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ABC VIERNES 13 1 2006 51 Cultura y espectáculos El ex director del Archivo de Salamanca y miembro de la Comisión de Expertos que asesoró al Gobierno del PSOE sobre la reclamación de la Generalitat de Cataluña rechaza en este análisis la Ley recién aprobada, porque supone una gran oportunidad perdida Un archivo de la Guerra Civil creado en Cataluña al servicio del nacionalismo POR ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA ARCHIVERO El momento histórico, con dos administraciones presididas por políticos del mismo color político (ya ha quedado muy claro que no del mismo partido) hacía presagiar una solución satisfactoria a la asignatura pendiente de la Transición- -la devolución de los documentos incautados en la Guerra Civil- basada en la ecuanimidad y tomada sin presiones ni chantajes, tratando de dar satisfacción a las víctimas de la represión política que vieron cómo sus documentos les eran arrebatados por la fuerza, pero atendiendo a todos los intereses en conflicto, principalmente a la preservación del conjunto patrimonial que hoy día constituye el Archivo General de la Guerra Civil. Sin embargo, al contrario, la presión sobre el Gobierno ha sido tan alta, si no mayor, como la realizada con anterioridad por los gobiernos de Convergencia a los gabinetes presididos por Felipe González y José María Aznar a la hora de exigir la mencionada restitución. La ley 21 2005, de 17 de noviembre, de Restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, no da solución a los principales retos implícitos en la superación de esa asignatura pendiente. En primer lugar, no resuelve el problema de la restitución o compensación a las víctimas de las incautaciones, a las que, además, discrimina de forma injustificable, haciendo que el número de beneficiarios sea, previsiblemente, muy reducido. En segundo lugar, apartándose de las recomendaciones internacionales sobre los archivos de los servicios de información de los regímenes represivos (UNESCO) la aplicación de esta ley dificultará la gestión de las certificaciones sobre daños sufridos por las víctimas de la represión, al dejar sin valor los ficheros policiales de control, auténtica llave para la localización de los documentos a partir de los datos onomásticos. Borja de Riquer, Joan Rigol, Federico Mayor Zaragoza, Antonio González Quintana y José Álvarez Junco, principales miembros de la Comisión de Expertos, cuyo criterio fue traicionado por el Ministerio de Cultura, según el artículo de González Quintana ABC La ley ni siquiera satisface a los reclamantes catalanes más radicales, encabezados por la Comisió de la Dignitat La norma deja insatisfechas y agraviadas al resto de las comunidades autónomas con respecto a Cataluña No es una ley de restitución sino tan sólo de reparto competencial por la que el Estado hace dejación de sus responsabilidades Consecuencias políticas En tercer lugar, al descontextualizar los documentos de la función represiva a la que sirvieron, no sólo se perjudica a la preservación de nuestro patrimonio cultural común, sino que se proyecta sobre él una gran sombra de incertidumbre derivada de la inevitable proliferación de nuevas reclamaciones en función de la procedencia de los fondos; este riesgo es particularmente alto para el resto de los archivos de titularidad estatal a los que aboca a una situación de inestabilidad con este precedente de distribución de fondos documentales de acuerdo con su origen geográfico, insoslayable en el futuro. Esta ley tiene asimismo otras consecuencias políticas que no pueden dejar de ser tenidas en cuenta: 1) no satisface a los reclamantes catalanes más radicales, encabezados por la Comisió de la Dignitat, que piden una segunda vuelta de tuerca por cuanto esta norma jurídica no contempla la restitución de los documentos incautados a los ayuntamientos, y ello a pesar de que los posicionamientos de esa Comisió han sido mayoritariamente recogidos en la ley, si exceptuamos este punto concreto; 2) deja insatisfechas y agraviadas al resto de las comunidades autónomas con respecto a Cataluña; 3) cuenta con el rechazo de algunas de las más importantes asociaciones profesionales de archiveros; 4) ha ofrecido argumentos a los radicales de la derecha política que han visto en ella un elemento de confirmación de su temor a la división de España; y 5) ha soliviantado no sólo a las autoridades sal- mantinas y castellano leonesas, sino también, aunque puede que en este caso la procesión vaya por dentro, a muchos socialistas de estos lares, que ven convertida esa zona geográfica en un erial electoral para las expectativas de la izquierda, con la posibilidad de encontrarse condenados al ostracismo político, como poco, durante los próximos diez años, y encima por culpa de un desgaste no provocado por ellos. No es una ley de compensación por cuanto, para serlo, debería haber partido de la delimitación del concepto de víctima de las incautaciones de documentos, independientemente de que éstos se hayan conservado o no y, en el caso de haberlo hecho, independientemente de si se custodian en el hoy Archivo General de la Guerra Civil o en otros archivos. Igualmente se tendría que haber matizado qué derechos tienen las víctimas según se trate de personas físicas o de personas jurídicas y, en el caso de estas últimas, si se trata de personas públicas (sólo se ha con (Pasa a página siguiente)