siniestro a lo que desde el CAC se vende como unas simples recomendaciones para que los ciudadanos tengan una buena información Entra dentro de lo lógico que quien hurta a los tribunales su función jurisdiccional y pretende dirimir lo que es o no verdad, termine por asumir el papel de decir lo que es bueno y lo que es malo De la policía de prensa al mesianismo informativo S TAMPOCO EN VALENCIA UNQUE la atención continúa centrada en el acuerdo sobre el Estatuto catalán y sus múltiples secuelas, no debe pasar desapercibido el previsible fracaso del pacto entre PP y PSOE en torno al proyecto estatutario para la Comunidad Valenciana. Zapatero no parece dispuesto a entenderse con el principal partido de la oposición en lo concerniente al modelo territorial, en contra del criterio expresado por muchas voces sensatas a las que se ha sumado últimamente el Consejo de Estado. Por el contrario, la arquitectura constitucional sigue siendo moneda de cambio para buscar apoyos coyunturales al servicio de estrategias partidistas. En este contexto se sitúa la probable ruptura del consenso entre los populares valencianos y el PSPV. La responsabilidad del incumplimiento recae, como es notorio, en los socialistas, dispuestos a vulnerar el compromiso público y solemne adquirido ante los ciudadanos de aquella Comunidad autónoma. En efecto, en pleno debate sobre la propuesta en el Congreso de los Diputados, el Grupo Socialista se descuelga con el anuncio de que apoyará dos enmiendas de CiU e Izquierda Unida, inasumibles para el PP. Se trata de rebajar el listón electoral del 5 al 3 por ciento (con el objetivo evidente de dar entrada en el Parlamento autonómico al catalanismo extraparlamentario) y de eliminar la definición del valenciano como idioma para forzar así su asimilación al catalán. Así pues, el PSOE pretende aprovechar su mayoría en el Congreso, contando con la buena disposición de sus socios de antes y de ahora, para introducir las enmiendas referidas y situar al Gobierno que preside Francisco Camps ante la disyuntiva de rechazar el texto cuando vuelva a las Cortes valencianas (tras su aprobación en el Congreso) o de aceptar un Estatuto inasumible que sólo persigue montar un tripartito a la valenciana para desbancar a los populares de una de sus plazas más fuertes y seguras. Con gran habilidad política, Camps logró en su momento un acuerdo que ha funcionado sin problemas hasta hace pocos días, puesto que incluso en la ponencia de la comisión constitucional, PP y PSOE aprobaron conjuntamente un total de dieciséis enmiendas. Pero está visto, sin embargo, que La Moncloa impone su estrategia, cuya primera regla en la presente legislatura se re- A duce siempre a lo mismo: nunca se debe pactar con el PP. Está a punto de descarrilar un texto razonable (con algunos aspectos discutibles, por ejemplo en materia de justicia) que aportaba un rayo de esperanza al acuerdo imprescindible entre los dos partidos que representan al 80 por ciento de los electores españoles. La obsesión del presidente del Gobierno por complacer a los nacionalistas exige- -una vez más- -que el resto de las comunidades autónomas vean preteridas sus aspiraciones legítimas. La actitud del Ejecutivo hacia las autonomías cuyo gobierno no es afín al PSOE fluctúa, según los casos, entre el ninguneo y la hostilidad. Valencia- -al igual que Madrid y algunas otras- -se ve relegada a un segundo nivel cuando se trata de inversiones en obras de infraestructuras. Hay pocos temas tan sensibles en la zona mediterránea como los que afectan a la política del agua. Pues bien, nada se ha concretado al respecto, salvo, como ya es habitual, para anular los planes aprobados por el Gobierno anterior. En la misma línea, es notorio que las comunicaciones por carretera y por ferrocarril entre el centro y la zona levantina necesitan una mejora urgente. A pesar de ello, si todo va por buen camino, la llegada del AVE a Valencia no tendrá lugar hasta el año 2012. Tampoco se ha volcado el Gobierno en la Copa América, una excelente oportunidad para la promoción internacional de una región pujante en los ámbitos social y económico. Gobernar para todos es un deber elemental en una democracia madura. Sin embargo, una vez más el interés general se subordina en este caso a las estrategias de partido. Es muy probable que el modelo valenciano quede arrinconado para satisfacer a las formaciones políticas que pretenden desvirtuar el actual Estado de las Autonomías. Tal vez la llamada cláusula Camps parece demasiado ambiciosa a los que están empeñados en configurar una España a dos velocidades. Es posible que algunos intenten reavivar la vieja querella sobre el catalán y el valenciano, un conflicto artificial y ajeno por completo al sentimiento social. Sea como fuere, no son buenas las perspectivas de que prospere un texto pactado y cerrado hace ya tiempo. Los electores valencianos tomarán buena nota de la actitud de unos y de otros si se consuma la ruptura anunciada. PELIGRO DE CAOS TOTAL EN A victoria de Hamás en las elecciones palestinas- -un hito tan histórico como inquietante- -ha provocado un terremoto político en el complicadísimo mapa geoestratégico de la zona. Parece lógico, pues no es muy normal que un pueblo elija mayoritariamente a un grupo terrorista (según la UE) para pilotar su producción legislativa. Tan drástica apuesta por la radicalidad no tardó mucho en pasar también factura interna, después de que seguidores de Fatah se enzarzaran ayer en enfrentamientos entre los partidarios de Abu Abbas y quienes, dentro del partido, exigen su dimisión al frente de la Autoridad Nacional Palestina. Para perfeccionar el caos, la triunfante Hamás también mantuvo rifirrafes con la formación rival. La comunidad internacional no puede perder un momento en hacer entender a las distintas facciones el riesgo cierto de enfrentamiento civil que están corriendo si no se ataja esta hemorragia de insensateces. Todos han de colaborar en la tarea de aportar algo de cordura a una coyuntura crítica que, desgraciadamente, presenta un pronóstico pesimista. Los primeros, los propios palestinos; seguidos de las naciones árabes, que han de romper su inveterada tendencia a no solucionar sus problemas y endosar toda la responsabilidad a otros (en este caso a Israel) PALESTINA L LOS BUENOS AMIGOS EN IBEROAMÉRICA D ESPUÉS de año y medio de contorsionismo diplomático en Iberoamérica, el Gobierno se ha encontrado con lo que los más realistas predijeron desde el primer momento: ha dañado las relaciones con Estados Unidos y los países de mayor influencia, y ahora no tiene más remedio que cargar con los graves perjuicios que le está causando la gestión de aquellos gobiernos a los que ha apoyado con tanto entusiasmo. Las pérdidas que le han ocasionado a Repsol- -compañía que está exhibiendo un comportamiento transparente, realista y cabal- -dos de los mejores amigos del Ejecutivo socialista, el venezolano Chávez y el boliviano Morales, son sólo la parte más visible de un proceso que desde La Moncloa se ha contemplado entre la apatía y la irresponsabilidad. Y éste no es el primer caso, porque las futuras generaciones de diplomáticos deberían estudiar el rocambolesco caso de la venta de aviones militares a Venezuela como el ejemplo perfecto de cómo no se debe gestionar jamás una situación similar. El Gobierno empezó la presente legislatura con el desdoro de abandonar gratuitamente la defensa sin matices de la democracia frente a la dictadura cubana. Prefirió buscar aliados entre los dirigentes más radicales o políticamente extemporáneos, sin pararse a pensar en las consecuencias que ello depararía tanto al prestigio como los intereses reales del país. Ahora, cuando llegan las malas noticias desde el otro lado del Atlántico (y desde éste, pues Repsol ha caído un diez por ciento en Bolsa en dos días) ya nadie puede ocultar que hasta el momento el balance de esta red de socios que ha elegido Zapatero es más bien nefasto. Pero mientras se recomponen las maltrechas (o intrascendentes) alianzas con los que venían siendo nuestros socios convencionales -aquellos con los que España tiene intereses comunes- -mejor haría el Ejecutivo presidido por Zapatero en sacar partido a esa panoplia de amistades extravagantes que se ha buscado en beneficio de los intereses de las empresas españolas.