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50 VIERNES 20 1 2006 ABC Sociedad El Gobierno estableció una moratoria en las sanciones por apertura de pozos en el Guadiana La disposición es ilegal y contraria a dos principios constitucionales según juristas Guadiana había abierto unos cinco mil expedientes sancionadores por apertura de pozos y detracción de aguas sin autorización administrativa JUAN FERNÁNDEZ- CUESTA MADRID. El Gobierno mantendrá una moratoria en las actuaciones sancionadoras en la cuenca del Alto Guadiana mientras continúe la situación de sequía en la zona, según un documento al que ha tenido acceso ABC. Fuentes consultadas por este periódico explican que el documento fue entregado a distintos sectores políticos y sociales en una reunión celebrada en la subdelegación del Gobierno en Ciudad Real y en la que al menos había una decena de personas, entre ellas el director general de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente Hace una semana, el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Medio Ambiente, destituyó de su cargo al presidente de la Confederación del Guadiana, José Ignacio Sánchez, al acentuarse en esa cuenca las dificultades debido, entre otros factores, a la sobreexplotación de acuíferos y la situación de sequía, en un entorno socioeconómico complejo Y después de que esa confederación hidrográfica haya abierto en los últimos meses hasta cinco mil expedientes sancionadores (según los agricultores) a regantes por apertura de pozos y detracción de aguas públicas subterráneas sin autorización administrativa. b La Confederación del en el Plan especial del Alto Guadiana tras un presunto pacto entre el Gobierno, la Junta de Castilla- La Mancha y organizaciones agrícolas Juristas consultados por este periódico han confirmado que el incumplimiento general de la norma (40.000 pozos abiertos sin autorización administrativa) no exime a la Administración de adoptar las medidas necesarias para que se cumpla la norma Añaden que los agricultores están fuera de la ley y esa moratoria no tiene sentido, es claramente contraria a los principios constitucionales de legalidad e igualdad. Es una disposición ilegal, e incluso una legalización posterior de los pozos en situación ilegal no exime de pagar la correspondiente multa En cuanto a la actuación en particular del órgano administrativo que ha decidido esa moratoria, se recuerda que la administración está sujeta, como todos, al imperio de la ley. No toda disposición ilegal encierra un problema de prevaricación, pero esta es una disposición ilegal El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel está en situación crítica por la sequía métrica que incide sobre toda España y en particular sobre el alto Guadiana además de establecer ese moratoria se decidió encarecer a todos los ciudadanos y, en especial, a los agricultores, una actuación responsable en el uso del agua que evite una disminución de los recursos de los acuíferos sobreexplotados, que pueda poner en peligro el abastecimiento de los municipios, sobre todo ante el riesgo de que el actual periodo de sequía (como así ha sucedido) pueda prolongarse en el tiempo La organización agrícola Asaja reconoce las irregularidades cometidas por los agricultores por la necesidad de obtener agua o perderlo todo explica que se nos han abierto unos cinco mil expedientes sancionadores en los últimos meses, pero denuncias ya por la vía ejecutiva sólo existen de 2004 y por extraer más agua de la permitida de pozos legales. En lo que respecta al cierre de pozos irregulares, se empezó a clausurar alguno, pero se han paralizado Por su parte, en el Boletín Oficial del Estado sólo hemos encontrado expedientes sancionadores abiertos por apertura ilegal de pozos y detracción de aguas públicas correspondien- Papeles sin firmar El documento con el membrete del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 28 de junio de 2005, viene sin firma alguna, lo que da pie a los expertos consultados a sentenciar que no es de extrañar que ese documento no esté firmado por nadie, porque quien lo hubiera firmado se enfrentaría a una querella por un posible delito de prevaricación Atendiendo, según el Gobierno, a las excepcionales circunstancias creadas por la situación de sequía pluvio- Un documento de Medio Ambiente recoge el pacto de no sancionar a los que abran pozos sin autorización No tiene sentido, es claramente contraria a los principios constitucionales de legalidad e igualdad Un compromiso nítido El Gobierno central desautoriza la apertura de esos expedientes porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene un compromiso nítido con la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha para la resolución de sus problemas ambientales y para colaborar en la consecución de un mayor desarrollo para sus ciudadanos según el documento del propio Ministerio, de 28 de junio de 2005. Lo que se tradujo en la decisión de establecer una moratoria en las actuaciones sancionadoras en el Alto Guadiana hasta que se supere la actual situación excepcional de sequía y se establezca un marco global de actuación concertada con las administraciones y agentes sociales implicados No tenemos ninguna intención de incumplir la legalidad El director general de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, manifestó ayer a este periódico que, evidentemente, no tenemos ninguna intención de incumplir la legalidad con respecto al documento con el membrete del Ministerio de Medio Ambiente que presuntamente fue repartido por un representante del Gobierno en una reunión celebrada a finales de junio en la subdelegación del Gobierno en Ciudad Real. Palop indicó que no le puedo decir si ese es el documento o ese no es el documento en referencia a los papeles en poder de ABC y en los que se decide establecer una moratoria en las actuaciones sancionadoras a los agricultores por apertura ilegal de pozos, Y añadió: Honestamente, no me acuerdo si se entregó algún papel Lo que sí recuerda es que se habló de la necesidad de enfriar el debate, y para ello se adoptaron medidas administrativas legales, como revisar los expedientes sancionadores y dilatar los tiempos de esos expedientes, pero siempre cumpliendo con la legalidad A esa reunión asistieron representantes del Gobierno, del Ministerio de Medio Ambiente (Palop incluido) también de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y de organizaciones agrícolas. Y para calmar los ánimos, debido a los cinco mil expedientes abiertos, se les concedió- -por escrito- -esa moratoria sancionadora.