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68 DOMINGO 22 1 2006 ABC Cultura y espectáculos Salamanca tilda de nuevo bochorno para el Gobierno la medida de la Audiencia Nacional El Ayuntamiento acusa en un bando al Gobierno central de expolio y humillación a los salmantinos b El Ayuntamiento tenía razones para recurrir contra la chapuza y la precipitación absolutas con que se hizo el traslado afirma el portavoz del gobierno municipal ROCÍO BLÁZQUEZ SALAMANCA. El Ayuntamiento de Salamanca publicó ayer un bando en el que acusa al Gobierno de la nación de haber llevado a cabo un expolio y ser el responsable de una humillación a los salmantinos, por la forma como se llevó a cabo la salida de documentos del Archivo de la Guerra Civil. El 19 de enero de 2006 será recordado, según el bando leído por el alcalde de la ciudad, Julián Lanzarote, como una jornada triste para Salamanca El texto critica la humillación gratuita infligida a Salamanca por un Gobierno que emplea toda su fuerza contra los que siempre nos hemos limitado a cumplir la Ley y, en cambio, es sorprendentemente débil con los que se regodean en su incumplimiento El texto municipal asegura que el Ejecutivo socialista sin despertar el nuevo día hizo que el expolio ya estuviera consumado Lanzarote hace saber en el bando que se trata de un acto irreversible perpetrado con prepotencia y nocturnidad, en contra de lo prometido por el mismo Gobierno que ha protagonizado tamaña tropelía y utilizando para ello todos los medios coercitivos de los que dispone el Estado El Archivo ya no existe; está condenado irremisiblemente a su desaparición. Se destruye así una parte del patrimonio común de los españoles, triunfando el chantaje político frente a la razón científica y técnica añade el bando. La salida de los documentos incumple incluso la propia Ley, pues en las cajas que iniciaron la ruptura irreversible del Archivo se trasladan documentos que nunca pertenecieron ni a la Generalidad de Cataluña, ni al Parlamento catalán ni a organismos o entidades dependientes de los mismos El texto aborda, además, la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite el recurso del consistorio salmantino, calificando este hecho como un nuevo bochorno para el Gobierno. El portavoz del equipo de gobierno municipal, Fernando Rodríguez, valoró la decisión de la Audiencia de paralizar el traslado de documentos a Cataluña. Según Rodríguez, la medida demuestra que el Estado de Derecho funciona y que el Ayuntamiento tenía razones para recurrir contra la chapuza y la precipitación absolutas con que se hizo el traslado de los documentos depositados actualmente en Cultura. El portavoz explicó que la Audiencia Julián Lanzarote, durante la lectura del bando del Ayuntamiento EFE Nacional ha tenido en cuenta dos requisitos para paralizar con carácter de urgencia y cautelarmente el traslado de los fondos. El primero de ellos, debido al peligro que supondría la tardanza de la resolución, ya que ésta podría perder su virtualidad. El segundo, y más importante obedece a que la pretensión del solicitante, es decir, el Ayuntamiento, cuenta con medidas racionales y fundamentos legales que avalan el planteamiento de este recurso. Sobre el traslado de los papeles del Archivo de Salamanca, el líder del PP, Mariano Rajoy, se preguntaba ayer desde Valencia: ¿En qué democracia vivimos, que a las seis de la mañana con GEOS y antidisturbios unos funcionarios del Ministerio de Cultura tienen que ir allí a coger los papeles? Por su parte, el presidente del Partido Popular de Cataluña, Josep Piqué, defendió ayer el derecho del Ayuntamiento de Salamanca a recurrir ante la Audiencia Nacional el traslado de los papeles de Salamanca a Cataluña. En un acto político en Barcelona manifestó que hemos de ver la resolución de la Audiencia Nacional con absoluta normalidad puesto que el consistorio salmantino tiene todo el derecho a utilizar todos los recursos que les da el Estado de Derecho y a partir de ahí hemos de respetar las resoluciones judiciales Asimismo, criticó a la consejera de Cultura, Caterina Mieras, por ver, tras el recurso del Ayuntamiento de Salamanca, maniobras de los partidos políticos ¿UNA FALSA RESTITUCIÓN? ANTONIO MORALES MOYA Catedrático de Historia de la Universidad Carlos III N uestros dirigentes políticos, acompañados de algún eclesiástico, innovando la ciencia jurídica, nos hablan de leyes flexibles, esto es, aquellas que pueden no aplicarse o hacerlo de forma laxa, de tal suerte que no se perturben las actividades de aquellos a quienes afectan, Herri Batasuna por ejemplo. Serían, por el contrario, leyes rígidas aquellas que deben inexorablemente cumplirse. Una tercera categoría podría ser la de leyes rígidas con afrenta, es decir, que vayan acompañadas por vejámenes a los que deben cumplirlas. No otro carácter ha acabado por tener la Ley 21 2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, y que prevé también la creación de un fantasmal Centro Documental de la Memoria Histórica. En efecto, en la madrugada del pasado día 19, cuando la ciudad de Salamanca aún dormía, escoltadas por cien policías nacionales y quince furgones, quinientas cajas de documentos salían por la puerta de atrás del Archivo de la Guerra Civil rumbo a Madrid, para marchar después a Cataluña como homenaje a un nacionalismo insaciable. Según la ministra, se ha cumplimentado la ley según los trámites más escrupulosos No es ahora el momento de volver sobre una resolución no sólo injusta, sino que, lejos de resolver los problemas planteados, los agrava, según viene siendo frecuente en los últimos tiempos. Por fortuna, la Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente el envío de los documentos, quizá sustraídos, de Salamanca a Cataluña. ¿Cuáles pueden ser las razones de la Audiencia? Sin entrar a fondo en el tema, hay una fundamental, que no sólo justifica la suspensión de la ejecución de la ley, sino que la desvirtúa gravemente, permitiendo, quizás, emplear el término de sustracción. Según un informe que el Ministerio de Cultura conoce perfectamente- -fue dirigido a la directora de Archivos Estatales con fecha 5 de junio de 1989 por el anterior director del Archivo de la Guerra Civil- -existen razones fundadas para considerar que una parte importante de los legajos, como los comprendidos entre el 340 y 504, correspondientes al Comité de Milicias Antifascistas, fueron incautados en instituciones ajenas a la Generalitat Otros pudieran proceder de organismos de la Administración Central del Estado, archivos militares o archivos privados particulares. En resumen, no es posible determinar con certeza cuántos y cuáles de los documentos proceden realmente de organismos de la Generalitat de Cataluña En fin, todo parece indicar: primero, que se quiere devolver a la Generalidad de Cataluña una documentación que no proviene de ella; segundo, el Gobierno conocía, o debía conocer, tal circunstancia al impulsar la citada ley de restitución.