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4 Opinión JUEVES 12 1 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL ESTATUTO Y EL SOCIALISMO DÓCIL C LA IMAGEN DE ESPAÑA A polémica provocada por las declaraciones y el posterior arresto domiciliario del teniente general Mena ha sido ampliamente recogida por los medios de comunicación internacionales, cuyo interés sobre este episodio no se ha limitado al aspecto militar y sancionador, sino que se ha extendido a la situación política general. Algunas de las informaciones han volcado también ciertos estereotipos sobre España, absolutamente obsoletos, que no reflejan el grado de madurez de la democracia española ni la sintonía del Ejército con el orden constitucional. Incluso se ha llegado a hablar del fantasma de Franco tras las declaraciones del teniente general Mena, auténtico contrasentido al ver como prolongación de una dictadura lo que fue una apelación, inoportuna e impertinente, al papel del Ejército en la Constitución democrática de 1978. El último ejemplo de la errática visión que algunos tienen de España y del papel que representa en el panorama internacional lo ha ofrecido Paul Bremer, quien, en su afán por vender el libro que ha escrito sobre su labor como responsable de la ocupación de Irak, vierte graves acusaciones sobre el papel desempeñado por las tropas españolas en Nayaf. Pero más allá de la absurda referencia de Bremer, lo cierto es que la imagen que actualmente proyecta España al exterior no contribuye a acabar con los estereotipos y los tópicos. A nadie se le oculta que los últimos acontecimientos nacionales dibujan para España el panorama de un país frágil y vulnerable por culpa de las demandas independentistas del nacionalismo vasco y catalán, que estarían en el origen del malestar existente en el estamento militar, proporcional a la implicación activa del Gobierno en la satisfacción de ciertas pretensiones soberanistas. No es extraño, por tanto, que la prensa europea dedique un amplio espacio informativo y de opinión a las tensiones territoriales que está avivando el proceso de reformas estatutarias impulsado por el Gobierno socialista. La solidez constitucional y la unidad interna de los estados son dos fundamentos de la estabilidad política del Viejo Continente, especialmente sensible a las consecuencias trágicas que los nacionalismos han causado en su historia más reciente. L La balcanización de España no es una frase tremendista fruto de la exageración, sino el temor que subyace en muchos de los comentarios que se han vertido estos días en las opiniones publicadas en la Prensa extranjera, a las que no les resulta de recibo que en el estado más antiguo de Europa se planteen ahora demandas segregacionistas en materia tributaria, lingüística, judicial o política, que constituyen más un retroceso a tiempos previos a los procesos constitucionalizadores del siglo XIX que un avance hacia un modelo de gestión estatal eficaz. Es la visión histórica lo que hace que el sentido político de estas aspiraciones no sólo se confronte con la Constitución española, sino también con los principios fundadores de la Unión Europea. Por eso, menos aún podrán explicarse los observadores extranjeros que, planteados esos desafíos, sean las instituciones centrales del propio Estado las que estén acogiendo y propiciando tal proceso político rupturista. Por tanto, a los manidos y absurdos prejuicios históricos que aún perviven fuera de nuestras fronteras se une la realidad verificable de que España está sumida en un problema político que no existe en Europa o que, si existe, está tratado por el Gobierno y el Parlamento nacionales con un rigor constitucional que aquí está inédito. Esta es la causa por la que España transmite precariedad e incertidumbre a las opiniones públicas internacionales, lo que, lamentablemente, es coherente con el movimiento de revisión constitucional que está en marcha y que ha dado una resonancia suplementaria a las declaraciones del teniente general Mena. No está el Gobierno en condiciones de consentir que la imagen exterior de España empeore más de lo que ya está por su errático deambular por los foros internacionales. Para que a un país se le tenga en consideración en la comunidad internacional debe empezar por contar con un Gobierno que no utilice las relaciones diplomáticas para dar satisfacción a meros instintos ideológicos. El vacío de la agenda diplomática del presidente del Gobierno es un dato que se suma al precario estado de la imagen de España en el exterior y que contribuye a alimentar la rudimentaria y alicorta visión que reflejan algunos comentarios. ENA en La Moncloa. José Luis Rodríguez Zapatero y los barones socialistas, con el estatuto al fondo, se reúnen para hacer repaso de la situación. El presidente del Gobierno insiste en que todo está bajo control y pide tranquilidad y confianza. Termina la cena y los barones, excepción hecha de Rodríguez Ibarra, flexibilizan a coro sus rígidas posturas de antaño y se muestran favorables, con matices, a que el término nación aparezca en el preámbulo. Sutil cambio de postura que refleja que, a la hora de la verdad, las posiciones supuestamente firmes de algunos líderes autonómicos sucumben a toque de silbato para plegarse a las exigencias del jefe, sujeto a su vez a las exigencias de los partidos catalanes en una negociación donde la transparencia brilla por su ausencia. Cuando las posturas se flexibilizan al extremo de chocar con las propias convicciones, la calidad de la clase política se rebaja, al tiempo que se abre la brecha con una sociedad que no entiende cómo se puede defender, al mismo tiempo, una cosa y la contraria. A veces, cabe una salida que suele ser infrecuente y dignifica al político: decir por ahí no paso y no pasar, aunque ello signifique tener que renunciar a muchas cosas. EL FISCAL GENERAL, EN EVIDENCIA E IRÁN AVANZA EN LA PEOR DIRECCIÓN A decisión unilateral de la República Islámica de Irán de retirar los precintos de varias instalaciones de la industria nuclear constituye una medida extremadamente grave y confirma las peores sospechas de que, bajo una superficial apariencia de voluntad negociadora, Teherán esconde su firme determinación de ganar tiempo para alcanzar su objetivo de dotarse de armamento atómico. La comunidad internacional lleva dos años contemporizando con un régimen que desprecia abiertamente todas las ofertas y cuyo presidente, Mahmud Ahmadineyad, declara abiertamente y sin el menor sonrojo que le gustaría hacer desaparecer a un Estado soberano (Israel) del mapa. Las autoridades de Teherán saben pertinentemente que tienen derecho a desarrollar su industria atómica con fines civiles, campo en el que cuentan con todo el apoyo internacional, pero que sus intenciones de dotarse de armamento de destrucción masiva no son aceptables L en un mundo que ya es demasiado peligroso. A estas alturas, parece evidente que el asunto va a llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que los países que han estado al frente de los intentos de conciliación, la Unión Europea a través de la troika de Gran Bretaña, Francia y Alemania, además de Estados Unidos, Rusia y China, deberían desplegar cuanto antes todos sus esfuerzos para preparar la batalla diplomática. Nada sería peor que afrontar un tema tan grave en una ONU dividida y debilitada, como sucedió ante Sadam Husein, con consecuencias bien conocidas. Para España, este sería el momento de probar al mundo si la llamada Alianza de Civilizaciones que el Gobierno se jacta de haber creado sirve de verdad para algo o no. Es muy fácil sentarse con el régimen teocrático para hablar del tiempo, pero cuando se trata de afrontar un problema gravísimo y del que pende la seguridad del planeta los países civilizados deben mostrar sus cualidades. L auto del juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska por el que solicita información sobre Batasuna ante la pretensión del brazo político de ETA de celebrar un congreso en Baracaldo dentro de quince días supone una excelente noticia que debe reconfortar a la opinión pública con el que ha de ser el cabal funcionamiento de la administración de Justicia. Pero significa algo más, porque la solicitud del magistrado, así como las declaraciones del fiscal jefe de ese órgano judicial, Eduardo Fungairiño, Una asamblea por un organismo que está extinguido teóricamente no debe celebrarse ponen en un brete al fiscal general del Estado. Pese a que desde hace semanas Batasuna hace gestiones con el Gobierno vasco para organizar un acto de autolegalización Cándido Conde Pumpido aún no ha dado instrucción alguna para evitar este brutal atropello al Estado de Derecho. El mismo Fungairiño afirmaba ayer que se encuentra a la espera de que el fiscal general se decida a abrir la boca. De no hacerlo, Conde- Pumpido se colocaría a sí mismo en una situación imposible, según la cual la Fiscalía General del Estado estaría avalando la relegalización de una formación- -Batasuna- -que los tribunales y otras instituciones nacionales e internacionales consideran como parte esencial de una banda terrorista.