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ABC MARTES 10 1 2006 Opinión 5 UNA RAYA EN EL AGUA ESTADO DE SITIO E MAFIAS DE ACÁ O DE ALLÁ A política de gobierno consiste también en influir en las percepciones públicas, dándoles forma en la medida en que quien pretende liderar una sociedad la convence o la desilusiona. Ahora tenemos en todos los titulares la presencia pululante de bandas organizadas del crimen. Actúan con estrategias de precisión, con una violencia bestial y profesionalizada. Llegan hasta el cajetín de los ahorros abriendo la pared a mazazos. Saben lo que quieren, destruyen y matan lo que haga falta para obtener su botín. A menudo su forma de delinquir revela una experiencia previa en fuerzas armadas o en servicios de seguridad. El año pasado, un 57,5 por ciento de los detenidos como miembros de bandas organizadas eran extranjeros. Del total, un 26,14 por ciento son de nacionalidad rumana. En algunas zonas se habla de bandas de kosovares, tal vez ex policías procedentes de la descomposición institucional de los Balcanes, especializados VALENTÍ aquí en atracos sistemáticos a joyePUIG rías. Paradójicamente, mientras se registra una leve baja en los índices de delincuencia, la alarma pública crece y aumenta una percepción colectiva que vincula delito con inmigración. Consta en los datos recientes del CIS: la inmigración preocupa ya más que el terrorismo, hasta el punto de que tres de cada cuatro españoles dan por cierta la conexión entre inmigración y delincuencia. Está el pequeño delincuente que busca a sus víctimas en la calle y están las bandas organizadas. La suma ya va siendo erosiva para el imperio de la ley, tal vez porque llevamos demasiado tiempo instalados en el eufemismo, en la consideración arcangélica de cualquiera de los efectos colaterales de la inmigración. No hace falta ser profeta de la sociedad liberal para saber que funciona gracias a un difícil equilibrio- -delicioso, también- -entre opuestos, a la vez que se basa en una notable paradoja: la libertad se protege gracias a un sistema de constricciones. L En realidad, aun siendo cierto que uno de cada tres presos en las cárceles es extranjero, lo desproporcionado de la percepción negativa impide razonar con holgura que la inmigración puede tener implicaciones positivas. En sus previsiones para el año 2006, el Banco Mundial estima que doscientos millones de personas trabajan en otro país, un fenómeno que será duradero y además lucrativo para todos, un factor de crecimiento. Envejecemos, tenemos una baja tasa de natalidad: necesitamos mano de obra, más gente. Al mismo tiempo, vemos cómo la inmigración revierte económicamente en los países emisores y genera producción en los países de acogida. Como dice el Banco Mundial, el trabajador extranjero contribuye al crecimiento económico en los países ricos y con el remite de sus ahorros reduce la pobreza del país de origen. Por contraste, en España aparece el miedo. Ha habido una inexplicable dilación a la hora de ejercer la autoridad en las dosis indicadas para que no cundiera la percepción de inseguridad. Incumplida la primera obligación de un gobierno, los tabúes del lenguaje de la solidaridad taponaron transitoriamente el boquete, pero no hasta el extremo de su actual magnitud, tan intempestiva como real. Jugar tanto con las palabras ha dado por arrumbadas y rancias las apelaciones a la ley y al orden. Por supuesto, sería mucho mejor ejercer de solidarios con el inmigrante que busca integrarse que tener que pedir el justo castigo del inmigrante que atraca y asesina. Por desgracia, en la naturaleza de las cosas era aconsejable con anterioridad la conveniencia de actuar con tolerancia cero ante las faltas menores para evitar que las bandas organizadas se sientan tan a sus anchas. Encauzar los flujos inmigratorios requiere prever sus derivaciones de criminalidad, salvo que poco importe que vaya a más ese 60 por ciento de españoles que parecen convencidos de que ya hay demasiados inmigrantes. Gobernar no es otra cosa. Va en ello la posibilidad de un convivir tranquilo. España no es un país violento y sin embargo lo está pareciendo. vpuig abc. es N el ordenamiento vigente no parece haber más que una manera constitucional de que el Ejército intervenga para salvaguardar la unidad nacional en aplicación del artículo octavo de la Carta Magna. Se llama estado de sitio, y lo explicó en ABC, con apoyo de prolijo aparato de citas, el profesor Benigno Pendás, jurisperito sabio, ponderado y didáctico. Existe otro procedimiento más expeditivo, cuyo fantasma ha sacudido- -sin duda involuntariamente- -el general Mena en su admonición de la Pascua Militar sevillana, pero tiene el defecto de ser ilegal, conflictivo y poco escrupuloso, aunque históricamente esté muy asentado en España. Se trata del pronunciamiento, el cuartelazo y demás denominaciones castizas de lo que en el mundo se conoIGNACIO ce como golpe de Estado. CAMACHO El estado de sitio requiere un alto y excepcional consenso de instituciones ante una situación de emergencia. Si Maragall fuese un Maciá sonaca y posmoderno que proclamase el Estat Catalá en el balcón de San Jaime, el ministro de Defensa tendría que presentarle al presidente del Gobierno un plan detallado de actuación para estudiar en el Consejo- -es probable que Bono disfrutase en el trance- -y luego pasarlo por las Cortes en medio de la previsible crisis nacional. Pero ocurre que el que está dando alas a las reivindicaciones del catalanismo, el que ha abierto la espita a la desquiciada carta de soberanía del tripartito, no es un orate cantonal ni un iluminado de barraca, sino el propio primer ministro de España. Lo que ya es de por sí un estado de excepción, pero no tiene otra solución que la puramente electoral y política. Así que vamos a sosegarnos todos, que ya hay bastante electricidad en la atmósfera. El general Mena, que es un hombre de bien y un demócrata leal, se ha saltado un montón de semáforos de prudencia aunque su diagnóstico haya sido impecable en la materia que le compete al resaltar que el proyecto de Estatuto compromete la unidad de la Defensa. Luego, quizás estimulado por el ambiguo juego dialéctico que al respecto se trae desde hace tiempo el ministro Bono, se metió en el jardín del artículo ocho sin reparar en que en las democracias constitucionales el Ejército está callado y sólo interviene en política cuando se lo manda el Gobierno. Y Bono, que es experto en gestos demagógicos de galería y tendido, lo ha tirado a los leones para desviar la evidencia de que él mismo lleva varios meses coqueteando con un concepto inaplicable. El principal valor de todo este frufrú de uniformes consiste en que ha expresado un malestar evidente en los cuartos de banderas. La memoria histórica contemporánea tiende a la alarma cuando se habla del Ejército en términos de asuntos internos, sin reparar en que la milicia ha sido casi desmantelada, y algo tuvo que ver Aznar en ese proceso. Ahora bien, las Fuerzas Armadas pesan lo que pesan, y aunque en la actualidad no sea mucho convendría que quien tiene que oír se dé por enterado.