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12 Nacional MIÉRCOLES 11 1 2006 ABC El presidente del TS emplaza al Gobierno a que impida la asamblea de Batasuna Zapatero traspasa la decisión al Gobierno vasco, que tiene las competencias b Francisco Hernando, en alusión HIPOCRESÍA PROCESAL BENIGNO PENDÁS a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado: Estamos esperando si hacen la petición, y si la hacen, responderemos G. L. A. N. C. A. A. MADRID VITORIA. ¿Qué iniciativas se pueden tomar frente al congreso que la ilegalizada Batasuna tiene previsto celebrar en Baracaldo el próximo día 21 y a quién corresponde adoptarlas? La respuesta a ambas preguntas varía según quién la responda: el presidente del Gobierno señala que la competencia es del Ejecutivo vasco, y éste, por contra, que es del central. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo ha lanzado la pelota al tejado de Moncloa y ha emplazado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a actuar. José Luis Rodríguez Zapatero trasladó ayer al Ejecutivo vasco la responsabilidad sobre la autorización para celebrar el congreso ya que, según dijo, las competencias son en buena medida de la comunidad autónoma A la pregunta directa de si el Gobierno impedirá la celebración de ese congreso, dijo que lo que el Ejecutivo hará será cumplir la ley en lo que puede afectar al ámbito de sus competencias pero con la antedicha matización. Por otra parte, Zapatero aseguró que mis esperanzas siguen intactas en cuanto a la posibilidad de un próximo y definitivo fin del terrorismo de ETA. 2006 será un año, en ese proceso largo y difícil, mejor que 2005 pronosticó, sin querer añadir ninguna otra consideración. Los abogados del macroproceso, de izquierda a derecha Arantza Zulueta, Jone Gorizelaia e Iñigo Iruin, se reunieron con el decano de los abogados vizcaínos todas las actividades de Batasuna como consecuencia de su disolución judicial. Es en este contexto en el que se situarían las actuaciones del fiscal y del abogado del Estado a las que se refirió Hernando. En medios fiscales se señala que la llave para autorizar el acto- -y para determinar la legalidad del mismo- -la tiene el Gobierno vasco, por lo que si éste permite la celebración del congreso, la Fiscalía no podría actuar. La posición del Ejecutivo autonómico se aclaró ayer al confirmar éste que EFE Extinguida judicialmente El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, advirtió en los desayunos de Europa Press que Batasuna no puede convocar un congreso porque está extinguida judicialmente y, en consecuencia, no tiene ni personalidad jurídica ni legitimidad para hacerlo. Esta es la misma circunstancia que el mes pasado llevó al Tribunal Constitucional a inadmitir a trámite el recurso de amparo planteado por Batasuna contra la orden dictada por el Tribunal Supremo para disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak. El TC certificó entonces la muerte civil de Batasuna. Hernando, que presidió la Sala Especial del Supremo que en 2003 ilegalizó la formación proetarra, aseguró que el alto Tribunal puede adoptar medidas contra la celebración de la asamblea, pero sólo si las solicitan la Fiscalía o la Abogacía del Estado. Estamos esperando si hacen la petición, y si la hacen, responderemos dijo. Fuentes jurídicas indicaron que la celebración de la asamblea supondría un quebrantamiento de la sentencia de ilegalización, que ordenó el cese de El Gobierno vasco, que ve bien un encuentro para la paz cree, además, que el competente es el Ejecutivo central, al ser un recinto privado no impedirá la celebración de la asamblea. Impedir, negar, acallar y confrontar como exige el PP en solitario, no van a ser verbos que nos acerquen a la paz manifestó la portavoz del gobierno vasco, Miren Azkarate. Frente a la exigencia de los populares y a la opinión de Hernando, trasladó que se trata de un acto que el Gobierno vasco observa con normalidad y contra el que no tiene previsto actuar, ya que un congreso donde la gente reafirme la voluntad de diálogo es el camino a recorrer puntualizó. En cualquier caso, fuentes de Presidencia del Ejecutivo autonómico puntualizaron que al tratarse de un acto que se desarrollará en un recinto privado, y no en la vía pública, la iniciativa para prohibirlo o no es competencia del Gobierno central, y no del vasco. Este último intervendría a posteriori, a requerimiento de la justicia, cuando la decisión de impedir la asamblea ya se hubiera adoptado. Rajoy dice que permitir la cita es animar al incumplimiento de la ley El líder del PP, Mariano Rajoy, volvió a reclamar ayer al Gobierno que actúe para impedir el Congreso Nacional que Batasuna pretende celebrar el día 21 Baracaldo (Vizcaya) En declaraciones a Onda Cero, Rajoy comentó que si Batasuna celebra ese congreso con la autorización de las autoridades gubernativas a la ciudadanía se le transmitirá el mensaje de que el Estado de Derecho no existe, que la ley no sirve para nada, que las sentencias de los tribunales no hay por qué cumplirlas Según él, conllevará convertir España en una broma pesada, en todo lo contrario a un país europeo democrático y civilizado Rajoy reclamó tanto al Gobierno vasco como al Ejecutivo que impidan la cita. A juicio del líder popular, a estas alturas debería sobrar tener que decir que por encima de la ley, en democracia, no hay nada Ni el Rey, ni el Parlamento, ni el Gobierno, ni nadie insistió. ersiguen por todos los medios la ruptura material de la Constitución. Sin embargo, utilizan sin pudor la letra pequeña de los derechos y garantías que nuestro ordenamiento otorga a todos los ciudadanos. Fair trial lo llaman los ingleses. Derecho a un juicio justo. Es la clave de bóveda del Estado de Derecho. Lo reconoce con generoso criterio el artículo 24 de la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia ocupa varios volúmenes. Sin exageración alguna: hay más recursos de amparo relativos a las garantías jurisdiccionales que al resto de los derechos fundamentales juntos. Así que ya está casi todo dicho, en general con sentido común y buen criterio. De hecho, las reiteradas denuncias acerca del atasco permanente que sufre el TC se refieren al abuso por parte de muchos litigantes en la invocación de estas garantías. Con frecuencia, en efecto, se trata de apelaciones infundadas, a veces temerarias. Tal vez una mera rutina procesal. Tutela efectiva de jueces y tribunales sobre los derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión dice el artículo 24. Indefensión es un concepto técnicoprocesal, no una fórmula retórica para protestar por todo. Implica una privación ilegítima o una limitación sustancial de los medios de defensa que da lugar a un perjuicio grave para el justiciable. Debe referirse a la aportación y prueba de los hechos o la alegación ante el órgano jurisdiccional de los fundamentos jurídicos en que se sustenta la defensa. Ha de tener carácter definitivo y debe ser insubsanable. Conlleva para quien la invoca la carga de especificar qué cuestión de hecho o de derecho ha resultado imposible de llevar al proceso. La cita de las sentencias constitucionales que formulan, matizan, especifican y delimitan estos criterios podría llenar varias páginas del periódico. Todo esto lo conocen los letrados defensores de los 56 acusados en el macrojuicio Lo saben de sobra, salvo ignorancia inexcusable, los miembros de los órganos de gobierno de la abogacía vasca. En un proceso cualquiera, podría entenderse como una maniobra dilatoria o un artilugio de leguleyos. Viejos trucos del oficio, quizá los menos elegantes. En este caso, hay algo más: responde a una actitud intolerable de los abogados y a la hipocresía de quienes lo fomentan, toleran o amparan. El Estado de Derecho va a superar este nuevo desafío. Pero el ciudadano honrado no puede evitar que le dominen la indignación y el desprecio. P