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ABC SÁBADO 21 1 2006 Nacional EL DESAFÍO DEL ESTATUTO CATALÁN DEBATE 15 dad del asunto. La verdad es que en ningún sitio está dicho que los preámbulos de las leyes carezcan de fuerza vinculante. Su finalidad es prioritariamente explicativa; pero nadie niega su utilidad a efectos de interpretación, pues ayudan a conocer la intención del legislador. Más aún, a veces se les atribuye una fuerza vinculante inmediata. Por ejemplo, en Francia desde 1971 se otorga pleno carácter normativo al preámbulo de la Constitución. También puede ocurrir lo contrario: que una proposición recogida en un artículo carezca de verdadera naturaleza normativa. El artículo 117 de la Constitución española, verbigracia, comienza diciendo que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey lo que no es sino una fórmula retórica. Lo genuinamente importante de un preámbulo es que forma parte integrante de la ley. Tratándose del preámbulo de un estatuto de autonomía, ello significa que debe ser aprobado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Y que el órgano donde reside la representación del pueblo español hiciera suya explícitamente la idea de que Cataluña es una nación supondría, más allá de sutilezas rabulescas, un inequívoco acto de reconocimiento. Esto no sólo tendría obvias consecuencias políticas, sino también jurídicas: nadie debe dudar que ese reconocimiento se haría valer de inmediato en todo tipo de foros internacionales. El Parlamento español habría hecho saber a todo el mundo que cree que una parte del país puede ser considerada como un cuerpo político diferenciado. Esto es lo que está en juego. En las cuestiones jurídicas- -y políticas- -las palabras cuentan; y, dígase lo que se quiera, tienen un núcleo de significado que escapa a las preferencias de cada intérprete interpretativo de autoridad. En el lenguaje ordinario el término nación se utiliza en dos distintos sentidos: jurídico e histórico- cultural. El término nación española que figura en el preámbulo constitucional y en el art. 2 de la Constitución española es empleado en su sentido jurídico, equivalente, con algunos matices, a otros términos constitucionales como son España (art. 1) y pueblo español (preámbulo y art. 1.2) La nación española es el sujeto de la soberanía y titular del poder constituyente. Sería constitucionalmente aceptable que en el preámbulo del Estatuto constara que Cataluña es una nación siempre que quedara claro, sin resquicio alguno para la duda, que lo es en el sentido histórico- cultural. Sin embargo, bien mirado, esta pretensión es absurda dado que en la Constitución, para referirse a este sentido del término nación, figura la palabra nacionalidad (art. 2) bien acreditada en la tradición catalana (Pi Margall, Prat de la Riba) Es sospechosa, por tanto, la insistencia de los partidos nacionalistas catalanes en incluir el término nación en sustitución de nacionalidad. Aunque el preámbulo no tenga efectos normativos, es de prever que, en cualquier caso, el término será utilizado deslealmente como elemento de interpretación para justificar que el principio de las nacionalidades toda nación tiene derecho a constituirse en Estado ha sido constitucionalizado. Al derecho a la autonomía del art. 2 se le pretenderá oponer el derecho a la soberanía del preámbulo que siguiendo una tendencia que quizás podría calificarse de post- moderna tiende a incluir en textos legales contenidos puramente retóricos con los que se mueve en su curioso y confuso juego político, necesitado como está, por su falta de mayoría propia, en negociar y transigir con los pequeños partidos en los que se apoya. Por tanto, si no tiene valor normativo, tampoco creo que se pueda decir que sea inconstitucional. Esa afirmación es más bien incoherente Javier Corcuera Atienza Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco El preámbulo forma parte de la norma y tiene un carácter normativo La Constitución reserva el término nación para la nación española, explícitamente mencionada en el preámbulo y en el artículo segundo, donde se definen los principios de unidad, del Estado y de la nación, autonomía de las nacionalidades y regiones y solidaridad entre todas ellas. Desde una perspectiva jurídica, no cabe calificar como nación, término vinculado con la soberanía, a ninguna nacionalidad o región, cuya capacidad de autogobierno se explica desde el concepto de autonomía. Existen otras perspectivas (ciencia política, antropología, sociología... en las que podría llamarse naciones a lo que nuestra Constitución llama nacionalidades pero estamos ahora hablando de derecho, y la Constitución o los Estatutos son normas jurídicas. En tal sentido, considero que la Constitución impide la inclusión del término nación, atribuida a Cataluña, en el Estatuto de dicha Comunidad, sea en el articulado o en el preámbulo. No creo que ningún jurista dude del valor normativo de los preámbulos. No como el articulado, ciertamente, pero el preámbulo forma parte de la norma y tiene un carácter normativo que se manifiesta especialmente en la interpretación de los textos legales a los que precede. Sobre su utilidad en esta tarea no cabe duda, y basta para probarlo ver con cuánta frecuencia argumenta nuestro Tribunal Constitucional con citas de los preámbulos, de la Constitución o de las leyes. No es fácil definir los efectos jurídicos de la inclusión del término nación en el preámbulo del Estatuto. Cabe pensar que permitiría intentar una interpretación de la autonomía catalana que subrayara su singularidad justificando lecturas expansivas de su autogobierno, pero la efectividad de tal intento dependería de diversos factores (de la redacción del precepto que quiere interpretarse a la luz del preámbulo, de la capacidad política de presión que pueda existir en cada momento... En materia en que la emocionalidad es tan importante, lo jurídico y lo político están muy entrelazados. Si la caracterización estatutaria como nacionalidad ha servido muy frecuentemente para argumentar el derecho a una autonomía diferente, parece claro que la invocación de un término que se supone no sería tan generalizable como aquél permitiría mantener la pretensión de construir un sistema autonómico manifiestamente asimétrico. Pero conseguirlo no dependerá de la sola inclusión del término en el preámbulo Eduardo García De Enterría Catedrático Emérito de Derecho Administrativo Legislación post- moderna Francesc de Carreras Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina suelen decir que las exposiciones de motivos de las leyes formulan los principios de la normación concreta a la que preceden y que, en consecuencia, tienen un valor interpretativo de esa normativa. Pero lo que parece que se pretende hacer ahora no es explicar los motivos del nuevo Estatuto, sino una simple alusión a que los catalanes sienten a su tierra como una nación. Eso, que es una constatación de un supuesto sentimiento común- -que quizás no sea tan común, por cierto- -no puede tener, pues, verdadero valor interpretativo del Estatuto; es la simple constatación de un supuesto hecho, como si el Estatuto de Asturias dijera que allí llueve mucho. Es un ejemplo más de las extrañas y atípicas formas de legislar de este Gobierno, Una insistencia sospechosa de los nacionalistas Los preámbulos de las leyes no tienen valor normativo, es decir, prescriptivo, capaz de generar por sí mismo derechos y obligaciones. Ahora bien, a los preámbulos se les suele otorgar valor jurídico, aunque ello sea discutible, en tanto que elemento de interpretación de la ley, al poder deducirse de los mismos la intención del legislador, los antecedentes históricos y legislativos o el espíritu y finalidad de la norma. En todo caso, en la práctica los preámbulos son utilizados en la argumentación jurídica como un elemento