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4 Opinión DOMINGO 8 1 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil CONSTITUCIONALISMO CÍVICO L desafío del Estatuto catalán y la resurrección del plan Ibarretxe, en un momento en que el PSE se escora hacia el nacionalismo, han propiciado la reacción del constitucionalismo cívico. El Foro de Ermua convocará una batería de movilizaciones para plantar cara a la ofensiva soberanista en Cataluña y el País Vasco, mientras que la Fundación para las Libertades e incluso Basta Ya, pese a sus problemas internos, están igualmente dispuestas a presentar batalla por la idea de España. Tras la quiebra provocada por la deriva del PSE, situado en coordenadas difusas que han roto la unidad constitucionalista, el movimiento ciudadano parece recuperar posiciones después de la desmovilización provocada por la ausencia de asesinatos de ETA. E EL CASO MENA Y LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL GOBIERNO S un hecho grave e insólito en una democracia madura que un teniente general del Ejército, segundo en su línea de mando y responsable de la Fuerza Terrestre, sea sancionado con un arresto domiciliario y propuesto su cese al Consejo de Ministros por la formulación pública de valoraciones de índole política. Tanto la corrección disciplinaria como la destitución- -si acaso la primera pudiera resultar una sobreactuación del ministerio de Defensa- -se corresponden con la trascendencia de una situación que José Mena Aguado ha asumido con todas sus consecuencias en la conversación que ayer mantuvo en las dependencias ministeriales. El teniente general jefe de la Fuerza Terrestre no es, sin embargo, un militar de trayectoria dudosa; por el contrario, se trata de un profesional acreditado, al que el propio José Bono encomendó en noviembre de 2004 una misión estratégica en la cadena de mando del Ejército. Por esta razón, y por la gravedad intrínseca de la situación (habría que remitirse al 23- F para encontrar el precedente de un teniente general bajo arresto domiciliario) el ministro de Defensa debe comparecer en el Congreso, como ha reclamado la oposición, y explicar qué sucede en las Fuerzas Armadas si es cierto- -como sostiene José Mena Aguado- -que se está produciendo un estado de opinión que ni el ministro ni las más altas jerarquías militares han sido capaces de detectar y, en su caso, desactivar. Surge ahora, tras el reproche a la conducta del teniente general sancionado, la procedencia de recordar la teoría de la responsabilidad política, que consiste, simplemente, en aquélla que contraen los superiores, jerárquicos y políticos, por las acciones y omisiones de sus subordinados, en particular, cuando, como en este caso, se trata de aquéllos que ocupan cargos de libre designación. José Bono- -que con tanto ahínco ha perseguido la responsabilidad de Federico Trillo, su antecesor en el cargo, por el accidente del Yakolev 42- -no habrá de extrañarse de que el Partido Popular reclame su comparecencia para que en sede parlamentaria explique cómo pudo ocurrir este desafortunado episodio. Causa perple- E jidad que ni el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, ni el Jefe del Estado Mayor del Ejército, ni el ministro de Defensa tuvieran noticia o aviso del campanazo del teniente general Mena Aguado. Y ruboriza que mientras José Bono se jactaba ante Su Majestad el Rey, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, de la sintonía de sus mandos con la sociedad civil y la clase política, el teniente general le desmintiese desde la capitanía general de Sevilla. En estas circunstancias, los indicios parecen avalar la tesis del PP, que reclama urgentes aclaraciones. Lo de menos es que haya sido el ministro de Defensa quien más se haya referido al artículo octavo de la Constitución- -lo hizo de manera amplia y explícita el 8 de diciembre de 2004 en la Academia de Infantería de Toledo ante el mismo presidente del Gobierno y los altos mandos militares- porque, en definitiva, está legitimado para hacerlo, aunque en muchas ocasiones abuse en su afán de notoriedad; lo realmente sustancial es que ni su Ministerio ni el Estado Mayor han valorado el impacto que determinadas medidas gubernamentales están provocando no sólo en las Fuerzas Armadas, sino también en otros estamentos y ámbitos sociales. Porque el Ejecutivo no debe confundirse: la práctica unanimidad en reclamar disciplina y profesionalidad extremas a los mandos militares- -y, por lo tanto, la corrección disciplinaria si así no se conducen- -no implica en modo alguno respaldar su entendimiento con las fuerzas nacionalistas, que, como las catalanas, están planteando un jaque mate a la Constitución de 1978. Defender la Carta Magna consiste en propugnar que cada cual asuma su responsabilidad- -y la de los militares se subordina al poder civil- -y, también, recordarle al Gobierno cuál es la suya. Y entre las que al Ejecutivo corresponden se cuentan las de dar estabilidad y evitar innecesarias inquietudes a la sociedad española. Por eso, si se supone que con la ejemplaridad de la sanción y la destitución del teniente general Mena Aguado, el Gobierno, y Defensa en concreto, ha resuelto el expediente, se incurriría en una grave confusión. En este asunto media una responsabilidad política- -una culpa in vigilando- -que hay que depurar. Hu Jintao EPA CHINA, RICA Y POBRE A paradoja de las cifras: China, tras revisar al alza un 16,8 por ciento su PIB en 2004, se perfila ya como la cuarta potencia del mundo. Sin embargo, detrás del dibujo macroeconómico del gigante asiático se esconde la realidad de un país con 90 millones de pobres y una renta per cápita propia de una nación en vías de desarrollo, al nivel de Ecuador o Filipinas. Todas las previsiones apuntan a que China, cuando se cierre el balance de 2005, presentará un PIB superior a los 1,82 billones de euros, riqueza que se torna en miseria cuando se desciende al detalle. Bajo el milagro económico subyace un submundo que tiene poco que ver con el oropel y las grandes magnitudes económicas. Estadísticas que muestran las luces y las sombras del dragón rojo L LA ETERNA ASIGNATURA PENDIENTE L PSOE se comprometió en su programa electoral a reducir la temporalidad y mejorar la calidad del empleo. Aquel compromiso, sin demasiada concreción, puede quedarse en nada si, finalmente, el Ejecutivo se inclina por cubrir el expediente con una solución coyuntural, comprobada en sus carnes las diferencias abismales entre sindicatos y empresarios en asuntos de tan hondo calado como el contrato de fomento del empleo o el nuevo contrato temporal. Zapatero, que es quien tiene la última palabra, deberá optar entre impulsar una auténtica reforma laboral- -asignatura pendiente de este y de anteriores gobiernos- -o capear el temporal con un parche que le permita vender como real un acuerdo de mínimos que, en esencia, significaría aplazar de nuevo uno de los grandes problemas de la economía española: la rigidez de un mercado laboral que está demandando desde hace años medidas flexibilizadoras tendentes a mejorar la competitividad de nuestras empresas, sujetas a un E marco obsoleto y excesivamente rígido que menoscaba su capacidad productiva. En realidad, estamos ante un problema de falta de voluntad política, que no es sólo achacable a este Gobierno, sino también a los que le precedieron. Al final, en aras de la llamada paz social, lo que iba a ser reforma se queda en simple lavado de cara y se impone lo políticamente correcto: ganar tiempo a base de un par de retoques que no solucionan el problema de fondo. Zapatero puso el listón muy alto cuando prometió a los agentes sociales no legislar sin consenso, lo que significa que si empresarios y sindicatos no llegan a un acuerdo- -como parece evidente- -todo se quedará en nada o en casi nada. Condicionado en exceso por una eventual movilización sindical, el presidente del Gobierno es muy probable que opte por el pragmatismo y no se abra nuevos frentes de tensión, tal como está el paisaje político nacional. Pero ello sería un error. Otro más. EN RESERVA E N sólo dos años, España ha perdido una tercera parte de sus reservas de agua, una situación que tiene que ver con el hecho de que en 2005 las lluvias fueron un 35 por ciento inferiores a lo que es habitual. La incertidumbre para el próximo trimestre persiste, toda vez que el informe de tendencia del Instituto Nacional de Meteorología no da ni señal húmeda ni seca A nivel global, 2005 ha estado a punto de convertirse en el año más cálido de la historia, lo que refleja la dimensión de un problema que se acentúa por la ausencia de una política hidrológica coordinada y capaz de paliar una situación de consecuencias imprevisibles.