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4 Opinión MIÉRCOLES 11 1 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil CANTERA DEL TERROR ISLAMISTA NA nueva operación de las Fuerzas de Seguridad (realizada en Madrid, Barcelona y Guipúzcoa al alimón por la Policía y la Guardia Civil) ha puesto entre rejas a una nueva célula- -la tercera que cae en apenas dos meses- -del terrorismo islámico, compuesta por una veintena de activistas y cuyo cometido fundamental era la captación, entrenamiento y envío de terroristas a Irak. Se trata del grupo que, por ejemplo, adiestró y puso en circulación al argelino que en noviembrede 2003 asesinó a 28 personas (entre soldados italianos e iraquíes) al inmolarse en una base militar de Nasiriya. La peligrosidad de los apresados parece, pues, innegable y pone de relieve el exhaustivo trabajo que policías y guardias civiles realizan para desmontar el entramado islamista que habita en nuestro país. Que España se desligase del conflicto iraquí con aquella salida precipitada no ha servido para que Al Qaida deje de utilizar nuestro país como una de sus principales bases de operaciones y- -quizás- -futuras acciones. No hay que olvidar que estos grupos radicales no se centraban sólo en el exterior, sino que algunos de los detenidos ha declarado, ya sin españoles en Irak, que preparaban algo muy gordo en Madrid Siguen, pues, entre nosotros y es imprescindible que prosiga el acoso policial y que se eviten errores (algunos tenían orden de expulsión que no fue ejecutada a tiempo) que dilaten esta indeseable y peligrosa estancia. U EL NUEVO DESAFÍO DE BATASUNA L 21 de enero puede convertirse en una fecha infamante para el Estado si finalmente Batasuna celebra la Asamblea convocada para ese día en Baracaldo (Vizcaya) acto anunciado, entre otros objetivos, como un desafío a la ilegalización decretada por el Tribunal Supremo. Será la culminación de un proceso paulatino de impunidad y rehabilitación política directamente consentido y tutelado por el Gobierno y la Fiscalía General del Estado, a la que el presidente del Supremo, Francisco Hernando, trasladó ayer la responsabilidad de promover la prohibición del acto batasuno. Gobierno y Fiscalía han mantenido una calculada pasividad frente a Batasuna que ha sometido al Estado de Derecho a una estrategia de fundamentos y objetivos que tienen mucho que ver con el sentido neoconstituyente del actual momento político, en el que las aspiraciones nacionalistas y su homologación por el socialismo español necesitan tácticamente un cese retribuido de la violencia terrorista. Sin embargo, el coste que se está pagando es el desmantelamiento del Estado de Derecho a cargo de las instituciones obligadas legal y constitucionalmente a protegerlo, porque tal es el destructivo resultado al que está conduciendo la negación de toda autoridad a los Tribunales de Justicia y a las leyes vigentes. De nada sirve que el Supremo- -cuyo presidente tuvo que recordar la evidencia de que Batasuna no puede convocar asambleas porque está extinguida judicialmente -coronara el esfuerzo de las instituciones democráticas del Estado en la lucha antiterrorista con la aplicación escrupulosa de la Ley de Partidos Políticos contra el entramado batasuno; de nada sirve que el TC califique a Batasuna como muerto civil y rechace el recurso de amparo interpuesto por esta organización judicialmente declarada terrorista; de nada sirve que, tras décadas de ceguera voluntaria, las certezas políticas sobre la inserción de Batasuna en ETA se convirtieran en convicciones judiciales; de nada sirven, en definitiva, estos avances históricos en la consecución de la verdadera paz, si el Gobierno carece de determinación para mantener la tensión que exige la lucha integral contra todas las facetas del terrorismo y decide, por contra, gestionar la recuperación política del entramado batasuno como una pieza añadida a la E arriesgada estrategia en la que está inmerso para cambiar, de acuerdo con los nacionalismos, el modelo de Estado. El cumplimiento de la ley en una democracia no es sólo un deber jurídico para determinadas instituciones- -cuyo incumplimiento deliberado constituye una prevaricación dolosa- sino también un mandato político y ético del que se debe responder ante los ciudadanos. La democracia no es viable fuera de las leyes, porque sin normas no es posible la convivencia ni, en lo que ahora importa, la sanción a los agresores y la protección de los agredidos. Cuando se pierde la capacidad para distinguir a unos de otros y cuando la democracia contemporiza con sus enemigos, significa que se ha alcanzado un punto crítico en la confusión ética y política del sistema. La actual dirección del socialismo vasco representa el síntoma más preocupante de este problema porque muestra una mutación de personalidad- -impensable hace sólo unos años- -cuando la alternativa socialista al nacionalismo era la Constitución y el Estatuto y no más nacionalismo, aunque sea disfrazado. Esa mutación es la que explica la desorientación moral de aquellos de sus dirigentes que se atreven a descalificar a María San Gil por pedir la prohibición de la Asamblea de Batasuna con el argumento de que el PP dispara contra todo lo que se mueve -metáfora repugnante, habida cuenta de los antecedentes- -e intenta arruinar cualquier posibilidad de acuerdo Este es el problema: que las expectativas de la paz en la que ayer confiaba otra vez Zapatero estén puestas en lo que decida la cúpula de un partido ilegal y disuelto por ser parte de una organización terrorista y no en la capacidad del Estado en imponerse sin condiciones a ETA a través de sus leyes y Tribunales. Así es fácil predecir la paz, porque no será consecuencia de la derrota de los que la destruyen sino de la renuncia de los que deberían defenderla. El curso de los acontecimientos acabará dando la razón a los líderes socialistas que afirman que no se pagará precio político alguno cuando ETA deje las armas, pero será así porque ese precio ya se está pagando sin contraprestación alguna, mediante la desactivación del Estado de Derecho, la relativización del orden constitucional y estatutario- -puesto en almoneda- -y la deslegitimación de sus defensores. SUFICIENCIA DEL GOBIERNO EN LA OPA E EL FONDO Y LA FORMA L improcedente discurso del teniente general Mena, cuyo fondo y oportunidad merecen un reproche explícito, ha desatado una tormenta política en la que los matices y la reflexión han sucumbido a la visceralidad y el oportunismo político. Nada más lógico que el ministro de Defensa proceda a la destitución del militar, tras perder la confianza que depositó en su persona cuando le nombró, en noviembre de 2004, jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército. Mena erró al pronunciarse en unos términos indebidos durante laPascua Militar en Sevilla y su destitución debería entenderse dentro de los cauces lógicos que marcan la actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas, sometidos a la jerarquía gubernamental, más allá de las garantías jurisdiccionales que corresponden a los sancionados, de acuerdo con la Constitución y las leyes específicas. Sin embargo, los modos y procedimientos empleados por el Ministerio de Defensa en este asunto, puesto en paralelo con el arresto de otro general que ordenó usar un Hércules para llevar camareros a Madrid, no parece que sean los más apropiados en función de las circunstancias y de la prudencia que deben marcar la actuación de los miembros del Gobierno. Tal vez bastara la destitución para reprobar la conducta del teniente general Mena, pero si, E además, Defensa creyó necesario decretar su arresto, éste debería haberse llevado a efecto con la discreción y mesura que requería la situación, sin excesos formales como los que han caracterizado, en mayor o menor intensidad, la actuación de un Ministerio que no ha sido capaz de transmitir templanza ante un caso en el que se imponía la mesura y que ha añadido un innecesario malestar en el estamento castrense. En el asunto del Hércules José Bono anunció en un medio de comunicación el arresto del general que ordenó su uso, pero eludió pronunciarse sobre su identidad o las razones de la sanción aplicada. Contrastan las reservas empleadas en esta ocasión concreta con la actuación seguida en relación con el teniente general Mena, en un caso que, por su propia naturaleza y trascendencia, merecía ser tratado con una discreción al menos similar. Sorprendente disparidad de criterio que evidencia que los protocolos seguidos no han sido los más apropiados. Porque una cosa es que Mena se atribuyera una representatividad que no le correspondía en función de su cargo- -lo que, por otra parte, refleja una evidente falta de sintonía entre los mandos de las Fuerzas Armadas y la clase política- -y otra bien distinta que Defensa haya acertado en las formas a la hora de aplicar el procedimiento sancionador. L Gobierno no escatima oportunidadpara, bien explícita bienimplícitamente, mostrarse clara y públicamente a favor de la opa lanzada por Gas Natural contra Endesa. Ayer fue el propio Rodríguez Zapatero- -al que ya resulta un aburridoejercicio de inutilidadrecordarle que debería ser neutral- -quien vino a bendecir la operación. Con ser grave el fondo, quizás lo peor sea la manera tan aparatosay descarada conla que elEjecutivo muestra sus preferencias, con lo que de seguir en esta estrategia será difícil que no dé la impresión de que el juez está a punto de convertirse, al tiempo, en parte interesada. La apelación al interés general que, según afirmó ayer Zapatero, guiará la decisión final del Ejecutivo sobre la opa, queda bastante desdibujada tras el olímpico ninguneo que el secretario de Estado de Comunicación hizo de la decisión- -no vinculante, pero sin duda relevante- -del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de desaconsejar la operación. Despreciar de esa manera el informe del TDC, y dar vía libre a la opa tal como está ahora formulada, supondría un inquietante precedente que equivaldría a hacer fosfatina al órgano institucional que vela por el respeto al principio sagrado de la competencia, y eso sí que es del interés general