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46 Sociedad SÁBADO 7 1 2006 ABC JESÚS CALDERA Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Quien tenga más recursos pagará más parte del servicio de dependencia Ha conseguido el respaldo de los agentes sociales para aprobar las bases del Sistema Nacional de Dependencia. Pero antes de que esa red se ponga en marcha deberá lograr el consenso con comunidades, ayuntamientos y partidos políticos. Una tarea que encara con optimismo TEXTO: MARÍA JOSÉ PÉREZ- BARCO FOTOGRAFÍA: ÁNGEL DE ANTONIO MADRID. Sobre sus espaldas recae el peso de poner en funcionamiento el cuarto pilar del Estado de Bienestar desde el 1 de enero de 2007: el Sistema Nacional de Dependencia, que asistirá a las personas que no pueden valerse por sí mismas, a través de una red de servicios y prestaciones. En su financiación participarán el Estado, las comunidades y los usuarios, mediante su renta y patrimonio. Además, Jesús Caldera ultima en estos momentos otra norma de gran calado social: la ley de igualdad, una batería de medidas en favor de la mujer, entre ellas el permiso de paternidad, que tendrá una duración de al menos una semana. -Estaba previsto que la ley de dependencia se aprobara en el primer semestre de 2005, pero ha sufrido un retraso. ¿Las negociaciones con los agentes sociales han resultado más complicadas de lo que esperaba? -La ley estaba prevista para el año 2005 y así ha sido, ya que su anteproyecto se aprobó el 23 de diciembre. La negociación con los agentes sociales ha resultado excelente porque se ha firmado un acuerdo sobre los grandes principios del Sistema de Dependencia. También ha existido acuerdo con las asociaciones de discapacitados a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) La complejidad del desafío nos exigía ser muy cuidadosos. Hemos tenido que elaborar un Libro Blanco, estudiar la distribución de competencias para conocer qué le corresponde al Estado y qué a las comunidades, prever la financiación... Todo ello justifica plenamente que hayamos estado año y medio preparando este gran proyecto. -El texto se ha enviado esta semana a las comunidades. ¿Por qué no se ha contado antes con ellas? -Todas las comunidades autónomas conocen el Libro Blanco de la Dependencia, por tanto los grandes principios en los que se inspira la ley, y hemos mantenido conversaciones informales con todas, pero es responsabilidad del Gobierno aprobar el anteproyecto. Hemos convocado la Conferencia Sectorial de comunidades para que den sus opiniones. Nuestra voluntad es consensuar con todos. -Entonces, ¿cómo perciben las comunidades esta ley? -Todo el mundo nos dice que es total- mente necesaria y, salvo que alguien quiera jugar a la demagogia negativa, espero que haya pleno acuerdo. Es indiscutible que esta materia es competencia del Estado y de las comunidades, más de las comunidades que del Estado, porque la acción social es competencia exclusiva de las autonomías, pero el Estado garantiza el ejercicio de un derecho por igual en toda España. En este caso, sobrepasamos incluso nuestras obligaciones constitucionales y financiamos una parte de una competencia autonómica. Por tanto, la oferta del Estado es generosa. -El sistema exigirá ampliar servicios como teleasistencia, ayuda a domicilio, residencia... ¿Qué papel jugará el sector privado en ello? -Muy amplio, es conveniente estimular el desarrollo de la iniciativa privada. La ley garantiza un derecho subjetivo, universal, en igualdad de condiciones en todo el territorio. Por tanto, establece una garantía pública para el ciudadano, pero los servicios podrán ser de titularidad pública y privada. Hay un mecanismo en la ley que permite a LEY DE DEPENDENCIA El sector privado jugará un papel muy amplio en el Sistema de Dependencia. Hay que estimular esa iniciativa No es justo ni ético que los familiares vacíen el patrimonio de las personas dependientes y luego las lleven a una residencia LEY DE IGUALDAD El permiso de paternidad lo pagará la Seguridad Social, y no impondremos ninguna carga a las empresas La ley estimulará que cada vez exista una representación más amplia de la mujer en los órganos directivos de las empresas las comunidades conceder al sector privado una acreditación de calidad suficiente para prestar estos servicios y acogerse al Sistema Nacional de Dependencia. Es un requisito imprescindible. También tendrá una gran participación el voluntariado, pues la ley impulsará que el tercer sector continúe desarrollando su actividad en esta materia. -Es decir, los servicios serán públicos, concertados y exclusivamente privados. -El sistema no pagará una plaza de residencia que no reúna los requisitos de calidad exigidos, pero si un centro privado presenta esos requisitos y dispone de su correspondiente acreditación cualquier ciudadano podrá elegir ese centro. La cartera de servicios será la siguiente: la teleasistencia cubrirá al cien por cien de las personas dependientes; quien necesite una plaza de residencia la tendrá, de titularidad pública o privada, y los centros de día y la ayuda a domicilio también podrán ser ofrecidos por empresas privadas y públicas. Cuando no exista red suficiente, la ley prevé otras prestaciones económicas como una ayuda para que las familias compren el servicio a una empresa privada acreditada y las ayudas a los cuidadores familiares. ¿En qué casos no llegará la red? -Habrá muchos casos, sobre todo en los primeros años de implantación del Sistema, que se llevará a cabo de forma gradual a lo largo de ocho años. Por tanto, habrá que recurrir a la prestación económica para ir a comprar el servicio donde se pueda o atender con cuidadores familiares. ¿Qué percibirá el cuidador familiar: un sueldo, un subsidio? -No puede ser un sueldo porque no existe una relación laboral con el Estado ni con las comunidades. Se trata de una prestación económica que se fijará de acuerdo con el nivel de dependencia de la persona (si el nivel es más grave habrá más ayuda) y de la capacidad económica del usuario (si una persona dispone de más recursos necesitará menos ayuda, si cuenta con menos precisará más ayuda) Esta prestación está dirigida a familias en las que una persona, normalmente una mujer, ha renunciado a su actividad laboral por cuidar a un familiar. Y no es justo que no reciba una ayuda económica o que no esté dada de alta en la Seguridad So- cial para poder completar su carrera profesional y acceder algún día a una pensión. Es una buena muestra de política de familia. -Algunos estudios dicen que gran parte de los mayores prefieren ser atendidos en sus casas. ¿El sistema tendrá en cuenta sus preferencias? -Uno de los principios de la ley es la permanencia de la persona dependiente el mayor tiempo posible en su entorno familiar, siempre que se garantice un cuidado adecuado. Se puede mantener con ayuda a domicilio, con un cuidador familiar o con un centro de día. Este será uno de los sistemas más utilizados. Si un usuario no quiere acudir a una residencia no irá, será decisión del afectado y de su familia. Pero hay momentos en los que no queda más remedio que acudir a la atención permanente de índole residencial. Y esa es una opción que se va a dar. -Los usuarios participarán en la financiación del sistema según su renta y patrimonio, incluyendo la vivienda. ¿Qué fórmulas recomienda para liquidar el patrimonio? -Efectivamente, el usuario participará con su renta y patrimonio dependiendo de su situación. Pero no es lo mismo una persona discapacitada joven que un mayor dependiente. Eso lo tendrá en cuenta el desarrollo reglamentario de la norma. Tampoco se encuentra en la misma situación el usuario que acude a una residencia que otro que vive en su casa y recibe asistencia domiciliaria o de un cuidador familiar. En estos últimos casos el pa-