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4 Opinión VIERNES 20 1 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA NORMALIDAD A secuencia protagonizada por los funcionarios del Ministerio de Cultura llevándose- -de madrugada y en carretilla- -los documentos de la Guerra Civil del Archivo de Salamanca no es precisamente reflejo de la normalidad a la que se refirió ayer la ministra Carmen Calvo. En este asunto, el interés partidista se ha impuesto al criterio de los técnicos para generar un problema que, en líneas generales, se enmarca dentro de la cesión ante el nacionalismo que caracteriza la actuación del Ejecutivo socialista. Ciertamente, Salamanca dio ayer un ejemplo de mesura y sosiego, lo que no significa en absoluto que no tengan razón para sentirse agraviados por una decisión de marcados ribetes políticos. A falta de que la Justicia diga la última palabra, los documentos esperan en Madrid el momento del traslado a Cataluña. Polémico viaje con escalas en el que el análisis y el rigor han sucumbido ante la presión de los socios del Gobierno de Rodríguez Zapatero. L LA RÉPLICA DE LOS JUECES E L grupo mayoritario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a proponer al pleno de este órgano constitucional una dura respuesta a las críticas que recibió del Congreso de los Diputados en diciembre pasado por la decisión de elaborar a instancia propia un dictamen sobre el proyecto de Estatuto para Cataluña. Fue entonces cuando la mayoría que respalda al Gobierno acordó instar al CGPJ para que se abstenga en el futuro de realizar estudios, informes o dictámenes en relación a materias y actividades de otros órganos constitucionales que sean susceptibles de contener juicios de oportunidad política y que no sean expresamente preceptivos En resumen: que hable el Consejo cuando se le pregunte, lo que, dicho así, supone dar al Parlamento una superioridad sobre otro órgano constitucional- -como el CGPJ- -que no le corresponde. La mayoría del Consejo quiere que este órgano defienda su competencia consultiva y que invite al Parlamento a plantear, si lo cree conveniente, un conflicto ante el Tribunal Constitucional. Llama la atención que ese requerimiento parlamentario se produjera a cuenta del nuevo Estatuto catalán y que sobre esta propuesta el Gobierno haya negado la opinión incluso al Consejo de Estado. Quizá sea para no oír lo que no le interesa. Aunque este dictamen del CGPJ no ha sido sometido a debate y aprobación en el Pleno- -por una incongruente decisión de su presidente, Francisco Hernando- es de dominio público que recoge hasta catorce vicios de inconstitucionalidad en el modelo judicial del proyecto estatutario. Por eso, la iniciativa de la mayoría del CGPJ se inscribe en la discordia provocada por el Gobierno socialista con las instituciones consultivas del Estado, a las que elude siempre que puede y, en todo caso, desoye cuando le conviene. El resultado está siendo un empobrecimiento notorio de la actividad legislativa, al quedar privada de las aportaciones de instituciones cuya función es, precisamente, asesorar y dictaminar sobre las futuras leyes. La tensión con el CGPJ es la expresión de una forma de gobernar dominada por la altanería y la soberbia, en absoluto coherente no sólo con la condición de gobierno minoritario que tiene el que preside Rodríguez Zapatero, sino con un correcto entendimiento institucional del ejercicio democrático del poder, mucho más elevado que el mero recuento de escaños. Desde esta falta de sentido de la prudencia se entiende la aprobación de leyes en las que el Gobierno y la coalición de partidos que lo apoya en el Parlamento han conservado la mayoría de los posibles vicios de inconstitucionalidad advertidos por el CGPJ o el Consejo de Estado, según sus competencias. Recuérdese, en este sentido, la Ley integral contra la Violencia Doméstica, la reforma que extendió el matrimonio a las parejas homosexuales, la modificación del nombramiento de cargos judiciales o la Ley Orgánica de Educación. En particular, el CGPJ es objeto constante de una política de deslegitimación y arrinconamiento por parte del Gobierno. Es cierto que algunas declaraciones de Hernando- -impropias de su cargo- -han facilitado la táctica del Gobierno, pero han sido meras excusas para pretender dejar a un lado a una institución que escapa al control político del Ejecutivo. La última comparecencia parlamentaria de Hernando, por unas prescindibles afirmaciones sobre el proyecto de Estatuto catalán, fue un auto de fe que trascendió de la persona para ir directamente contra la institución que representaba. Aprendida la lección, mejor haría Hernando en dejar de lanzar frases ocurrentes sobre la propuesta estatutaria y, en su lugar, llevar al Pleno el dictamen elaborado sobre la misma, para que sea el órgano el que se pronuncie institucionalmente. El mandato de Rodríguez Zapatero es, en esta cuestión, repetitivo de viejos vicios. Nuevamente, la relación de un Gobierno socialista con la Justicia se basa en la profunda repelencia que en aquél produce la independencia judicial y la autonomía de su órgano de gobierno. Las objeciones a la prohibición del acto de Batasuna previsto para el día 21, hechas, entre otros, por el presidente y su fiscal general previamente al auto del juez Grande- Marlaska, revelaban algo más que una discrepancia técnica sobre la suspensión de la convocatoria proetarra. Demostraba también el modelo de relación entre Poderes constitucionales al que aspira el Gobierno: una Justicia con interruptor político, sometida a la conveniencia de unas tácticas que, eso sí, no se llevan con sinceridad y responsabilidad al Parlamento para que se debatan y adopten, en su caso, en forma de leyes públicas y vinculantes (también para los jueces) sino que se mantienen en una trastienda de la que sólo salen para cuestionar las decisiones judiciales y deslegitimar su imparcialidad. BONO Y LA IMAGEN A imagen del Ministerio de Defensa se deteriora a medida que los españoles perciben exceso de ruido y defecto en la gestión ante los últimos acontecimientos surgidos a raíz del improcedente discurso del teniente general Mena Aguado. José Bono, aunque mantiene una apreciable valoración, mengua en relación con anteriores sondeos, según pone de manifiesto una encuesta realizada en exclusiva por Metroscopia para ABC. El sustancial desasosiego ciudadano pasa factura a un ministro de Defensa que pierde puntos y ya es superado en popularidad por otros miembros del Gabinete. Sorprende- -más allá de que el 66 por ciento de los votantes del PP crea que las cosas no están siendo gestionadas de la manera más oportuna- -que el 34 por ciento de quienes votaron al PSOE perciban que los modos y maneras de Defensa no han estado a la altura de las circunstancias. Revés demoscópico para un ministro cultivador de la imagen. L FRANCIA APUNTA N Jacques Chirac inédito lanzó ayer una durísima y poco habitual advertencia a los estados que recurran a medios terroristas Embajador del pacifismo, la templanza y la mesura durante la fase previa de la guerra de Irak, enfrentado a Estados Unidos por el uso de la fuerza contra el régimen de Sadam Husein, el presidente francés cambia radicalmente de terció para recurrir, aunque veladamente, a la amenaza de una respuesta nuclear contra quienes ataquen a su país. Jacques Chirac no mencionó a ningún país en concreto. Prefirió la abstracción para hilvanar un discurso por el que asoman las cabezas nucleares de Francia, símbolo de la resistencia pacífica y pacifista a la guerra contra el terrorismo diseñada y ejecutada desde Estados Unidos tras los atentados del 11- S. El presidente galo pliega la pancarta y despliega el mapa del terrorismo internacional como hoja de ruta de un futuro imprevisible. Y muy cambiante. FRACASO EN POLÍTICA DE MUSEOS UANDO le convenía electoralmente, el PSOE prometió dar prioridad a la política cultural en sus diferentes manifestaciones. En la práctica, el Ministerio dedica todo su esfuerzo a satisfacer las exigencias del tripartito catalán. Carmen Calvo se ha dado mucha prisa en impulsar la aprobación de la ley y en organizar la salida de los papeles delArchivo. En cambio, no hay noticias sobre políticas de museos, salvola remoción- -con malos modos- -de algunos directores considerados poco afines. ABC ha publicado en exclusiva la insólita noticia de que el Reina Sofía no sabe dónde se encuentra una escultura de Richard Serra que pesa 38 toneladas. El asunto provoca la hilaridad y la estupefacción en medios culturales del mundo entero. Pero más allá del caso concreto, lo realmente preocupante es que el Ministerio no hace nada para cumplir el precepto constitucional según el cual la cultura es deber y atribución esencial del Estado. Los gobiernos del PP pusieron en marcha un Plan Integral de Museos, basado en la atención especial a las instituciones de cabecera (en particular, el Museo del Prado y el propio U C Mncars) en la puesta en valor de los museos de titularidad y gestión estatal y en unaordenación equilibrada de las relaciones entre el Ministerio y las comunidades autónomas respecto de las instituciones de gestión autonómica. El Gobierno actual vive todavía de las rentas. Sin embargo, las obras del Prado parece que no terminan nunca. En cuanto al Reina Sofía, la gestión de su directora es objeto de fuertes críticas en los más variados sectores. No hay noticias sobre el Museo Arqueológico Nacional, salvo el empeño en trasladar la Dama de Elche a su lugar de origen. La neocueva de Altamira o los Museos de Escultura de Valladolid y de Cerámica de Valencia siguen funcionando por pura inercia administrativa. En fin, determinados proyectos para transferir la titularidad chocan con los límites constitucionales. Las grandes exposiciones pasan de largo por el Ministerio y se organizan desde comunidades autónomas, ayuntamientos o fundaciones privadas más activas y dispuestas. Mientras aparece la escultura de Serra, la ministra debe meditar sobre la falta de una gestión eficaz en un sector tan relevante.