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14 Nacional DESTITUIDO EL JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE DOMINGO 8 1 2006 ABC Maragall habla de potencial amenaza a la normalidad democrática b El Grupo Socialista destaca la El PP deja claro que ningún militar debe pronunciarse sobre proyectos políticos Carga contra Bono por su desgobierno en el Ministerio de Defensa b Elorriaga asegura que el minis- rapidez, la contundencia y la eficacia del Gobierno en adoptar medidas sancionadoras contra el teniente general ABC MADRID. Pasqual Maragall dijo ayer que Cataluña ve con tranquilidad y confianza el asentamiento de la España gran nación del Rey y de la España plural del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pese a la potencial amenaza a la normalidad democrática que, dijo, suponen las palabras del teniente general José Mena. El presidente de la Generalitat catalana se mostró convencido de que las declaraciones del jefe de la Fuerza Terrestre han producido un grave daño al crédito del Ejército, inmediata e impecablemente resuelto por el ministro de Defensa a la espera de la decisión del Gobierno En la misma línea se pronunció el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, quien destacó la rapidez, la contundencia y la eficacia del Gobierno en adoptar medidas sancionadoras contra el teniente general. López Garrido tachó las palabras de Mena de absolutamente improcedentes dijo que dichas declaraciones no son compartidas por el Ejército y recordó que es la primera vez en la reciente democracia española que un teniente general es arrestado. Esto demuestra el compromiso absoluto del Gobierno en defensa de la democracia y la Constitución recalcó el dirigente del Grupo Socialista. tro está más ocupado por su propia promoción personal que por conocer de verdad los problemas que hay en su Departamento J. L. LORENTE MADRID. El Partido Popular quiso lanzar ayer dos mensajes ante las palabras del jefe de la Fuerza Terrestre, el teniente general José Mena Aguado. El primero para poner en valor el discurso que pronunció Su Majestad el Rey durante la conmemoración de la Pascua Militar. El segundo para dejar claro que la función de los mandos de las Fuerzas Armadas no es pronunciarse sobre proyectos sometidos a debate político en las Cortes Generales A partir de ahí, los populares quisieron volcar toda la responsabilidad en José Bono, al que acusaron del desgobierno que- -en su opinión- -sufre el Ministerio de Defensa y por estar más preocupado por su promoción personal El PP quiso salir al paso de las críticas recibidas por parte de otras fuerzas políticas ante una presunta tibieza de los populares con el discurso del teniente general. El secretario de comunicación del Partido Popular, Gabriel Elorriaga, señaló el viernes que este tipo de reacciones son el reflejo de la situación que estamos viviendo en referencia a la polémica generada por la reforma estatutaria catalana. Fue el propio Elorriaga quien dejaba claro ayer que su partido rechaza contundente- Gabriel Elorriaga EFE mente las valoraciones que los mandos militares puedan hacer de los proyectos sometidos a debate político. Pese a todo, lo primero que quiere valorar el principal grupo de la oposición es el discurso del Rey durante la conmemoración de la Pascua Militar. Elorriaga recordó que, por tercera vez en pocas semanas, Don Juan Carlos reiteró la necesidad de mantener el espíritu de reconciliación y de consenso que hicieron posible la transición política española y la aprobación de nuestra Constitución En este punto, el dirigente del PP hizo hincapié en que Su Majestad habló de España como una nación única, rica en su diversidad y en su pluralidad e insistió en que es la voluntad común de la mayor parte de los españoles que quieren permanecer unidos la mejor garantía de nuestro futuro A renglón seguido, Elorriaga descartó que el PP justifique declaraciones como las realizadas por el teniente general Mena. Lo que hacemos es explicar el contexto en que se han producido aseguró tras considerar que lo importante en este momento es determinar las responsabilidades políticas que corresponden Para ello, es necesario, según el PP, que Bono acuda al Congreso a aclarar si las palabras de Mena reflejan lo que opina una parte del Ejército Elorriaga insistió en que esas declaraciones fueron realizadas por un teniente general que ocupa su puesto porque el ministro de Defensa le nombró Los populares quieren ir más allá y cargan contra Bono, del que consideran que descuida sus obligaciones al frente del Departamento Está más ocupado por la política partidista y por su propia promoción personal que por conocer de verdad los problemas que hay en su Ministerio y por evitar que se produzcan señaló Elorriaga. CiU critica a los populares Por su parte, el portavoz de ERC en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Joan Puig, manifestó que su grupo parlamentario acoge con satisfacción la propuesta de destitución del teniente general. Además, el diputado republicano recordó que los independentistas catalanes se pronunciaron a favor de modificar el artículo octavo de la Carta Magna para que nadie emprendiese aventuras en ese tono En cambio, los más críticos con la actitud del PP fueron los nacionalistas catalanes. El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, afirmó que las declaraciones realizadas el viernes por el secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, sobre el discurso del teniente general son injustificables e inaceptables en un sistema democrático e instó al presidente del PP, Mariano Rajoy a intervenir públicamente para aclarar, rectificar y desmentir a su portavoz. EL ARTÍCULO OCTAVO Y LA DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL BENIGNO PENDÁS AS Fuerzas Armadas cumplen de forma ejemplar las funciones que les atribuyen la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. No es lícito identificar la posición institucional de los ejércitos con el criterio subjetivo de un alto cargo, expresado fuera de lugar y con exceso manifiesto de sus atribuciones. El Rey habla en nombre de las Fuerzas Armadas en calidad de Jefe Supremo. El ministro de Defensa actúa como miembro del Gobierno, al que corresponde la dirección de la administración civil y militar. Ningún jefe ni oficial está legitimado, por razones evidentes de jerarquía, para matizar o contravenir el punto de vista de sus superiores. En rigor, se trata de una consecuencia derivada del principio de soberanía nacional, cuyo titular es el pueblo español, L del que emanan los poderes del Estado. Ningún otro poder (territorial, social o institucional) ejerce una supuesta tutela sobre la voluntad del constituyente. En este contexto se sitúa en términos jurídicos el artículo 8 de la Constitución. La historia de España guarda memoria fiel del conflicto entre militarismo y civilismo, superado afortunadamente por la Constitución de todos. El prestigio de las Fuerzas Armadas procede de su condición de instrumento al servicio de los poderes legítimos que se configuran según la libre decisión de los españoles. No hay alternativa posible ni deseable a esta concepción contemporánea de los ejércitos, compartida sin excepción por todos los Estados democráticos del mundo. ¿Quién determina la existencia de peligro para el orden constitucional? No, por supuesto, los mandos militares en virtud de una percepción subjetiva sobre las preocupaciones de su entorno. Incluso, si fuera el caso, cuando tales preocupaciones coincidan con un sector importante de la población. Los cauces para la libre expresión de esas inquietudes ciudadanas se sitúan en un nivel muy diferente. Tampoco el Gobierno está legitimado por sí mismo para utilizar al Ejército en el cumplimiento de tales funciones. Sólo la estricta conjunción con arreglo a derecho de las competencias del Rey, del Gobierno y del Congreso podría activar, si llega el caso, esta atribución de máxima trascendencia. Según la opinión unánime, el procedimiento adecuado sería el estado de sitio regulado por el artículo 116 de la Constitución y por la ley orgánica 4 1981. Así lo estiman los autores de mayor relevancia: entre los constitucionalistas (Alzaga, Blanco Valdés, Cruz Villalón o Fernández Segado, así como Trillo Figueroa, en su calidad de jurista, que conoce a fondo esta materia) Sentados los principios y adoptadas las medidas que en derecho procedan, conviene no sacar las cosas de quicio. La política española exige más que nunca el imperio del sentido común.