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52 Cultura UN ARCHIVO AL SERVICIO DEL NACIONALISMO VIERNES 13 1 2006 ABC (Viene de la página anterior) templado a la Generalitat) o privadas; también habría que haber diferenciado los derechos de las víctimas cuyos documentos no se han conservado, aunque esté documentada su incautación, de los de aquellas otras cuyos documentos sí se han conservado. La ley debería haber arbitrado los medios para conocer a todas las víctimas de las incautaciones (se puede intuir que se hará sólo con las catalanas) obligando a los responsables actuales de esta documentación a la elaboración de una lista o base de datos de las mismas, cosa absolutamente sencilla de realizar a partir de los libros de registro y actas de incautación levantadas por los servicios de Recuperación de Documentos y conservadas, también, en el Archivo General de la Guerra Civil. Ése debería constituir el punto de partida: sólo podrían exigir, tanto el reconocimiento de la condición de víctimas de las incautaciones como el reconocimiento de la titularidad sobre documentos, las personas físicas o jurídicas incluidas en la mencionada relación. Reclamaciones sin instancia En la ley no se han creado los órganos administrativos que deberán resolver las reclamaciones de reconocimiento de la titularidad ni de restitución, abriendo así los cauces para recurrir en vía judicial los fallos de esos órganos administrativos, elemento que sí vemos tanto en la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado (Ley de Devolución del Patrimonio Sindical) y su Reglamento como en la Ley de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados y, generalmente, en cualquier legislación dedicada a la reparación de daños causados a las víctimas de abusos contra los derechos humanos. No es una ley de restitución de documentos incautados, o sólo parcialmente se la puede considerar una ley de restitución. Es, sobre todo, una ley de redistribución de fondos documentales de titularidad estatal, si bien de alcance únicamente bilateral entre el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña. Porque lo único que esta ley regula de forma nítida es la entrega a la Generalitat de Catalunya no sólo de los documentos incautados a ella y al Parlament de Catalunya sino también de todos los documentos de carácter privado incautados a entidades catalanas o a delegaciones provinciales o locales de entidades de ámbito nacional, radicadas en Cataluña. No parece, por cierto, defendible que si sólo se plantea la devolución de documentos a personas físicas o jurídicas se contemple, en cambio, la devolución de documentos incautados a una institución republicana desaparecida y luego reconstituida como la Generalitat, sobre todo si no se hace lo mismo con los documentos del otro Gobierno Autónomo legalmente existente en la Guerra Civil, el Gobierno Vasco, para el que no hay ni tan siquiera una solución diferida (como la prevista para los documentos privados de otras comunidades autónomas) De forma inmediata se plantea la entrega a la Generalitat (es de suponer que para su conservación en el Arxiu Nacional de Catalunya) de las famosas 507 cajas con los originales de los documentos microfilmados de acuerdo con el Convenio de 1982 entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat de Catalunya para la reproducción de fondos de la Generalitat conservados en la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, la procedencia de muchos de los cuales, por otra parte y como ya se ha dicho repetidas veces, es de dudosa adscripción a los archivos incautados a la institución catalana (caso, por ejemplo, de los del Comité Central de Milicias Antifascistas) En una segunda etapa, previa identificación de los restantes documentos incautados en Cataluña, se procedería a transferir a la Generalitat los documentos confiscados a personas jurídicas y físicas catalanas o delegaciones radicadas en Cataluña de otras entidades, hayan o no reclamado la documentación, erigiéndose en representante de las mismas la Generalitat de Catalunya, a la que se entregarían estos fondos, tengan o no propietarios originarios o herederos de los mismos. La Generalitat establecería entonces el procedimiento para que los legítimos propietarios de los documentos o sus herederos, si unos u otros existieran, reclamasen la restitución de sus documentos al Gobierno catalán. El Estado, de este modo, haría dejación de sus responsabilidades históricas al subrogarse la Generalitat en todos los derechos y obligaciones de aquél, derivados de la titularidad de estos documentos (art. 3.1) Si concluimos que la ley no es una criminatoria que no puede dejar de interpretarse como una ley que privilegia a una comunidad sobre las demás, al dar a las víctimas catalanas un fuero diferente a las del resto del Estado. El argumento esgrimido por la Comisión de Expertos en su informe final hacía hincapié en que se debía dar satisfacción a la legítima reclamación de restitución que formularan quienes habían sido despojados de sus documentos por la fuerza sin que se entendiera esta actuación más que como una justa reparación de aquel daño, no se ha tenido en cuenta. Derechos vulnerados, sin reparación La ley se ha redactado justo en el sentido contrario; no ha primado la atención a la reparación de los derechos humanos vulnerados sino que ha primado el reparto de competencias. Y si es absolutamente respetable y justo legislar sobre la restitución de bienes incautados por motivos políticos y con las armas en la mano, lo que no es aceptable es hacer política de distribución de competencias archivísticas entre el Estado y Cataluña, utilizando como justificación (alguien podría incluso considerar que ha sido un señuelo) los derechos de las víctimas del franquismo para acabar construyendo un archivo de la guerra civil en Cataluña al servicio del ideario del nacionalismo catalán. Es evidente que la mayor parte de los fondos que serán transferidos al Arxiu Nacional de Catalunya desde Salamanca no saldrán nunca de ese centro; y no sólo porque muchas víctimas no reclamarán (se fija un plazo de un año para hacerlo) sino porque la mayor parte de los archivos privados incautados corresponden a entidades masónicas, políticas o sindicales sin heredero, al menos en el ámbito local y no serán nunca reclamadas. A pesar del título y de la exposición de motivos de la ley, posiblemente a quienes han elaborado el recurso de inconstitucionalidad presentado contra ella no les habrá pasado desapercibido este hecho de la apropiación parcial por la Generalitat de Catalunya de la competencia exclusiva del Estado sobre los archivos de titularidad estatal; porque el artículo 149 de nuestra Carta Magna es muy claro al respecto y sólo cita la posibilidad de la transferencia de la gestión de estos archivos (se supone que a la comunidad en que están radicados) Carmen Calvo, ministra de Cultura Podría pensarse que se han usado como señuelo los derechos de las vícimas del franquismo para construir un archivo de la guerra al servicio del nacionalismo catalán El artículo 149 de la Constitución es muy claro y dice que sólo se puede transferir la gestión de archivos (se supone que a la comunidad en la que están radicados) Ley de restitución sino de reparto competencial es cuando de verdad podemos temernos que estamos asistiendo a la apertura de la Caja de Pandora y que vamos a entrar en un proceso de reclamaciones y agravios y, ojalá no suceda, de indeseados enfrentamientos entre unas comunidades autónomas y otras; porque la ley plantea ese reparto de forma tan abiertamente dis-