Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
46 Sociedad SÁBADO 21 1 2006 ABC Google se niega a facilitar sus registros de búsqueda al Gobierno de EE. UU. La Administración Bush los pide como medida de protección de la infancia lista completa de las páginas accesibles desde el buscador y todos los términos introducidos por los usuarios en la casilla de búsqueda JOSÉ MANUEL NIEVES MADRID. Google, Microsoft, Yahoo y América Online. Los cuatro más grandes entre los grandes de internet. A ellos se ha dirigido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y les ha pedido, por un lado, el listado completo de las URL (direcciones) a las que un usuario puede acceder a través de sus respectivos motores de búsqueda; y, por otro, una relación con todos los términos introducidos por esos usuarios en sus respectivos buscadores desde el 1 de junio hasta el 31 de julio de 2005, ambos inclusive. Sin embargo, por lo menos en el caso de Google, el Departamento de Justicia ha limitado su petición a un ejemplo aleatorio de un millón de URL y una copia del texto introducido en cada una de las búsquedas realizadas en el transcurso de una semana b Se ha solicitado la En otras palabras, la administración Bush ha pedido a las mayores compañías de internet del mundo que entreguen su bien más preciado: sus bases de datos. Y, además, que lo hagan añadiendo información confidencial y que puede violar la privacidad de quienes utilizan los servicios de estas compañías en la red. Un buscador con seis mil millones de páginas Desde que Larry Page y Sergey Brin fundaran la compañía en 1998, Google se ha convertido en el buscador de internet más solicitado y popular del mundo. Hoy, uno de cada siete internautas que existen, no importa de qué país, utilizan alguna de sus herramientas. Con más de mil empleados, Google atiende más de doscientos millones de búsquedas diarias lo que supone, en los momentos de mayor actividad en la red, un tráfico superior a las dos mil búsquedas por segundo. El número de páginas que contiene su base de datos es enorme: más de seis mil millones después de la ampliación realizada a mediados del pasado año. El término Google procede de googol que expresa el valor numérico de un uno seguido por 100 ceros. Protección de la infancia La petición del Departamento de Justicia forma parte de los intentos de defender el Child Online Protection Act (COPA en inglés) una iniciativa de 1998 que busca penalizar a los operadores de páginas de internet que permiten que los niños vean pornografía. El ejecutivo argumenta que sólo quiere establecer un perfil de las búsquedas en línea y que en ningún momento ha solicitado el nombre de los individuos que están descargando los materiales Las reacciones de los interpelados, han sido dispares. Microsoft, por el momento, prefiere guardar silencio. Yahoo y Amercica online parecen dispuestos a colaborar, aunque sin facilitar información alguna que permita la identificación individual de personas. Y Google, lisa y llanamente, ha dicho que no. Por este motivo, el fiscal general estadounidense, Alberto Gonzalez, ha pedido a un tribunal de San José (California) que obligue al líder de todos los buscadores de internet a facilitar los datos que se le han solicitado. Pero un comunicado hecho público ayer por la dirección del popular buscador subraya la intención de resistirse vigorosamente a la petición. Google no es parte en este pleito y esa petición de información nos excede dijo Nicole Wong, uno de los directivos de la compañía. La negativa de Google ha sido unánimemente aplaudida por organizaciones de defensa de los derechos civiles, que consideran que satisfacer las pretensiones de Washington sentaría un precedente peligroso. En plena controversia por las escuchas telefónicas autorizadas por la Casa Blanca en el marco de la guerra contra el terrorismo, hay quien considera el caso un nuevo ejemplo del apetito de la actual administración por información privada. Los expertos argumentan, además, que el volumen de información solicitado es enorme y que no resultaría de mucha utilidad, un argumento usado también contra el gobierno en el caso de las escuchas telefónicas. Por su parte, la Unión Americana para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU) el grupo más grande de estas características en el país, ha interpuesto una demanda contra esta medida, argumentando que atenta contra la libertad de expresión protegida en la Primera Enmienda.