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ABC LUNES 9 1 2006 Opinión 5 UNA RAYA EN EL AGUA DURA LEX N una novela de Paul Auster se le oía decir a un estanquero de Brooklyn: Llegará el día en que cogerán a uno fumando y lo fusilarán contra la pared En la España contemporánea, tan oficialmente antiamericana, la condición de fumador tampoco parece en los últimos tiempos una cédula de identidad muy prometedora. De modo que, ayudado por un catarro invernal, decidí en la pasada Nochevieja hacerme un favor: dejar de fumar y entrar en el nuevo año con un perfil sanitariamente más benévolo y socialmente menos conflictivo. No está resultando demasiado difícil. Un fumador de pipa y o habanos lo tiene ya- ¿verdad, señor Rajoy? -francamente crudo en esta sociedad neopuritana donde los últimos adictos al cigarrillo IGNACIO consumen su compulsiviCAMACHO dad a base de caladas semiclandestinas a la intemperie. Con todo, no me quejo: toso menos y entiendo que la nueva ley, dura, autoritaria y represiva, redundará en beneficio de la salud pública. Parece claro a estas alturas que la mayoría de los españoles hemos acatado sin remilgos una norma cuando menos polémica, intervencionista, rígida y de dudosa calidad democrática por su escaso respeto hacia las minorías. La típica ley propicia para generar problemas en un pueblo históricamente levantisco, individualista y aficionado a las broncas cuando se trata de regular sus hábitos. ¿O es que hay que recordar el motín de Esquilache? Y sin embargo, he aquí a millones de fumadores condenados a la segregación social y sin armar litigios significativos ni provocar rebeldías de relieve. Nadie ha imitado hasta ahora a la desafiante Sharon Stone de Instinto básico -Señorita, está prohibido fumar aquí. ¿Y qué va a hacer... detenerme por fumar? Los españoles nos hemos vuelto de lo más cívico: pagamos los impuestos, votamos en proporción elevada respecto al vecindario europeo, y cumplimos sin ruido las leyes más estrafalarias. Ahora bien: estamosen condiciones de exigir que lasautoridades se comporten de la misma manera. Es decir, que cumplan las leyes cuyo servicio han jurado, empezando por las de mayor rango. Porque resulta que diputados y senadores se burlan de la mismísima Constitución al admitir un Estatuto catalán que la convierte en papel mojado. Que el Gobierno se salta en el País Vasco la Ley de Partidos Políticos permitiendo campar a sus anchas a un sucedáneo de Batasuna. Que trocea el poder judicial con grave quebranto de la igualdad de jurisdicción. Que viola la ley de televisión privada repartiendo canales a sus amigos. Que aplica una flagrante ley del embudo en la que se reserva para sí la parte más ancha. Habíamos quedado en que la democracia consiste en el imperio de la ley. Sin excepciones; del Rey abajo, ninguno, como dijo el clásico. Lo que no vale es aplicar selectivamente las normas y decretar exenciones para amigos y enemigos a conveniencia de parte. Sobre todo cuando se quedan por cumplir normas bastante más fundamentales que la ley antitabaco. E UN GENERAL EN EL FANGO N uno de sus habituales rasgos de histrionismo, el ministro Bono ha decretado el arresto domiciliario del general Mena. Para justificar la imposición de una pena a todas luces desmedida y oprobiosa para un militar de limpia ejecutoria, el ministro Bono se ha amparado en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que tipifica como falta leve expresar públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas Buscamos con lupa en el discurso pronunciado por el general Mena cuáles han sido esas opiniones que infrinjan el deber de neutralidad o delaten su decantación hacia una determinada opción política y no somos capaces de hallarlas. En primer lugar, el general expresó, haciendo suyo el sentir de sus subordinados, su preocupación ante las graves consecuencias que podría JUAN MANUEL conllevar la aplicación del Estatuto DE PRADA de Cataluña en los términos en que está planteado, tanto para las Fuerzas Armadas como institución como para las personas que las integran Nótese, en primer lugar, que el general formula su preocupación en un modo verbal condicional. Nótese, además, que el general se refiere a la redacción del proyecto de Estatuto previa a su tramitación parlamentaria, sin entrar a valorar las posibles enmiendas que sean introducidas en el texto, a propuesta de tal o cual formación política. Nótese, en fin, que el general no propone un enjuiciamiento global del Estatuto de marras, sino que se atiene a aquellos aspectos que afectan a las Fuerzas Armadas, omitiendo pudorosamente las inquietudes que el citado proyecto legislativo le pueda suscitar como ciudadano. A continuación, el general Mena se detuvo en tres especificaciones contenidas en el Estatuto que, a su juicio, perturbarían el funcionamiento o las atribuciones del Ejército; en ninguna E de estas tres especificaciones detectamos tampoco ninguna infracción del deber de neutralidad que obliga a cualquier militar ni, mucho menos, atisbo de bandería política. Aludió, en primer lugar a la remodelación del concepto de nación que introduce el proyecto de Estatuto, concepto que la Constitución Española expresa clara y rotundamente También se refirió a las graves alteraciones que se producirían en el sistema de asignación de destinos militares si el Estatuto obligara a hablar catalán a los residentes en Cataluña, así como a los problemas que se derivarían para las Fuerzas Armadas si los tribunales evacuasen sentencias dispares sin la existencia de una instancia superior que unifique doctrina. Se trata, a todas luces, de cuestiones de intendencia, que afectan al gobierno y administración internos del Ejército; en modo alguno de consideraciones de índole política. Para completar su falta el general Mena leyó un artículo de la Constitución que asigna al Ejército la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional Ni por lo más remoto insinuó que esa defensa del ordenamiento constitucional deba hacerla el Ejército arrogándose competencias que corresponden al Congreso, al Gobierno o al mismo Rey. Su único comentario a dicho artículo, atinado e irreprochable, fue recordar que los militares han jurado o prometido guardar y hacer guardar la Constitución y que, para los militares, cualquier juramento o promesa constituye una cuestión de honor Al general Mena, un patriota austero que se ha limitado a proclamar preceptos básicos del orden constitucional, el ministro Bono, un patriota de peineta y faralaes, acaba de arrojarlo al fango, castigándolo al descrédito y al oprobio, como si fuera un militarote nostálgico de las asonadas, con el aplauso o la anuencia de todas las fuerzas políticas y el silencio cobarde de sus conmilitones. Empieza a dar vergüenza llamarse español.