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ABC LUNES 16 1 2006 11 Zapatero sostiene que con sus reformas se abre una etapa mejor para la cohesión de España Análisis de las posibilidades con las que cuenta la Justicia para suspender el acto convocado por la formación ilegalizada por la Sala del 61 del Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional también puede mover ficha Batasuna o el Supremo TEXTO: J. Z. MADRID. El informe solicitado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande- Marlaska a la Policía y a la Guardia Civil es concluyente: Batasuna organiza y convoca la Asamblea prevista para el día 21 en Baracaldo. Tal convocatoria constituye una vulneración de la sentencia dictada el 27 de marzo de 2003 por la Sala Especial del Tribunal Supremo, en la que, como consecuencia legal de la disolución del entramado batasuno, se ordena el cese de toda actividad de las formaciones proetarras disueltas (Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna) Suspensión de actividades. La posible prohibición de la Asamblea de Batasuna se plantea, en primer término, como una decisión de la Sala Especial del Tribunal Supremo en ejecución de sentencia, aunque el artículo 12.1 a) de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP) prevé que la vulneración del cese de actividades del partido disuelto dará lugar a responsabilidad, conforme a lo establecido en el Código Penal Este inciso abre la posibilidad de encauzar la convocatoria de la Asamblea de Batasuna como un acto de reiteración delictiva cometido por dirigentes batasunos que ya están procesados por pertenencia a ETA a través de su estructura política (Ekin, Kas, Batasuna) como Arnaldo Otegi. Por tanto, la Audiencia Nacional también encuentra en este precepto de la LOPP un fundamento para actuar contra la Asamblea del próximo día 21 a través de la continuidad delictiva de los convocantes del acto, siendo irrelevante a estos efectos que no esté vigente el auto de suspensión de actividades de Batasuna dictado en agosto de 2002 porque, una vez disuelta jurídicamente, y con carácter firme, esta organización, carecía de objeto la suspensión cautelar de sus actividades. Ejecución de la sentencia. Retomando la cuestión de cómo tratar la prohibición del acto de Batasuna del día 21 en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo se plantea el problema de si éste órgano puede actuar de oficio o, por el contrario, debe esperar a que insten lo pertinente el Ministerio Fiscal y o el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado. La LOPP prevé de forma taxativa que sólo ambas instituciones pueden instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución El dato de que ningún particular- -persona física o jurídica- -pueda demandar la disolución de un partido demuestra que este proceso ventila una acción estrictamente pública. Sucede, sin embargo, que la ley no regula con la misma precisión la participación del Fiscal y de la Abogacía del Estado en la fase de ejecución de sentencia. Es más, el artículo 11.7 de la LOPP recoge un primer mandato para que la Sala del Tribunal Supremo actúe de oficio, al disponer que si se decreta la disolución, la Sala ordenará la cancelación de la correspondiente inscripción registral y el fallo producirá los efectos que se determinen en el artículo siguiente de esta Ley Orgánica Cabría decir que la modificación de un registro público acordada de oficio en ejecución de una sentencia constitutiva no es un argumento decisivo para aceptar que toda la ejecución prevista en LOPP se desarrolla de oficio. Participación de la Fiscalía y Abogacía del Estado. Sin embargo, hay que reparar en el dato de que los efectos de la disolución de un partido están previstos por la Ley, y se producen sin necesidad de que sean solicitados expresamente por los promotores del proceso. En efecto, el artículo 12 de la LOPP, en su apartado 1 dice que la disolución de un partido producirá los El Supremo puede decidir de oficio que ese congreso contraviene el cese de actividades que se decretó en 2003 La Audiencia Nacional puede actuar por la vía de la reiteración delictiva de procesados por pertenencia a ETA efectos previstos en las leyes y, en particular, los siguientes Este precepto es relevante para lo que hoy se discute en el Supremo porque demuestra que el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto (uno de los efectos particulares de la disolución, artículo 12.1 a) se produce ex lege, quedando al margen, por tanto, de la iniciativa procesal que se reconocía al Fiscal y al Gobierno para instar el proceso. Una vez disuelto el partido- -que esto sí que hay que pedirlo al Supremo- las consecuencias de la disolución están establecidas por la propia LOPP, haga lo que haga y diga lo que diga el Fiscal o el Abogado del Estado. Muerte civil de la coalición. Llegamos así al núcleo de la controversia. ¿Podría hoy la Sala Especial del Tribunal Supremo decidir, por sí misma, la prohibición de la Asamblea del día 21 porque vulnera la orden de cese de actividad? Tres apuntes previos: 1 el interés jurídico de este proceso es público; 2 la demanda inicial a instancia de Fiscal o Gobierno y la posterior contradicción entre partes, protege la imparcialidad del Tribunal para que dicte sentencia, pero los posteriores efectos ejecutivos de la disolución no hay que discutirlos, porque están determinados e impuestos por la LOPP; y 3 Batasuna es un muerto civil al que el Tribunal Constitucional ha inadmitido un recurso de amparo y si Batasuna no existe procesalmente para el TC, tampoco para el Supremo. Efectos legales de la disolución. Hechas esas advertencias previas, la propia LOPP ofrece una pauta de actuación. El artículo 12.2 que no es únicamente una norma competencial, dice que corresponde a la Sala sentenciadora asegurar en trámite de ejecución de sentencia que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político Repárese en que el mandato recae en la Sala sentenciadora y predispone el contenido de su actuación, esto es, que asegure en trámite de ejecución los efectos legales de la disolución. No se dice, como sí se prevé para el inicio del proceso, que tengan que ser el Fiscal y el Abogado del Estado los que insten la ejecución y la única previsión en este sentido está referida en el apartado 3 del mismo artículo cuando se trata de valorar el fraude de ley que se comete cuando los partidos disueltos son continuados o sucedidos por otros partidos. Lo que hoy se discute en el Supremo es otra cosa: es el cese de actividades. Conclusión. Cabe afirmar, por tanto, que el Supremo tiene argumentos legales de autoridad para decidir de oficio- -se lo pidan o no- -que el acto del día 21 contraviene el cese de actividades que decretó en su sentencia de 2003 y, por tanto, para ordenar las medidas necesarias que aseguren ese efecto legal de la disolución, tal y como prevé el artículo 12.3 de la LOPP y se corresponde con el interés público del proceso.