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4 Opinión SÁBADO 21 1 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil VARAPALO A LA MINISTRA DE CULTURA A Audiencia Nacional ordenó ayer la inmovilización de los papeles de Salamanca -como medida cautelar y a instancias del Ayuntamiento de la capital salmantina- -ante la evidencia de que los documentos iban a ser trasladados de manera inmediata a Cataluña. La decisión de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, aún pendiente de oír los argumentos del Gobierno, representa un severo varapalo para la ministra de Cultura, Carmen Calvo, que ha exhibido unas formas impropias de un gobernante al ordenar el traslado nocturno de los papeles después de conocerse que el Tribunal Constitucional había admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Castilla y León. El TC había pedido horas antes la opinión de las partes sobre la posible suspensión cautelar del traslado, decisión que debería haber bastado al Ministerio de Cultura- -por una elemental norma de prudencia, equilibrio y decoro político- -a paralizar la mudanza. Hizo todo lo contrario a lo que demanda la discreción y la mesura y trató de orillar la ley ordenando un viaje vergonzoso que supone un agravio innecesario a una ciudad- -Salamanca- -y a una Comunidad Autónoma- -Castilla y León- -que habían depositado sus legítimas esperanzas en la acción de la Justicia. Y ha tenido que ser precisamente la Justicia quien- -como ya ocurriera con la decisión del juez Marlaska de prohibir el Congreso de Batasuna ante la inacción del Gobierno- la que ha evitado una decisión política que, sólo desde el punto de vista formal, revela un comportamiento tan soberbio como grosero. Gestos impropios de un Ejecutivo que, sometido a las exigencias del nacionalismo soberanista, parece empeñado en generar problemas felizmente superados. No es posible entender qué razón pudo llevar a la ministra Carmen Calvo a ordenar la salida inmediata de los papeles de Salamanca hacia Cataluña, salvo que pensara que la mejor manera de cumplir la ley fuera buscar atajos de madrugada. No es así como se espera que actúe un Gobierno que, bien por defecto (Batasuna) o bien por exceso (Archivo de Salamanca) parece empeñado en seguir el trazado que le marcan sus socios parlamentarios, aunque para ello tenga que buscar puertas traseras a la ley o improvisar desalojos nocturnos con los que satisfacer la larga lista de demandas nacionalistas. Demasiadas claudicaciones para un Ejecutivo colocado, por su propia impericia, en un peligroso cruce de caminos en el que la Justicia se ve obligada a corregirle con demasiada frecuencia. Síntomas de una manera de entender la política en la que los intereses generales del Estado sucumben a los fines partidistas y a los excesos de formaciones que han dado suficientes muestras de deslealtad, tantas que el Gobierno debería tener bien claro que la normalidad a la que se refería el otro día la ministra Calvo no es propia de una España de carretillas y caravanas. L UNA REFORMA FISCAL INSUFICIENTE A tan esperada, anunciada y comentada reforma fiscal ha llegado por fin. El Consejo de Ministros analizó ayer el proyecto de ley que modifica el actual régimen de IRPF de 1999, que una vez aprobado pasará el trámite parlamentario a lo largo del año y entrará en vigor al que viene, de manera que se pondrá en práctica por primera vez en el 2008 para las rentas generadas en el 2007, y en alguno de sus capítulos- -como el impuesto de sociedades- -su aplicación se alargará hasta el 2011. Este cambio gradual incorpora, sin embargo, bastantes novedades. La reducción de los tramos, de cinco a cuatro, y el fuerte aumento del mínimo exento harán que la progresividad se achate; las deducciones en las rentas más bajas y las consideraciones de la situación familiar favorecerán las rentas del trabajo; el impacto diferente que la fiscalidad tenía sobre los diferentes productos del ahorro- -cuentas de ahorro, cuentas corrientes, seguros, plusvalía- -desaparecerá (la fiscalidad se hará más neutra al gravarse todos los productos del ahorro al mismo tipo; bajará el tipo máximo de las personas físicas en dos puntos porcentuales; se discriminará a favor del rescate gradual de fondos de pensiones para que éstos no se usen como un instrumento de simple ahorro; se favorecen los seguros de dependencia y se bajará en cinco puntos el tipo de sociedades. El proyecto, por lo tanto, incorpora mejoras significativas, la más importante de las cuales es quizá la subida del mínimo exento, que dada la renuencia política a implantar el tipo único, podría considerarse, sin embargo, el primer paso hacia él. Puede acusarse al proyecto de falta de audacia, especialmente por no haber unificado los tipos, pero dados los pactos y promesas del Gabinete esto era lo esperable. Pero si por algo resulta criticable la reforma es por el hecho de que los menos favorecidos, otra vez, serán las clases medias y las familias numerosas. Los responsables económicos del Gobierno han estado lanzando globos sonda, avanzando y retrocediendo, midiendo sus fuerzas y, finalmente, han decidido no alterar sustancialmente la situación, porque la doble amenaza de merma de ingresos que supone el Estatuto catalán y el acoso político para el incremento del gasto no aconsejaban, aparentemente, otra propuesta. La cuestión es si se podría haber ido un poco más lejos. L Es cierto, como dijo Benjamin Franklin, que las dos únicas cosas seguras en la vida son la muerte y los impuestos. Pero de la misma manera que el progreso científico ha ido ganándole terreno a la primera, el progreso económico debía reducir lo más posible los segundos. Fue un Gobierno del mismo color político el que hace casi dos décadas empezó la rebaja de los tipos máximos, y puesto que es progresista bajar impuestos no hay razón para que esa tendencia se pare ahora. La Heritage Foundation y el Wall Street Journal acaban de presentar un estudio sobre libertad económica en el mundo en el que la pérdida de posiciones de España- -nada menos que seis puestos en dos años- -encuentra una de sus causas en la alta presión fiscal y el excesivo gasto público, y a pesar de los condicionamientos políticos sería deseable ver cómo ambas magnitudes siguen descendiendo. No obstante las novedades, es dudoso que el proyecto baje la presión fiscal. De hecho, la sugerencia de implantar nuevos impuestos ecológicos apunta precisamente en la dirección opuesta. Por su parte, el gasto público sigue su marcha imparable, y las veleidades económicas de las comunidades autónomas no son precisamente una ayuda para frenar este proceso. Incluso si se cree en un nivel de imposición óptima cada traspaso de recursos de las manos del contribuyente a la financiación del gasto público corre el riesgo de ser un obstáculo al crecimiento, porque rebaja la capacidad de compra de los ciudadanos, desincentiva la participación en los mercados y disminuye la eficiencia general de la economía. El rápido incremento del gasto público, además, alimenta la inflación. Y esto no sólo pone en desventaja a los exportadores españoles, sino que redistribuye el ingreso- -especialmente a favor del Estado- -y aumenta de manera disfrazada el nivel impositivo. Pocos países como España conocen los males del uso fraudulento por parte del Estado del mecanismo de la inflación. Y aunque la opinión pública hubiese renunciado ya a la reforma profunda del programa electoral socialista, era de esperar una rebaja general más amplia, que viniese acompañada, además, de una reducción del gasto y un programa de reformas para atajar la inflación. Otra oportunidad desgraciadamente perdida. CONTRA LA VIOLENCIA JUVENIL L Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de reforma de la Ley del Menor, que se envía ahora al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Es acertado, sin duda, el propósito de hacer frente a nuevos fenómenos que preocupan cada vez más a la sociedad, como es el caso de las bandas juveniles organizadas o de la violencia escolar. Tampoco está de más prevenir situaciones posibles, como las producidas recientemente en los barrios periféricos de París y otras ciudades francesas. El alejamiento del agresor, la implantación de medidas educativas y el deber de realizar servicios sociales son fórmulas razonables, al igual que la norma que permitirá evitar la confrontación visual en un juicio entre los acusados y las víctimas de delitos contra la libertad sexual. No queda claro, sin embargo, que las buenas intenciones estén respaldadas por el soporte financiero imprescindible. Se trata de una materia muy delicada, que exige la aportación de cuantiosos recursos humanos y materiales para evitar que las E normas y las decisiones judiciales se vulneren por vía de hecho. Por desgracia, es frecuente que las medidas de resocialización no cumplan los fines que persiguen, de manera que el porcentaje de reincidentes es muy superior al deseable. La violencia juvenil- -con un alto grado de crueldad- -es un fenómeno que refleja el fracaso de la familia y del sistema educativo en la transmisión de pautas de comportamiento civilizado. Niños y adolescentes viven en un mundo agresivo, sujeto a la influencia de espectáculos en los que impera la ley del más fuerte En un determinado contexto personal y social, los jóvenes tienden a reproducir esas conductas agresivas en la vida real. Como es lógico, el riesgo se agrava cuando se trata de sectores marginales o de personas que padecen problemas psicológicos. Las medidas penales y procesales constituyen un elemento imprescindible para afrontar el problema, pero no son la panacea universal de unos males cuya raíz se sitúa en una profunda crisis de valores.