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4 Opinión JUEVES 19 1 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil REFLEXIÓN, SOSIEGO Y DISCIPLINA T UN CÓDIGO INTERVENCIONISTA L A presidencia de la CNMV sigue dando que hablar. Esta vez ha sido la presentación del Código Unificado de Gobierno Corporativo, elaborado durante los últimos cinco meses por una comisión de expertos y en el que se ofrecen nada menos que 74 sugerencias (no son de obligado cumplimiento, pero exigen justificaciones públicas en caso de que no se cumplan) que han de adoptar las empresas cotizadas. El documento- -todavía en forma de borrador, hasta que no se escuchen las opiniones de los afectados- -recoge tres recomendaciones fundamentales: limitar el poder de los núcleos duros en los consejos, instituyendo vicepresidentes independientes que sirvan de contrapoder al presidente; hacer que los consejeros independientes lo sean realmente, y defender a los pequeños accionistas, dándoles más voz y oportunidad de agruparse. No está mal que un sistema económico joven como el nuestro reafirme sus instituciones, especialmente en un área como las finanzas, donde la tradición del mercado abierto es corta y donde la información transparente es tan necesaria como escasa. El presidente de la CNMV, Manuel Conthe, ha querido que sea éste un Código detallado y minucioso, que no deje lugar a dudas y que sirva de guía tanto a los participantes en el mercado como al Gobierno, obligando a los primeros a dar información más completa y orientando al segundo a una legislación favorable al buen funcionamiento de las Bolsas. Es un rasgo de madurez institucional que una parte tan importante de la economía como es el mercado de valores se institucionalice y se dote de reglas claras y conocidas por todos. Sin embargo, cabe preguntarse si todo el contenido de este nuevo Código Unificado va en esa dirección. Es dudoso que el regulador sepa- -mejor que la propia empresa regulada- -cuál es el tamaño óptimo del consejo y su composición por sexos. Es dudosa también la prohibición de la cotización de filiales, la obligatoriedad de dimisión para aquellos consejeros procesados sin que haya sentencia firme o la fijación de un número mínimo de consejeros independientes. La posible divergencia de intereses entre los dirigentes (consejeros) de una sociedad por acciones y sus accionistas viene siendo debatida desde los tiempos de Adam Smith, pero es dudoso que tenga sentido aplicar criterios estricta- mente democráticos de división de poder a una institución como la empresa, que es básicamente lo que el Nobel de Economía Ronald Coase llama una isla de discrecionalidad Existen ya más de setenta años de tradición regulatoria en las Bolsas y abundan los debates no sólo sobre sus funciones, sino sobre su misma existencia. Aun suponiendo que la función de este tipo de regulador sea necesario en el mercado de valores, sus funciones no deberían llegar tan lejos. Nuestra CNMV se fundó en 1988 con el triple propósito de velar por la transparencia de los mercados, la correcta formación de los precios y la protección de los inversores, pero desde entonces su ámbito de intervención no ha hecho sino ampliarse. Son muchos los estudios- -entre ellos los del propio Conthe- -que alertan sobre el riesgo regulatorio es decir, sobre el riesgo asociado con la inestabilidad potencial de un marco regulatorio volátil y las consecuencias que esto puede tener sobre la incertidumbre de los inversores. Salir a Bolsa significa un paso difícil y de consecuencias inciertas para muchas empresas; por eso en una economía joven de mercado como la española hay muchas empresas, y no sólo pymes, que no han tomado aún la decisión. Será interesante saber si este nuevo marco de conducta- -después de los anteriores informes Aldama y Olivencia- -induce o retrasa la entrada en la Bolsa de estas empresas indecisas. Pero además, las Bolsas no son un mercado como otro cualquiera: sus perturbaciones se transmiten con rapidez e intensidad por todo el sistema financiero, y éste necesita más que nada estabilidad y certeza. Los factores psicológicos, sobre los que el mismo Manuel Conthe ha publicado muy buenos ensayos, no recomiendan los cambios regulatorios frecuentes en los mercados financieros, especialmente si éstos se dan en combinación con otros intentos de control- -como el de filtrar la información o el terciar en conflictos de manera sesgada- -por parte de la agencia reguladora. El afán intervencionista de total control puede tener consecuencias no buscadas y desfavorables para todos. La CNMV debería tener en cuenta la opinión de otro experto en riesgos, el campeón automovilístico Mario Andretti, que aseguraba que, para cuando uno ha logrado la sensación de control total, lo más probable es que el coche esté yendo demasiado despacio y se haya perdido ya la carrera. LA VIRTUD DE LA LEY RNALDO Otegi está procesado por pertenencia a banda armada en grado de dirigente. Fue condenado hace años por delito terrorista y recientemente fue nuevamente condenado por injurias al Rey. Este Otegi, el mismo que cuestiona permanentemente la independencia de la Justicia y proclama la sumisión de los jueces a los dictados del PP, es el que ayer se benefició del Estado de Derecho, que sus jerarcas terroristas se empeñan en doblegar. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha ordenado repetir el juicio que condenó a Otegi por enaltecer el terrorismo durante el homenaje a la etarra Olaia Castrasena. Su recurso fue apoyado por el Ministerio Fiscal en el motivo que impugnaba la imparcialidad del tribunal sentenciador, dos de cuyos miembros estaban contaminados tras haber valorado de forma comprometida, antes del juicio oral, el resultado de la instrucción. Técnicamente, la decisión se ajusta a la jurisprudencia de los tribunales Supremo y Constitucional; también a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es la misma razón que llevó a la separación del primer tribunal que tenía que juzgar a Atutxa. A Por tanto, Otegi no ha sido absuelto. Se ha revocado su condena para que vuelva a ser juzgado. Su situación procesal sigue siendo la de acusado. Este resultado también expresa el funcionamiento normal del Estado de Derecho, que no necesita atajos para hacer efectivas las responsabilidades ni para derrotar al terrorismo. Es preferible que los propios tribunales de Justicia vigilen sus procedimientos y depuren sus defectos a que corran riesgos innecesarios de posteriores anulaciones por el Tribunal Constitucional, sólo por condenar a toda costa. El fin nunca ha justificado los medios para lograr el cese del terrorismo etarra, ni ahora ni nunca. La aplicación objetiva de la ley y del sistema de garantías marca la diferencia entre un Estado que se afirma de Derecho y los terroristas, pero no sólo éstos; también los oportunistas que desprecian el imperio de la ley como un obstáculo para la paz y auguran desastres que no se producen, porque el verdadero desastre es que la ley se aplique por conveniencia política. Lo que aleja la paz es que el Estado no funcione y los delitos queden impunes. RAS el discurso con motivo de la Pascua Militar que le costó el puesto al teniente general Mena (número dos del Ejército de Tierra) han seguido apareciendo manifestaciones públicas de profesionales de las Fuerzas Armadas (FAS) en activo en las que se vierten opiniones sobre asuntos políticos y críticas, más o menos veladas, al Gobierno, obviando que la disciplina y el cabal funcionamiento de la estructura castrense les impide hablar en esos términos. Tanto la Constitución como las propias ordenanzas militares- -textos que acotan y facultan la misión que el Estado encomienda a sus Ejércitos y a los profesionales que los integran- -dejan meridianamente claras las atribuciones del poder político y el irreductible sometimiento a él que deben guardar las FAS. Cualquier extralimitación o superación de esas líneas rojas- -aunque sólo sea de manera implícita o verbal- -supone un error sin matices y una injerencia en las atribuciones que nuestro ordenamiento jurídico encomienda al Gobierno de la nación. No es misión de los militares en activo comentar la actualidad política ni hacer llegar (de manera individual o colectiva) a la sociedad sus inquietudes o temores sobre tal o cual proyecto, ley o iniciativa gubernamental. Desde hace más de dos décadas, los militares han entendido ejemplarmente esta regla de oro y la han cumplido de manera escrupulosa. No es cuestión de que ahora algunos de ellos (veáse el último ejemplo del capitán de la Legión en Melilla) quieran preterir el cumplimiento exhaustivo de una fórmula que, además de ser una obligación legal, ha resultado ser muy práctica, pues ha concedido unos réditos excelentes a la sociedad española y, de paso, a las propias Fuerzas Armadas, que han visto crecer de manera exponencial su cercanía afectiva a los ciudadanos. La apertura de esta espita de la crítica libre en el estamento militar resulta altamente peligrosa y del todo nociva para los intereses y el sosiego de los españoles y para el Estado mismo, además de alimentar los excesos del nacionalismo soberanista. A ningún lugar sensato conduce el que se intensifique la catarata de manifestaciones de militares en activo. Ése no es, en ningún caso, el camino, como tampoco debería serlo que alguien, en el Gobierno o en la oposición, intente sacar rédito político de la actual situación. Y no ha de servir de excusa para saltarse el deber casi sagrado de la disciplina ninguna de las equivocaciones que pudieran cometerse desde el poder político. Asimismo, están de más las arengas innecesarias del ministro de Defensa, que ayer, por ejemplo, se podía haber ahorrado recomendaciones tan obvias como que la obligación de los militares no es defender la España de los Reyes Católicos Bien saben los militares cuál es su obligación y qué tiempos viven. Por eso, y porque su compromiso con la nación y con los españoles es insobornable, urge recobrar el sosiego y la normalidad que han marcado, de manera fructífera, la relación de las Fuerzas Armadas con el poder político.