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74 SÁBADO 7 1 2006 ABC Economía Zapatero y los líderes empresariales y sindicales durante la firma de la declaración conjunta para el diálogo social que tuvo lugar en La Moncloa el 8 de julio de 2004 Zapatero deberá decidir entre asumir un acuerdito laboral o legislar como pide Solbes El acuerdo de convenios, el patrimonio sindical y la reelección de Cuevas presionarán al diálogo social las diferencias ahora insalvables entre patronal y sindicatos sobre el mercado laboral afectan a la firma del acuerdo nacional de convenios MAITE VÁZQUEZ DEL RÍO MADRID. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, deberá decidir en los primeros meses de este año qué hace con la reforma laboral. Las posiciones de empresarios y sindicatos han llevado la negociación de la reforma laboral a un callejón sin salida y, admitidas las diferencias como insuperables, podrían optar por un acuerdo de mínimos para salvar la cara del diálogo social, antes que admitir su fracaso. La cuestión es si el Gobierno tomará las riendas del problema y adoptará medidas para intentar reducir la elevada tasa de temporalidad si con las del acuerdito no basta. De momento, José María Cuevas (CEOE) José María Fidalgo (CC. OO. y Cándido Méndez (UGT) decidieron, en un almuerzo durante las pasadas Navidades, cerrar un acuerdo aunque sea de mínimos A partir del 9 de enero empezará una nueva tanda de reuniones para cumplir este nuevo compromiso. Incluso Fidalgo, que ha estado asegurando que no aceptará un acuerdito se ha sumado a este compromiso. Zapatero tendrá que tomar cartas en el asunto y, si el acuerdo no sirve para solucionar los problemas del mercado laboral, deberá decidir entre si cumple su compromiso con los agentes sociales de no legislar nada que no proceda del consenso (un compromiso que adb Este mes se verá si quirió en la declaración conjunta del 8 de julio de 2004, recordando que ninguna imposición ha funcionado en España) o cumplir su compromiso electoral de reducir la temporalidad y mejorar la calidad del empleo. El problema es que, en los asuntos capitales de la reforma, CEOE, CC. OO. y UGT no van a ponerse de acuerdo. Así parece intuirlo el vicepresidente económico, Pedro Solbes, mientras que el titular de Trabajo, Jesús Caldera, prefiere no tirar la toalla y a día de hoy sigue siendo optimista sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, Solbes consideró a finales de año que si el fracaso de esta negociación se consuma, el Gobierno no podía hacer otra cosa que legislar, una consideración en la que también coincide el número dos de Trabajo, Valeriano Gómez, encargado de dirigir las negociaciones de la reforma laboral. Incluso desde las filas sindicales no descartan que los empresarios hayan llegado a un pacto con Economía para sacar adelante un nuevo contrato temporal, de mayor duración, pero cuyo coste de despido es más reducido. Este pacto, argumentan algunos, sería la razón por la que la CEOE no rebaja su propuesta de máximos Llegados a este punto, Zapatero tendrá la difícil tarea de optar por su compromiso con los agentes sociales, escuchar la voz de su ministro o responder a su compromiso electoral con la sociedad. Por tanto, si escucha a Solbes, tendrá además que decidir si la reforma que emprende se basa en sus promesas electorales o busca ese casi imposible término medio entre las propuestas de empresarios y los sindicatos. El ámbito político deberá bajar a las oscuras cavernas de la legislación laboral y ver qué hacer con un contrato temporal, denostado por todos, pero utilizado hasta la saciedad y el fraude. ¿Será posible encontrar una fórmula que rebaje del 33,4 de tasa de temporalidad sin que, por ello, las empresas encuentren más rigidez en las relaciones laborales? En febrero se sabrá si Juan Rossell, presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, decide presentar batalla o esperar a la próxima ocasión. La paz social también en juego ¿Afectarán ambas cuestiones a las negociaciones en curso o las que se deben cerrar cuanto antes como es el caso del Acuerdo Nacional de Convenios (ANC) Los líderes empresariales y sindicales quieren la prórroga del acuerdo de convenios, aunque la negociación corre el riesgo de convertir la paz social en motivo de presión para alcanzar otros acuerdos pendientes además de la reforma laboral, como pueden ser los cambios que se introduzcan en el sistema de pensiones. En el almuerzo celebrado a finales de año, Cuevas, Fidalgo y Méndez acordaron impulsar la negociación del ANC, que en 2005 se firmó a finales de febrero. Si en la forma UGT y CC. OO. critican la propuesta de máximos de CEOE sobre la reforma laboral, en el fondo subyacen los problemas de siempre. La comisión de expertos aconsejó buscar el equilibrio entre la seguridad de los trabajadores y la flexibilidad que necesitan los empresarios. Y, por tanto, hay un doble objetivo: reducir la temporalidad de los trabajadores y aumentar la productividad de las empresas. El problema es que la propuesta del Gobierno de generalizar el contrato de fomento del empleo estable (33 días de indemnización) rebajar las cotizaciones empresariales, aumentar la protección de los trabajadores y parados, fomentar la igualdad y regular las contratas y subcontratas, no ha satisfecho ni a empresarios ni a sindicatos. CEOE apoya la generalización del En el primer trimestre se decidirá El primer trimestre va a ser un periodo intenso para el diálogo social. Si 2005 acabó con la polémica sobre la devolución del patrimonio histórico a UGT, que ha llevado a CC. OO. a presentar todos los recursos que la ley permite, en los primeros meses de 2006 se verá en qué acaba este conflicto y si la unidad de acción que mantienen ambos sindicatos se ve afectada por el contencioso. Y en CEOE, las elecciones a la presidencia tendrán ocupada a su dirección, cuyo presidente, José María Cuevas, opta a su séptimo mandato. Si el Gobierno tiene que legislar, deberá elegir entre seguir su programa electoral o las medidas de Trabajo La generalización del contrato de fomento de empleo y un nuevo contrato temporal son algunos de los problemas