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76 Economía VIERNES 6 1 2006 ABC Iberdrola pone en venta las acciones de Galp y rechaza entrar en el consejo de EDP BELÉN RODRIGO, CORRESPONSAL LISBOA. Iberdrola comunicó ayer la intención de vender su participación del 4 en la petrolera portuguesa Galp así como su decisión de no entrar, por el momento, en el futuro consejo superior de EDP, donde posee el 5,7 del capital. El responsable de la eléctrica española en Portugal, Pina Moura, en declaraciones a Reuteurs, aclaró así la posición de la empresa cuyos planes serán llevados a cabo después de tomar en consideración todas las fórmulas económica y jurídicamente posibles que permitan concretar las referidas operaciones de forma satisfactoria y en el momento más adecuado teniendo en cuenta los intereses de los socios Después de varios días de polémica en Portugal por la supuesta entrada de Iberdrola en los nuevos órganos sociales de la eléctrica lusa, que provocó además la dimisión del presidente ejecutivo, Joao Talone, las declaraciones de ayer de Pina Moura aclararon así la estrategia de la compañía española en Portugal. Desde hace semanas se hablaba de la intención de Iberdrola de vender su 4 de Galp (entre los posibles compradores se encuentran el empresario luso Américo Amorim y la CGD) tal y como ha quedado ya confirmado y se debe a una política de la empresa para centrarse así en su posición de EDP. Pina Moura aclaró que Iberdrola Portugal está dispuesta a colaborar con el nuevo consejo de administración para desarrollar sus mejores esfuerzos en identificar proyectos mutuamente ventajosos Los híper consideran anticonstitucional el impuesto medioambiental de Aragón La nueva tasa grava las superficies de venta de más de 500 metros b La patronal afirma que el Gobier- Argumentos en contra Anticonstitucional. Los híper consideran que es anticonstitucional porque el hecho imponible coincide con el IBI y el IAE y recuerdan que, según el Tribunal Constitucional y el Supremo no se pueden fijar impuestos sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado, ni materias reservadas a las Corporaciones Locales Discriminatorio. El carácter discriminatorio de esta nueva tasa es criticado por Anged, al entender que grava a las grandes superficies por la afluencia de vehículos, pero se excluyen otros tipos de comercio y actividades, en los que concuren las mismas circunstancias Daña la libre competencia. Los híper aseguran que el impuesto medioambiental deteriora claramente el ejercicio de la libre competencia, produce inseguridad jurídica y una gran desconfianza a los operadores de cualquier sector que tienen previsto instalarse en Aragón. Al final, el principal perjudicado será el consumidor dora y daña gravemente la competitividad de las empresas Los hipermercados, representados por Anged, argumentan la acusación de anticonstitucionalidad porque el hecho imponible coincide con el IBI y el IAE y recuerdan que, según la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tal y como establece la Lofca, no se pueden fijar impuestos sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado, ni materias reservadas a las Corporaciones Locales Además, consideran que esta nueva figura impositiva no tiene un carác- no aragonés podría recaudar entre sus empresas unos siete millones de euros y asegura que la tasa daña la competitividad PALOMA CERVILLA MADRID. La aprobación por parte de las Cortes de Aragón de un nuevo impuesto medioambiental que grava a las grandes superficies comerciales ha provocado el malestar de Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) que lo califican de confiscatorio y discriminatorio Esta nueva tasa afecta a las grandes áreas de venta que superan los 500 metros cuadrados y la cuantía de la misma oscila entre 12 y 19 euros por metro cuadrado, en función de la superfice ocupada. Así, hasta 2.000 metros cuadrados la cuota es de 12 euros, hasta 3.000 será de 15 euros, hasta 5.000 de 17,40 y hasta 10.000 metros cuadrados de 19 euros por metro. ter extrafiscal, como se dice, sino una finalidad exclusivamente recaudatoria, ya que los ingresos no pueden hacer nada para evitar el supuesto daño medioambiental, salvo que los comerciantes cierren sus establecimientos Otro de los puntos de esta ley de medidas fiscales y administrativas del Gobierno aragonés es su carácter discriminatorio, ya que se grava a las grandes superficies por la afluencia de vehículos, pero se excluyen otros tipos de comercio y actividades, en los que concurren las mismas circunstancias Plan General de Equipamiento Igualmente, las empresas representadas en Anged destacan la incoherencia de que el Plan General de Equipamiento Comercial de Aragón exija construir aparcamientos para obtener una licencia comercial, y ahora se trate de gravar precisamente a los que los tienen En este sentido, recuerdan que las plazas de aparcamiento han representado una fuerte inversión de las empresas para satisfacer las necesidades de los clientes, cumplir la normativa vigente y colaborar en la resolución de los problemas de tráfico urbano, por lo que no deben ser objeto de impuesto alguno A esta asociación empresarial también le sorprende que un centro comercial compuesto por locales de menos de 500 metros cuadrados no esté sujeto al impuesto por mucho aparcamiento y mucha afluencia de público que tenga Finalmente, aseguran que esta iniciativa deteriora claramente el ejercicio de la libre competencia, produce inseguridad jurídica y una gran desconfianza a los operadores de cualquier sector Dañan la competitividad Según los cálculos realizados por esta asociación empresarial, el Gobierno de Aragón podría llegar a recaudar por este impuesto unos siete millones de euros, sólo de las empresas asociadas a Anged. En el caso de que se tuviese en cuenta la totalidad de las medianas y grandes superficies, el impuesto podría superar los ocho millones de euros, una cantidad muy superior a los cuatro millones cuantificados por el Ejecutivo aragonés. A juicio de Anged, esta nueva tasa, que no existe en ninguna otra comunidad autónoma, es anticonstitucional, recaudatoria, sancionadora y confisca- Morgan Stanley despide a cuatro empleados por ir a un club de striptease EFE NUEVA YORK. La firma estadounidense de inversiones Morgan Stanley despidió a cuatro de sus empleados por haber visitado un club de striptease en compañía de uno o más clientes de la empresa, según el periódico The Wall Street Journal Un analista de acciones y tres agentes de venta, todos hombres, realizaron la visita al club de striptease durante un viaje de negocios a la ciudad de Phoenix, en Arizona. La empresa prohíbe explícitamente que sus empleados participen de este tipo de actividades en compañía de clientes de la empresa. El 76 de los trabajadores recuperará 0,86 puntos de poder adquisitivo por la desviación del IPC MAITE VÁZQUEZ DEL RÍO MADRID. El 76 de los trabajadores recuperarán 0,86 décimas de poder adquisitivo al tener su convenio colectivo cláusula de revisión salarial, según datos de UGT, en cuyo balance sobre negociación colectiva se confirma que en los once primeros meses del año la subida salarial media se situó en el 2,94 mientras el dato avanzado de inflación de diciembre confirmaba un 3,8 (en noviembre se había situado en el 3,4 lo que supone que los trabajadores habrían perdido casi nueve décimas de poder adquisitivo. En total, 7.875.152 trabajadores tenían firmado su convenio colectivo el 30 de noviembre de 2005. Los datos de UGT confirman que hasta esa fecha se habían firmado un total de 3.935 convenios, de los que 2.256 contienen la cláusula, que beneficiará 5.975.103 trabajadores. Dichas cláusulas actuarán a partir del 2,17 de inflación, tal y como quedó pactado de media en los convenios firmados hasta noviembre pasado. El sindicato liderado por Cándido Méndez, además de destacar la efectividad de esta cláusula, pone especial énfasis en el avance que ha tenido esta medida en los convenios de empresa, ya que un 71,66 de los 2.936 convenios de empresa firmados (que afectan a 738.450 trabajadores) han incluido la cláusula de revisión, aunque era en es- te área donde mayor resistencia existía por incluir la cláusula de garantía salarial. En 2004, la aplicación de la cláusula de revisión salarial supuso a las empresas un coste adicional de 1.500 millones de euros, al desviarse la inflación en 13 décimas (el Índice de Precios al consumo acabó en el 3,3 en tanto que la inflación prevista fue del 2 Para 2005, el coste de la desviación del IPC supondrá unos 2.000 millones. Un 2,5 menos de trabajadores A falta de conocerse los últimos convenios firmados en diciembre, cabe destacar que la cláusula de revisión salarial en 2004 afectó al 78,59 de los convenios, lo que supone un 2,5 más que los registros hasta noviembre de 2005. Por tanto, queda pendiente por conocer si la cláusula de revisión en 2005 ha continuado extendiéndose en la negociación colectiva o, si por el contrario, el pasado ejercicio comenzó a registrar un retroceso.