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22 Nacional JUEVES 19 1 2006 ABC Nunca se imputó la muerte de Roquetas a una acción concreta dice la Fiscalía ABC MADRID. El fiscal jefe de la Audiencia de Almería, Juan Manuel de Oña, dijo ayer que desde la Fiscalía, en el caso de la muerte de Juan Martínez Galdeano en el cuartel de Roquetas, nunca se ha valorado el resultado de muerte porque siempre estaba pendiente de la ampliación del informe de autopsia sino que lo que imputamos, como principio más valorado, fueron las lesiones con medios peligrosos y el trato degradante cuestiones que no se afectan directamente por la autopsia que se refiere al resultado de muerte fundamentalmente De Oña, en declaraciones a Ep, aseguró que aún no se les ha dado traslado de la ampliación de la autopsia porque la juez de Roquetas, Estefanía López, lo remitió por correo ordinario y aún no lo hemos recibido Pedimos en su día que la autopsia se realizara a la mayor urgencia posible explicó el fiscal, quien reiteró que nunca se imputó el resultado de muerte a acción concreta, porque son elementales esos informes médicos forenses que no existían reiteró. En principio, piensa mantener la valoración inicial. Por su parte, el PP acusó ayer al ministro del Interior, José Antonio Alonso, de precipitación y de vulneración del principio de inocencia en el caso Roquetas, mientras que el ministro defendió en Santander que el Gobierno hizo lo que tenía que hacer al suspender a los agentes implicados. Investigan si un juez de Las Palmas intentó ayudar a excarcelar a un narco El presidente de la Audiencia podría ser suspendido cautelarmente de sus funciones b Los primeros indicios se detecta- ron en una investigación relacionada con una trama encaminada a lograr de manera fraudulenta la adjudicación de un parque eólico NIEVES COLLI MADRID. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará suspender de forma cautelar en el ejercicio de sus funciones al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, investigado por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, entre otros. De la investigación inicial, practicada por un juzgado de la capital grancanaria, se desprenden indicios que apuntan a una supuesta intervención de este magistrado en favor de la excarcelación de un acusado de narcotráfico. Los hechos, en los que no consta que se hayan producido pagos, están ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del CGPJ. La primera medida que puede adoptar el CGPJ es la suspensión cautelar del magistrado Martín Martín. Para ello, la Comisión Permanente pidió ayer un informe al fiscal y éste, previsiblemente, lo tendrá listo hoy. El TSJ canario, por su parte, ha encargado de a la magistrada Carla Bellini la investigación penal iniciada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas dado que Martín Martín es aforado por su condición de presidente de la Audiencia Provincial. El presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín rece desprenderse de las numerosas conversaciones telefónicas pinchadas siempre con el objeto de hablar de la situación del encarcelado Rafael Bornia. En una de esas llamadas, el magistrado le dijo a Yanés, su interlocutor habitual, que le daba la sensación de que las cosas no iban bien, expresión que, puesta en relación con los demás datos de la investigación, se interpretó EFE Contactos sopechosos Alonso se reúne con representantes de la comunidad islámica ABC MADRID. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, se entrevista hoy con representantes del Consejo Islámico de España, entre ellos Riay Tatari, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, y Mansur Escudero, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas. El objetivo de la reunión- -la primera fue en mayo de 2004- -es el interés de Alonso de conocer de primera mano las necesidades y problemas de la comunidad islámica, Igualmente, quiere ofrecerles su apoyo y agradecerles el trabajo que están realizando. El ministro también les transmitirá su interés en mantener contactos con estos interlocutores cuando las circunstancias así lo requieran. Los primeros indicios sobre la presunta actuación delictiva del magistrado se detectaron en el curso de una investigación relacionada con una trama encaminada a conseguir de manera fraudulenta la adjudicación de un parque eólico. Las intervenciones telefónicas practicadas a un individuo llamado W. L. Yanés destaparon las conversaciones mantenidas por éste con un hermano de Rafael Bornia Bordón- -en prisión provisional por delito de narcotráfico- -y con el presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín Martín. Se da la circunstancia de que Julio Bornia Bordón (hermano de Rafael) que también había sido acusado por tráfico de drogas, fue juzgado y absuelto por la Sección Primera de la Audiencia grancanaria, presidida por Martín Martín, que además fue ponente de la sentencia. Gracias a la intermediación de W. L. Yanés, el magistrado ahora investigado mantuvo en los meses de mayo de 2005 al menos dos reuniones con Julio Bornia. La primera en un reservado de un restaurante de Las Palmas y la segunda en el domicilio del propio presidente de la Audiencia. Las dos fueron a petición de Julio Bornia y, según pa- como una advertencia de que la libertad de Rafael Bornia no iba a ser fácil. La excarcelación, de hecho, no llegó a producirse. La relación del magistrado con sus dos interlocutores se ha considerado por el juez que realizó las primeras investigaciones como sospechosa de varios delitos, aunque no existe constancia de que se hayan producido pagos. La Asociación Sandra Palo convoca una manifestación en protesta por la ley del Menor ABC MADRID. En protesta por el anteproyecto de reforma de la Ley de Menor, la Asociación Sandra Palo ha convocado una manifestación para el próximo domingo en Madrid que partirá a las cuatro de la tarde desde la Glorieta de Atocha hasta la plaza de Colón. Precisamente, el día 22 la joven de Getafe asesinada el 17 de mayo de 2003 en Leganés habría cumplido 25 años. María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, se opone al anteproyecto de la Ley del Menor que se aprobó en el Congreso porque el minis- tro de Justicia quiere aumentar sólo dos años de condena dependiendo del delito que hayan cometido los menores En su opinión, es lamentable que cuando los menores cometen un delito como un asesinato o violación, si tienen menos de 14 años cumplen una condena de cuatro y los que tienen 15, 16 ó 17 años de edad cumplen ocho Bermúdez pide que se eleven las penas y quiere conocer dónde han ido parar las firmas, más de un millón, que entregaron hace un año en el Congreso de los Diputados para solicitar que se modifique la ley.