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14 Nacional LA REFORMA CONSTITUCIONAL VIERNES 27 1 2006 ABC El Consejo de Estado sugiere al Gobierno que pacte con el PP para evitar enfoques localistas Recomienda grandes acuerdos en el Parlamento para que no se violenten los límites de la Constitución b El informe de la Comisión de Estudios del órgano consultivo indica que el principio de la solidaridad es aplicable al conjunto de los ciudadanos, no de las Autonomías CRISTINA DE LA HOZ MADRID. El amplísimo informe del Consejo de Estado, de 334 folios, ofrece infinidad de opciones alternativas al Gobierno para abordar las cuatro reformas constitucionales objeto de consulta, aunque se explaya sobre las posibles consecuencias que dichos cambios podrían acarrear y entra de lleno en el debate sobre las reformas estatutarias para defender la idea del consenso entre las grandes fuerzas política para garantizar el respeto a la Constitución frente a los enfoques localistas Se trata de un estudio exhaustivo que el pleno del alto órgano consultivo debatirá a partir del día 16 de febrero en sesiones cerradas, por lo que su contenido definitivo no se conocerá hasta que pase por la criba de los consejeros. El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, con Acebes y López Aguilar ayer en un foro de debate nidades al máximo admitido por la Constitución. En esta situación, cerca de la que nos encontramos ya, cualquier propuesta de reforma que pretenda ampliar las competencias de la Comunidad respectiva, puede dar lugar a acusaciones de que con ella se pretende rozar o violentar de manera deliberada o no, los límites constitucionales En este sentido, cree conveniente llevar a la Constitución la delimitación de competencias. También sugiere introducir el recurso previo de inconstitucionalidad. que forme parte de un Estatuto. Además recuerda que la función del Estado ha de ser la de asegurar un contenido necesario de los derechos de todos los españoles y un nivel mínimo de los correspondientes servicios en todos el territorio nacional Así, el informe señala que el Estado ha de tener recursos económicos suficientes para asegurar la igualdad además de potestad para dictar legislación básica. EFE Pactos y financiación El presidente del Consejo y ponente del capítulo referido a la inclusión de los nombres de las Comunidades en la Constitución, Francisco Rubio Llorente, propone que se modifiquen bien los artículos 2 (Título Preliminar) 137 ó 141 (Titulo VIII) y apuesta por usar su nombre común, sin hablar de nacionalidades o regiones, y citarlas conforme se han ido aprobando sus estatutos. Entre los asuntos más llamativos destaca su apuesta por pactos previos que huyan de enfoques localistas a la hora de abordar reformas estatutarias y defiende que dichos acuerdos se alcancen en sede parlamentaria. Alerta que, de no hacerlo, pueden surgir tensiones y se pueden violentar los límites constitucionales. Cuando al reforma en cuestión sirve de hecho para formalizar acuerdos generales ya logrados, como en el caso de las operadas en los pactos autonómicos, este enfoque localista no puede dar lugar a propuestas que no vayan a ser acogidas por las Cortes Generales. Si surge al margen de un acuerdo previo, el contraste entre una perspectiva particular y general, que es la propia de las Cortes Generales, ha de dilucidarse en el curso de la tramitación parlamentaria dando lugar a una relación dialéctica entre aquellos y los parlamentarios de las Comunidades de las que pueden surgir tensiones perjudiciales para la vida del Estado y a veces incluso para la estabilidad de los partidos políticos reza el texto. Además, advierte que los riesgos de crisis que la apertura del sistema genera, se hacen además más graves, por razones obvias, cuánto más se acerca el ámbito competencial de las Comu- den ser citadas en la Constitución como Ciudades autónomas, por lo que se produce una flagrante contradicción que el informe explica de la siguiente manera: La reforma (propuesta por Zapatero) consagra explícitamente la existencia de Ceuta y Melilla como Ciudades autónomas, por lo que la creación de Comunidades sobre el territorio de estas ciudades requeriría la reforma de la Constitución Navarra, Ceuta y Melilla Navarra, Ceuta y Melilla son objeto de una mención especial. Por un lado, puesto que pasará a citarse expresamente en la Constitución (junto al resto de las autonomías) la Comunidad Foral de Navarra, proponen la eliminación de la Disposición Transitoria Cuarta, que abría la puerta a la incorporación de Navarra a la Comunidad vasca. Otro problema se plantea con la Transitoria Quinta, que establece que Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades autónomas. Pero puesto que todavía no lo son, ahora sólo pue- Reforma del Senado Landelino Lavilla, ponente del informe referido a la reforma del Senado, se inclina por la elección de senadores a través de sufragio universal, libre, igual, directo y secreto Además, cree que deberían ser elegidos el mismo día de las elecciones autonómicas, y no como hasta ahora, en las generales. En todo caso también da legitimidad al actual sistema mixto, con senadores electos y otros de designación autonómica. Lavilla defiende que la Cámara Alta tenga una posición propia y significativa y no quede limitada a ser un foro donde expresar divergencias entre Comunidades o entre éstas y el Estado En este sentido, comenta que puede convertirse en Cámara de primera lectura para leyes que afecten a las autonomías, lo que obligaría a cambiar una panoplia de artículos de la Constitución. Solidaridad El informe habla asimismo, sobre la solidaridad interterritorial y sobre la financiación autonómica y concluye que los españoles concernidos por la solidaridad no pueden ser para cada Comunidad sólo el conjunto de sus propios miembros al tiempo que defiende que todo el capítulo de competencias financieras ha de estar regulado por la Ley Orgánica de Financiación tal y como recoge el artículo 157.3, excluyendo así Don Felipe, citado en la Constitución para garantizar su condición de heredero MADRID. En el capítulo referente a la propuesta de eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, el informe del Consejo de Estado propone suprimir el artículo 57.1 de la Constitución para que quede redactado de la siguiente forma: La Corona de España es hereditaria de los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono corresponde a su hijo, el Príncipe heredero Don Felipe de Borbón, y después a los sucesores de éste según el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; y en el mismo grado, la persona de más edad a la de menos Con esa fórmula, estaría preservada la condición de heredero de Don Felipe y los llamados eventualmente a la sucesión quedarán ya ordenados al margen de la actual preferencia de los varones Constitución europea En cuanto a la mención de la Constitución Europea en la Carta Magna, con ser una reforma menor, incluso desaconsejada por el Tribunal Constitucional por no considerarla necesaria, el ponente Miguel Rodríguez- Piñero le dedica casi cien folios y aunque da bastantes opciones, se inclina por crear un nuevo Título VII bis u VIII bis para incorporar todo lo referido a la cláusula europea