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ABC DOMINGO 15 1 2006 Nacional 21 EL DESAFÍO DEL ESTATUTO CATALÁN POLÉMICA LINGÜÍSTICA Los Tribunales evitan cuestionar la ley del catalán pese a la presión social en su contra Avalan sus postulados de discriminación positiva, pero vetan el régimen sancionador b El concepto de lengua propia que no reconoce la Constitución, favorece los litigios judiciales que podrían dispararse con la entrada en vigor del nuevo Estatuto MARÍA JESÚS CAÑIZARES BARCELONA. Ningún Tribunal se ha atrevido a cuestionar la constitucionalidad de una política lingüística avalada por el Parlamento catalán. Las sentencias judiciales dictadas desde 1983, fecha en la que se aprobó la primera Ley de Normalización Lingüística- -la segunda data de 1998- se han limitado a declarar la ilegalidad de los reglamentos que desarrollan esta legislación en distintos ámbitos sociales. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Cataluña (UAB) Francesc de Carreras, y el letrado de la Administración de la Seguridad Social José Domingo han elaborado un estudio sobre el control judicial de la aplicación de la ley catalana de política lingüística. La mayoría de sentencias responden a recursos presentados de forma colectiva por sectores afectados por una normativa que, a mi entender, vulnera la Constitución. Son pocos los recursos de ciudadanos particulares porque el coste social de ejercer este tipo de acciones, sobre todo si se publicitan, es muy alto asegura José Domingo, quien considera que existe una presión social larvada para no presentar estos recursos contra la normativa, por posibles complicaciones lengua castellana en las pruebas de acceso a la Universidad dio lugar a una sentencia judicial en noviembre de 2000 que anulaba dicho castigo. Administración de Justicia Mérito o requisito La ley establece que el personal al servicio de las administraciones, corporaciones e instituciones públicas de Cataluña deben tener un nivel de conocimiento adecuado de las dos lenguas oficiales. La litigiosidad se ha centrado principalmente en la provisión interina de plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia. En mayo de 2002, el TSJC declaró ajustado a derecho que el conocimiento del catalán sea un mérito para los funcionarios de carrera y un requisito para los interinos, ya que los primeros pertenecen a un cuerpo nacional con regulación específica y movilidad territorial. Pero en mayo de 2002, los jueces anularon la orden del Departamento de Justicia en la que se exigía el certificado oficial de nivel C y B de catalán a los auxiliares y agentes interinos. Respecto al carácter eliminatorio de la prueba de catalán, en diciembre de 2002, el TSJC entendió desproporcionada la inclusión de una prueba eliminatoria de lectura en catalán para acceder a la plaza de albañil en el Ayuntamiento de Olot (Gerona) De dudosa legalidad, según los autores del informe, son las mejoras retributivas que concede el Departamento de Justicia a los juzgados que adopten el catalán como lengua de trabajo. Los establecimientos minoristas son los que registran más conflictos INES BAUCELLS Febril actividad sancionadora Se cuadruplica el número de multas. En 2004, la Agencia Catalana de Consumo realizó 1.401 inspecciones en comercios, cifra que cuadruplica las 348 efectuadas en 2003. La cifra de multas pasó de tres a 28 por un importe de 52.800 euros. Denuncias de particulares. Las denuncias de ciudadanos que sintieron vulnerados sus derechos lingüísticos pasaron de las seis presentadas en 2002 a las 367 registradas en 2004. Tipo de incumplimiento. El 51 de las sanciones corresponde a incumplimientos de la normativa de señalización y rotulación; el 44 a la falta de folletos informativos en catalán, y el 5 a clientes que no fueron atendidos en catalán (en este caso, no se tramita como sanción, sino como queja) Los comercios más sancionados. Los comercios minoristas concentran el mayor número de denuncias (27 seguidos de Correos (23 hostelería y turismo (15 y supermercados y grandes superficies (9 Total de expedientes. Desde la aplicación de la Ley de 1998 hasta marzo de 2005, se habían abierto 60 expedientes, lo que se tradujo en multas por un importe total de 81.250 euros en sanciones impuestas a comercios, restaurantes, estafetas de correos y administraciones de lotería. neralitat a preguntar la lengua habitual de la familia o tutores de los menores en la preinscripción escolar y tenerla en cuenta en la enseñanza de Infantil y Primaria. Lengua propia y lengua oficial El principal motivo de controversia judicial radica en el concepto de lengua propia que no figura en la Constitución pero sí en el Estatuto de Autonomía, y al que más allá de su significado histórico- geográfico, la ley de normalización lingüística otorga la condición de lengua de sus instituciones y, según los dos autores del informe, pretende convertirla también en lengua de sus habitantes De aprobarse el nuevo Estatuto, la cosa se complica más, ya que en el proyecto sometido a negociación el conocimiento del catalán figura como no sólo como un derecho, sino como un deber, con las consecuencias jurídicas que ello puede comportar. En su opinión, aunque el legislador ha construido todo el artificio jurídico de su política lingüística sobre el concepto de lengua propia, los Tribunales han practicado con demasiada frecuencia el escapismo jurídico y han tendido a refugiarse en el buen puerto de la lengua oficial Muchas de las sentencias sobre conflictos lingüísticos, asegura José Domingo, no llegan a ejecutarse, como es el caso del fallo dictado en octubre de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obligaba a la Ge- Universidad El ámbito con más litigios La primera sentencia que abordó la inconstitucionalidad de la ley del catalán se remonta a enero de 2001, en relación al reglamento de uso de la lengua catalana en la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Esta sentencia, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que marcará la pauta del resto de fallos judiciales, declara la constitucionalidad de la ley, cuando establece que el catalán como lengua propia de Cataluña, lo es también de la enseñanza, en todos los niveles y modalidades educativos Sin embargo, los jueces anularon varios preceptos referentes a la obligación de conocer el catalán de los profesores contratados y de rotular exclusivamente en ese idioma. Otra sentencia, dictada en diciembre de 2002 respecto a la norma de usos lingüísticos de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, también recurre al concepto de lengua oficial para descartar la inconstitucionalidad, pero también anula algunos mandatos que suponían la exclusión del castellano- -rotulación, documentos universitarios... La sanción a una profesora de la URV que repartió impresos en Medios de comunicación Cuotas y sanciones En octubre de 2002, el Tribunal Supremo avaló las emisiones únicamente en lengua catalana en las televisiones públicas TV 3 y Canal 33. El TSJC rechazó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la fijación de cuotas lingüísticas en emisoras comerciales, pero anuló el régimen de infracciones y el procedimiento sancionador por incumplimiento de esas cuotas. También se anuló el régimen sancionador que se pretendía aplicar por incumplimiento de las cuotas lingüísticas en las producciones cinematográficas. Documentos públicos Discriminación positiva Respecto al derecho de elección lingüística en los documentos públicos, el TSJC declaró en junio de 2003 ajustado a derecho el precepto de la ley de normalización en la que se establece la preferencia del catalán en defecto de elección por entender que se trata de una discriminación positiva