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ABC JUEVES 19 1 2006 Nacional 21 LAS PALABRAS Y LAS COSAS l lenguaje ya no es lo que era. La (mala) política vacía las palabras y pasan éstas a significar lo que el poder, en sus pactos y componendas, quiere que signifiquen. La polémica ya no enfrenta a realistas y nominalistas, a esencialistas y convencionalistas. Parece claro que el nacionalismo catalán, concepto que se estira y ya abarca al socialismo o, al menos, a sus dirigentes actuales, impone, al menos, dos reivindicaciones innegociables. Ya están concedidas: el término nación aplicado a Cataluña y la obligación de saber catalán para todos los residentes. No es difícil entender las dos expresiones: nación y deber de saber catalán Sin embargo, nada es lo que parece. I. SÁNCHEZ Ni siquiera el Derecho, CÁMARA que se vuelve algo dúctil, maleable, carente de significado. No es que los conceptos sean porosos; es que son evanescentes. Según la Constitución, la única nación es la española. Sin embargo, declarar que Cataluña es una nación no vulnera la Carta Magna. Acaso porque cada vez que se usa significa cosas diferentes. El artículo 1.2 de la Constitución dice (o parece decir) que la soberanía nacional reside en el pueblo español Pero si Cataluña es una nación, ¿qué función realiza el adjetivo nacional en el precepto? ¿A qué nación adjetiva? ¿No habrá que postular una soberanía nacional catalana? ¿Hasta dónde puede retorcerse el sentido de las palabras? El Gobierno ya tiene la solución Cataluña sólo figurará como nación en el Preámbulo, pero no en el articulado. Se supone entonces que en éste dejará de ser nación, pues si no deja de serlo ¿por qué no se dice? Por cierto, los preámbulos de los textos legales tienen valor jurídico. Y uno, algo fatigado, se pregunta: cuando se apruebe el Estatuto, para el Derecho español, ¿será o no Cataluña una nación? No esperemos una respuesta oficial. Pasemos al deber de saber catalán Uno, ingenuo, pensará que significa que podrá obligarse a todo residente a aprender la lengua. O que dejará de existir, aunque al parecer de hecho ya ha dejado de existir, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la enseñanza en castellano, ya que todos tienen el deber de saber catalán, incluidos los hijos de los residentes que acaben de llegar a Cataluña. Pues no. Los intérpretes oficiales ya han ideado la estratagema: se trata de un deber impropio es decir de uno de esos que, como el deber de trabajar, por su propia naturaleza, no se pueden exigir en la práctica. ¿Es o no un deber? La verdad es que la cosa ofrece pocas dudas, pues si ahora que no existe, ya se exige, ¿qué no sucederá cuando se trate de un deber, por impropio que digan que sea? Por lo demás, la Constitución sólo impone el deber de conocer el castellano, pero tampoco vamos a andarnos con interpretaciones restrictivas o estrechas de los deberes constitucionales. Cuantos más, mejor. Por ese camino, cabe llegar al deber de no utilizar el castellano. Antes, las palabras tenían que ver con las cosas. Pero hoy la semántica no deja, como todo, de progresar. Tal vez, cualquier tiempo pasado habló mejor. E Los traductores exigen que se les informe del uso de otras lenguas AFP Un informe desaconseja el uso de las lenguas autonómicas en Bruselas Recuerda que en las Cortes españolas no hay ninguna disposición en este sentido un eurodiputado tendría que advertirles con siete semanas de antelación de que va a intervenir en otra lengua E. SERBETO. CORRESPONSAL BRUSELAS. La petición de que las lenguas autonómicas españolas puedan ser utilizadas en el Parlamento Europeo no ha caído nada bien en la Eurocámara y existe la posibilidad de que al final sea rechazada. El lunes se volvió a aplazar la votación en la Mesa de vicepresidentes, según todos los indicios porque era más que evidente que no se alcanzaría una mayoría a favor. No es de extrañar, dado que el informe preliminar del secretario general de la Cámara, el laborista británico Julian Priestsley, plantea muchas dificultades para que se acepte el uso de tres nuevas lenguas que sería impracticable crearía una nueva lista de agravios comparativos y, además, lejos de lo que podría parecer, pone un intermediario más en las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones europeas. Sólo uno de los quince vicepresidentes de la Mesa apoyan la idea y el presidente Josep Borrell está prácticamente solo defendiendo la propuesta negociada por el Gobierno de Zapatero. b Según los traductores, cho de usar el español y subraya que sorprendentemente las Cortes no tienen ninguna disposición específica sobre el uso de las lenguas distintas del castellano en los procedimientos parlamentarios En la lista de inconvenientes empieza diciendo que estaría fuera de cuestión que no se diera respuesta a peticiones similares de otros gobiernos y advierte que en la actualidad hay muchas otras lenguas europeas con un status de reconocimiento constitucional entre las que cita trece, empezando por el modesto lëtzebuergesch, la lengua oficial de Luxemburgo, y terminando por el ruso, que habla casi la mitad de la población de Letonia, o el turco, usado en el norte de Chipre. Exigencia de los traductores También indica que los servicios de traducción han establecido en siete semanas, y confirmándolo dos semanas antes, la antelación razonable con la que se debe informar al Parlamento de las intenciones de un diputado a usar lenguas distintas al español. En condiciones normales, es muy difícil que un diputado pueda decir con siete semanas de anticipación si necesita hablar en una lengua adicional También encuentra dificultades técnicas para la interpretación teniendo en cuenta los canales disponibles, por no hablar del problema de encontrar traductores. Finalmente, el secretario general se pregunta si no es un contrasentido usar en el Pleno lenguas que no se emplean luego en la legislación, especialmente cuando se trata de discutir sobre textos legales Deber de conocer el español Priestley se maravilla en su informe de que la Constitución española establece que el español o castellano es el idioma oficial en España y todos los españoles tienen el deber de conocer y el dere-