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12 Nacional EL GOBIERNO Y CIU PACTAN EL ESTATUTO JUEVES 26 1 2006 ABC ¿QUIÉN TEME A LA VOZ DEL PUEBLO? E l acuerdo político sobre el Estatuto catalán, alcanzado por el Gobierno, deja al trámite parlamentario convertido en eso, en puro trámite. Esto no impide que puedan introducirse algunas modificaciones, que acaso atemperen los disparates más notorios, pero, en ningún caso, sustanciales. Por lo demás, no es previsible que la oposición pueda aportar algo, ya que el Gobierno se comprometió con sus socios y aliados a no pactar nada con el PP. Sólo queda, por tanto, la posibilidad de obtener una declaración de inconstitucionalidad, por supuesto sólo cuando el texto sea aprobado por el Parlamento. Sin embargo, un anuncio de Mariano Rajoy ha provocado notable I. SÁNCHEZ revuelo en las filas guberCÁMARA namentales. Se ve que ha dado en la diana. Es la solicitud de la celebración de un referéndum sobre el Estatuto, para lo que estaría dispuesto a recoger firmas. Entre el revuelo, han destacado las airadas palabras del portavoz socialista en el Congreso, Pérez Rubalcaba, que ha invocado la radical inconstitucionalidad de la propuesta, evidente incluso para un estudiante de Primero. Bien está volver a la senda constitucional, aunque sea por motivos dialécticos. La cosa no es tan clara, o, mejor, es clara de otra manera. La Constitución, además de reconocer en su artículo 23 el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, y en el 29, el de petición, individual y colectiva, regula en el 87.3 las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley, estableciendo que no procederá esa iniciativa, entre otros casos, en materias propias de ley orgánica. A esto se acoge Rubalcaba, ya que el Estatuto se aprueba mediante Ley Orgánica. Pero Rajoy no pretende la iniciativa popular para aprobar una ley, por ejemplo, otro Estatuto, sino para pedir al Gobierno que someta el texto a referéndum consultivo, lo que es perfectamente constitucional. El artículo 92 introduce esta institución y concede al Presidente del Gobierno la facultad de proponerlo, y al Rey de convocarlo, con la autorización del Parlamento. Si, como creo, se trata de una disposición de especial trascendencia política, sería muy bueno consultar al pueblo (sobre todo, desde la perspectiva de la democracia participativa, deliberativa y avanzada que propugna el presidente del Gobierno) De no hacerlo así, cabrá dudar de la veracidad de sus declaraciones y de la firmeza de sus convicciones, y afirmar que, en realidad, no quieren la consulta popular porque temen, con razón, que el resultado les puede ser adverso. La ira, no precisamente bíblica, de Rubalcaba, procede del hecho de que la negativa a la petición de Rajoy mostraría la verdadera naturaleza de su concepción de la democracia: opaca, autoritaria y retrógrada. Simplemente, vamos a comprobar quién quiere y quién no que se consulte al pueblo en una materia que, además de su probable inconstitucionalidad, entraña un cambio radical en la organización de la convivencia nacional. ¿Quién teme a la voz del pueblo? Joan Saura y Joan Herrera, de ICV, flanquean a Zapatero en la foto que simboliza su sí al Estatuto FRANCISCO SECO El pacto mantiene la cláusula catalana para alcanzar la financiación del País Vasco La Generalitat podrá cambiar los tipos del IVA y los impuestos especiales b El Estado y su agencia tributa- ria sólo mantienen competencias exclusivas, tanto normativas, como de gestión e inspección, en el Impuesto de Sociedades YOLANDA GÓMEZ MADRID. El acuerdo entre Zapatero y CiU sobre el sistema de financiación que se incluirá en el Estatuto- -al que ayer se sumó formalmente ICV- -mantiene lo que se conoció como cláusula catalana para garantizar que se alcanza el mismo nivel de financiación del que ahora gozan el País Vasco y Navarra, aunque se elimina el plazo de quince años que se había fijado para lograr este objetivo. El texto pactado establece que la financiación de la Generalitat no debe implicar efectos discriminatorios para Cataluña respecto de las restantes comunidades autónomas En estos momentos, esto está garantizado para todas las autono- mías del régimen común, pero no para el País Vasco y Navarra, que disfrutan de un régimen de financiación privilegiado, ya que no contribuyen a la solidaridad con el resto del territorio español en función de su riqueza, como coinciden en señalar todos los estudios sobre balanzas fiscales que se han realizado. Fuentes de la Generalitat aseguran que esto no quiere decir que se tenga que adoptar un sistema de cupo en Cataluña, sino que de manera progresiva en el tiempo el sistema El CGPJ emplaza al Congreso a que le lleve al Constitucional y aprueba su no al texto catalán N. C. MADRID. Las relaciones entre el órgano de gobierno de los jueces y el Grupo Socialista (socios incluidos) vivieron ayer un nuevo episodio de confrontación. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer el estudio en el que cuestiona la constitucionalidad del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña y un acuerdo en el que reta al Congreso de los Diputados a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si considera que algunos de sus informes interfieren en su labor legislativa. Mientras los ministros de Justicia y Trabajo, Juan Fernando López Aguilar y Jesús Caldera, criticaron lo que consideran una intromisión en asuntos en los que no se ha pedido opinión, el Consejo lanzaba un mensaje claro: el órgano de go- bierno de los jueces ha actuado y seguirá haciéndolo en el estricto ámbito de sus competencias Como ya informó ABC, el estudio jurídico contrario a la reforma del Estatuto- -aprobado ayer con diez votos a favor- -cita casi una veintena de razones por las que se considera que esta propuesta es inconstitucional, entre ellas, porque sienta las bases de un Poder Judicial estrictamente catalán Fuentes del CGPJ aseguraron que durante el Pleno, el presidente del Consejo, Francisco José Hernando, explicó que ante el anuncio de Rodríguez Zapatero de que ya existía un acuerdo sobre el Estatuto, consideró que este informe- de carácter jurídico -ya se podía someter a vota-