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50 Sociedad MIÉRCOLES 11 1 2006 ABC Seúl confirma que los experimentos de Hwang sobre clonación son falsos ABC MADRID. La manipulación realizada por el equipo de Hwang Woosuk es un fraude hacia la comunidad científica y el pueblo surcoreano Así de claro lo dejaba ayer Chung Myung- hee, jefe de la Comisión de Investigación encargada de comprobar si el pionero de la clonación humana inventó sus experimentos. El dictamen no ha dejado lugar a dudas y confirma todas las sospechas: el equipo de Hwang utilizó datos falsos para publicar sus estudios en la revista norteamericana Science en unos artículos que revolucionaron el mundo científico. Y no era para menos: se anunciaba que habían extraído las primeras células madre de embriones clonados de pacientes con enfermedades, lo que abría una luz a la posibilidad de tratar dolencias incurables a través del trasplante de células madre. Hemos llegado a la conclusión de que los análisis de ADN y las fotografías utilizadas contenían datos manipulados insistió el Jefe de la Comisión investigadora, quien defendió la necesidad de penalizar a las personas implicadas en el caso, informa Efe. No obstante, Chung indicó que, aunque no han podido determinar si Hwang dio órdenes directas para la falsificación de los datos, sí han comprobado que los investigadores no hicieron esfuerzo alguno para especificar si las células madre eran genuinas o producidas a partir de una mutación por partenogénesis. Ahora bien, de todas las hazañas difundidas por el científico, tan sólo Snuppy un cachorro de galgo afgano, se salva de ser un fraude. La Comisión ha dictaminado que sí se trata del primer perro clonado. El informe emitido ayer derrumba de un plumazo la ya de por sí debilitada credibilidad de un científico que ha pasado de la cumbre de la ciencia mundial al fango del descrédito. El Gobierno y las comunidades invertirán 375 euros al mes por persona dependiente Las ayudas para hacer accesibles las viviendas serán a fondo perdido b La memoria económica de la ley Creación de empleo La memoria económica de la ley de dependencia establece un apartado sobre el impacto económico que tendrá la red: Aparecerán 266.000 empleos nuevos para atender a las personas dependientes. Según el Libro Blanco de la Dependencia, en la actualidad trabajan formalmente en este tipo de atención pública 90.000 personas. Habrá que triplicar la provisión de plazas residenciales existentes en la actualidad, lo que exigirá una inversión de 10,2 millones de euros. Los presupuestos que las comunidades y la Seguridad Social destinaron a la atención a la depedencia en 2004 ascendían a unos 2.800 millones de euros. Más del 32 por ciento de la población mayor de 65 años tiene alguna discapacidad. El porcentaje baja al 5 entre los menores de esa edad. de autonomía personal establece que el Estado y las autonomías cofinanciarán al 50 por ciento 4.425 millones para dependencia M. J. PÉREZ- BARCO M. VÁZQUEZ MADRID. Cuando en 2015 el Sistema Nacional de Dependencia, que asistirá a las personas que no pueden valerse por sí mismas, funcione a pleno rendimiento, las Administraciones públicas invertirán 375 euros mensuales por cada beneficiario que quede integrado en él. Esa es la estimación realizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el documento que el pasado lunes entregó el ministro Jesús Caldera al Consejo Económico y Social para su consulta. En la memoria de 62 páginas, donde se explica la ley de dependencia, se realiza también un análisis más detallado del impacto económico que supondrá implantar la red. Las previsiones realizadas por Trabajo apuntan a que el coste total del sistema alcanzará los 9.355 millones de euros (el uno por ciento del PIB) los cuales se sufragarán de la siguiente forma: ya se cuenta con 1.776 millones que hoy día se dedican en España a dependencia; las administraciones públicas (Gobierno y comunidades autónomas) incorporarán otros 4.425 millones nuevos y los usuarios participarán con 3.152 millones más. Para Trabajo y Asuntos Sociales, la financiación de la atención en residencias plantea una problemática porque, por un lado, se reciben servicios específicos de dependencia, y por otro, de hostelería y manutención. Y la forma más sencilla y acorde para resolver esa cuestión es establecer un porcentaje de financiación pública; esta cuantía, junto con la cofinanciación privada del usuario, debe cubrir el coste total del servicio Distribución de la inversión El Gobierno también ha calculado de forma muy general adónde irán a parar cada año los nuevos 4.425 millones que aportarán las administraciones. De ellos 4.241 se destinarán a servicios y prestaciones. En esta partida se incluye un fondo específico- -cuya cuantía no se determina en el documento- -durante los primeros años para incrementar la insuficiente red de centros y servicios que existen hoy día y que son necesarios para atender a las personas dependientes. Ese fondo se dedicará a la creación de centros propios, a subvenciones a la inversión en centros de iniciativa social sin ánimo de lucro y a facilidades para incentivar la creación de servicios por parte de la iniciativa privada Otros 84 millones se invertirán en la gestión administrativa y en la valoración de la dependencia. Y cien millones se dedicarán a ayudas técnicas para los beneficiarios (apoyos tecnológicos para compensar la pérdida de habilidad o de capacidad) y a la adaptación de viviendas con el fin de hacerlas más accesibles. En este último caso, se tratará de aportaciones a fondo perdido y no recuperables Las nuevas aportaciones de las administraciones se financiarán al 50 por ciento entre el Gobierno y las comunidades, aportando los ayuntamientos los terrenos para la creación de la infraestructura de los centros. Un fondo se destinará a la creación de centros propios y a potenciar la iniciativa privada para nuevos servicios puesto de atención en residencia una cantidad para gastos personales A continuación explica que de esa forma las personas con ingresos más altos participarán en porcentajes superiores No obstante, el ministerio propone otras consideraciones a tener en cuenta para fijar los criterios de cofinanciación. Por ejemplo, estima que las personas que reciben la ayuda a domicilio (un servicio más barato) deben además hacer frente a los gastos de la vivienda y de manutención, mientras que las que viven en una residencia (un servicio aparentemente más caro) se ven liberadas de todos o algunos de esos gastos. Renta y patrimonio Por tanto, los propios beneficiarios asumirán el 33,6 por ciento del coste total de esa red de servicios y prestaciones. Pero cada uno pagará un porcentaje diferente. El documento detalla que las aportaciones se realizarán en función de la renta disponible y del patrimonio de cada uno, teniendo en cuenta para ello el tipo de servicio que se presta y el coste del mismo, garantizando en el su- El PP tiende la mano al PSOE en la atención a la dependencia, pero no admitirá desigualdades autonómicas LUZ DERQUI MADRID. Mano tendida, pero exigiendo que se concreten las medidas y que se garanticen los mismos servicios en el conjunto de España. Las declaraciones de la consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Alicia de Miguel, tras reunirse con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para analizar el anteproyecto de ley sobre dependencia era todo un aviso a navegantes, ya que se trataba de la primera autonomía gobernada por el PP que conocía el texto y su pos- tura ante este documento ha sido consensuada con Génova. La consejera señaló que en un primer estudio del texto se advierten preocupantes deficiencias que tienen poco o nada que ver con lo que el ministerio ha explicado públicamente. A pesar de todo, incidió en que queremos pactar con el Gobierno, porque la atención a las personas dependientes es una de las prioridades del PP Por ello dijo que hay tiempo para mejorar el texto. Entre las principales preocupaciones de los populares destaca que la ley no reconozca explícitamente el derecho subjetivo de la atención a la dependencia, y alertó del riesgo de discrecionalidad a la hora de aplicar la normativa, ya que el PP no comparte la propuesta de los socialistas de regular la atención a la dependencia mediante un convenio anual con cada comunidad, que puede llevar a que los ciudadanos de unas y otras tengan diferentes prestaciones. En cuanto a la financiación, Alicia de Miguel señaló que el cálculo realizado por el Gobierno es a todas luces insuficiente y el coste descansa sobre las comunidades y sobre el beneficiario a través del copago. Asimismo, advirtió de que medidas estrella como el programa de prestaciones económicas a las mujeres que cuidan en su casa a ancianos ya están en marcha en la Comunidad Valenciana desde 1996.