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4 Opinión MARTES 10 1 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil RECAUDAR CON FINES SANITARIOS H ESTATUTO: Y TODO A MEDIA LUZ L Gobierno y el PSOE han retomado el curso de las negociaciones, opacas y casi clandestinas, sobre el proyecto de Estatuto para Cataluña con los mismos registros que ya en 2005 hacían de este episodio un pesado lastre para el crédito de las instituciones y de la continuidad constitucional de España. Parece poco creíble, pero es cierto que el futuro de la Constitución, del modelo de Estado, de las relaciones interregionales y de los principios de solidaridad e igualdad está siendo manejado al margen del principal partido de la oposición- -el único, realmente- -y de una opinión pública acostumbrada a conciliar a derecha e izquierda en las fundamentales cuestiones que atañen a la convivencia política. Tiene razón Mariano Rajoy cuando afirma que es un error histórico de Rodríguez Zapatero la exclusión del PP, porque la fractura política que está abriendo el proyecto mancomunado de socialistas y nacionalistas se medirá en términos históricos, por la gravedad de sus consecuencias y el alto coste que exigirá la reposición del país a su estado habitual de normalidad política y convivencia cívica. El PSOE persevera en desdeñar la existencia del PP, penalizando a una mayoría de ciudadanos- -electores del PP y también socialistas que en este asunto se identifican con los populares- -que se ve expulsada del diseño de una España que no es la de la Constitución y que sólo estaba reflejada en los programas electorales de los nacionalistas más radicales y en el del Partido Socialista de Cataluña. Pero los votos de esta formación, como recordó Joaquín Nadal, no deben sumarse a los del PSOE. La opacidad de las negociaciones es explicable en quienes, como los nacionalistas, buscan la máxima rentabilidad política, sabiéndose exentos de cualquier fiscalización democrática gracias al eficaz victimismo endógeno de su ideología. En cambio, resulta inadmisible en el Gobierno de la nación y en el partido que lo sustenta, también teóricamente nacional, que, por serlo, deberían asumir públicamente la representación de los intereses nacionales y no extender más inquietudes por la indefensión en que se hallan, ahora mismo y frente a las pretensiones nacionalistas, la Constitución y el modelo E de Estado unitario y descentralizado que en ella se configura. No obstante, el PSOE anuncia que el acuerdo es hoy más posible y se utiliza la manida frase- -aplicada también con igual sentido enigmático al supuesto proceso de paz- -de que las cosas van bien sin que se precise para quién o quiénes van bien las cosas y en qué consiste la bondad de los avances. Lo que se va conociendo, a interés de los interlocutores, demuestra que, en efecto, se avanza, pero en aproximarse a las tesis del tripartito y CiU, como ya se ha dicho en materia de Justicia y política lingüística y en un sentido que, lejos de tranquilizar, aumenta la certeza de que el Gobierno y el PSOE son cada día más vulnerables a las presiones nacionalistas y que sus propuestas, incluida la financiera elaborada por Solbes, nunca son máximos, sino mínimos fácilmente desbordables. En todo caso, hasta la misma opacidad tiene una evidente eficacia informativa al demostrar que la inconstitucionalidad originaria del proyecto estatutario era tan estructural que el PSOE se está viendo abocado no tanto a enmendar un texto que no tiene remedio, sino a rescatar al presidente del Gobierno del atolladero en el que se metió trayendo a Madrid una propuesta inasumible. No es la oposición del PP la que desgasta a Zapatero a cuenta del Estatuto, sino el empecinamiento presidencial en sacar adelante una reforma estatutaria que ha sido reconvertida, a medida que pasa el tiempo y van fallando plazos y previsiones, en el programa político de una coalición de intereses cuya fuerza vertebradora es, ante todo, aislar a la derecha democrática, lo que exige no dar al PP la baza de la retirada del proyecto. Cuando comenzó en Cataluña la discusión sobre el nuevo Estatuto, aún pervivía la esperanza de que la izquierda española mantuviera su nervio nacional y rechazara de plano cualquier propuesta, por tentadora que fuera, del nacionalismo y del socialismo confederal, consistente en unir fuerzas frente a la derecha democrática, aun a costa de quebrar el consenso constitucional. Pero esa, como otras esperanzas, está en camino de frustrarse definitivamente. ACIENDA se está planteando incrementar los impuestos al tabaco con objeto de luchar contra las marcas baratas, que según el Ministerio de Sanidad suponen un peligro para la gente joven. Una de cada diez cajetillas que se venden en España pertenece a marcas de bajo precio, que han triplicado su cuota de mercado en el último año. Ante la ofensiva antitabaco del Gobierno, las empresas reaccionaron bajando el precio de las cajetillas en una batalla de intereses que ha llevado a Elena Salgado a pedirle ayuda a Pedro Solbes. Coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley- -que ya se ha cobrado la primera víctima en la figura de un fumador empedernido y díscolo con la Policía, pillado in fraganti en plena calada furtiva- Hacienda considera la posibilidad de romper la estrategia de las marcas interviniendo en la fiscalidad. Sería, cuentan, con fines sanitarios argumento de solidez más que cuestionable, pues a nadie se le oculta que la batalla antihumo del Ejecutivo se traduce en una pérdida de recaudación que ahora Solbes puede compensar vía subida de impuestos. En fin, que el Ministerio de Hacienda pretende cuadrar el círculo y se cura en salud para recaudar en aras de la salud pública. CRÓNICA DE LA FRANCIA INSEGURA A quiebra del sistema educativo francés- -80.000 incidentes violentos durante 2005- -ha llevado al Gobierno galo a proponer a maestros y profesores la existencia permanente de policías de paisano en los centros escolares que lo consideren necesario. Tras los violentos disturbios de noviembre, en los que muchas escuelas fueron pasto de las llamas, se impone una reflexión global sobre la inseguridad escolar, indisociable del tráfico y comercio con estupefacientes en un momento en que Francia está sufriendo una alteración completa del orden público. Bandas de adolescentes y jóvenes delicuentes asaltan trenes y roban y violan a los pasajeros para después huir ante una Policía impotente para hacer cumplir la ley. Es la hora de los vándalos en un país que se jactó de ser un ejemplo mundial de integración y que hoy se muestra incapaz de hacer frente a sus múltiples problemas. Paradojas y contradicciones de una sociedad enferma que se afana, sin mucho éxito, en encontrar una salida. Dolencia crónica que el Ejecutivo intenta sanar con parches y cataplasmas. Medidas que no atajan el mal de fondo de un país inseguro, por dentro y por fuera, en el que las escuelas arden mientras se pueden leer pintadas con los lemas Menos escuelas y más prostíbulos y Sexo, droga y rap L DISCIPLINA Y REFLEXIÓN OS militares españoles- -incluso aquellos que con respeto se dirigen a los medios de comunicación, como hoy en ABC, para solidarizarse con el teniente general Mena- -deben asumir sin reservas que todos los mandos de las Fuerzas Armadas están sometidos a la jerarquía gubernamental, sin perjuicio de las garantías jurisdiccionales que corresponden a los sancionados conforme a la Constitución y las leyes específicas. El teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena Aguado, erró al pronunciarse en unos términos indebidos durante la Pascua Militar en Sevilla y, aunque bastaba con su destitución para reprobar su conducta, el arresto adicional al que ha sido sometido añade un tanto de malestar en el estamento castrense. El Gobierno- -que ayer ordenó el arresto de otro general, por el uso indebido de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Española- dispone de toda la legitimidad para proceder como lo hace, pero ha de ser consciente de que es muy probable que el caso Mena no resulte un hecho aislado, como se ha propalado, sino la expresión de un estado L de opinión amplio en medios militares que participan de las inquietudes que preocupan a la sociedad española. Por eso, aunque haya de actuarse con aplicación de medidas disciplinarias cuando corresponda, no basta. El Ejecutivo debe evitar la propaganda y profundizar en el conocimiento y valoración de las inquietudes, no sólo de los mandos militares, sino de todos los ámbitos sociales concernidos por medidas políticas que afectan a la arquitectura constitucional del Estado. La suposición de que existen en España círculos sociales o civiles propicios a la subversión constitucional resulta extravagante. La democracia ha calado hondo en el alma colectiva de los españoles y el debate en torno a asuntos como el protagonizado por el teniente general Mena y la reacción del propio Gobierno es un síntoma de libertad que se materializa en la diversidad de opiniones, sin que ninguna de ellas deba ser estigmatizada. La democracia es, dentro de las coordenadas de las leyes, un sistema político y de convivencia que se basa en la discrepancia civilizada y enriquecedora.