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4 Opinión VIERNES 6 1 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil UN INFORME CONTUNDENTE OS efectos anticompetitivos que tendría la opa de Gas Natural sobre Endesa no pueden ser compensados con el establecimiento de una serie de condiciones que nunca resarcirían los daños de la fusión. Esta es la conclusión del informe que el Tribunal de Defensa de la Competencia envió ayer al Ministerio de Economía, y en el que se aconseja al Gobierno que declare improcedente la operación. La contundencia argumental del TDC- -que advierte del riesgo de que se incrementen los efectos restrictivos sobre la competencia- -coloca al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en una desairada posición, pues un eventual visto bueno a la operación por parte del Consejo de Ministros provocaría de inmediato la respuesta ante los tribunales de Endesa y la apertura de un dilatado y complejo litigio que afectaría negativamente las expectativas de un sector energético necesitado más que nunca de un marco estable. Ello sin contar con que el Tribunal de Luxemburgo podría dictar medidas cautelares, una vez oídas a ambas partes y valorado el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. L LA CONFISCACIÓN DEL ESTADO L tiempo no juega a favor de la estrategia del Gobierno en la negociación del proyecto de Estatuto para Cataluña, porque está permitiendo que afloren todas las diferencias de fondo y forma que quedaron veladas por el rescate in extremis realizado por el jefe del Ejecutivo. Las voces que entonces aconsejaban que fueran el socialismo catalán y, en particular, Pasqual Maragall quienes asumieran el coste de frenar en origen este despropósito inconstitucional se ven ahora confirmados por los mínimos márgenes de negociación en los que se mueven el PSOE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Los independentistas de ERC han sacado a pasear el demonio familiar del PSOE y han advertido que del fracaso del Estatuto sólo se beneficiará el PP. Y éste es el dilema en el que se ha plantado el PSOE, solo y sin ayuda: o una huida hacia delante en la que se llegue a un acuerdo como sea para evitar que la pieza se la cobre el PP o acabar cediendo a las evidencias de que este proyecto no tiene salida, aunque suponga reconocer que los populares tenían razón cuando le demandaron no apoyar el proyecto del tripartito. El Gobierno es cada vez más vulnerable en esta negociación y sus interlocutores nacionalistas lo saben: abundan en la división del Ejecutivo, descalificando la propuesta de financiación patrocinada por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, y reclaman, al mismo tiempo, la intervención mesiánica de Rodríguez Zapatero, insistiendo en la reclamación de una financiación que supone, lisa y llanamente, la confiscación de las arcas del Estado, la merma presupuestaria de la Administración General. Por eso, cuando ERC pide el 80 por ciento del IRPF para la Generalidad, desprecia el efecto general en la capacidad financiera del Estado, porque, trasladada esa transferencia tributaria a todas las Comunidades autónomas- -al descartarse un sistema de financiación sólo para Cataluña- la Hacienda estatal perdería, ya en 2007, unos 30.000 millones de euros. Para la Generalidad implicaría la obtención de más de 5.000 millones de euros, importe que supera con creces el de E varios departamentos ministeriales. El aspecto más preocupante de esta pugna de números es doble. Por un lado, el Gobierno demuestra no tener una última palabra que zanje la discusión. No lidera la negociación ni ha asumido con todas sus consecuencias la representación de los intereses nacionales. La propuesta de Solbes, aunque éste insista en que el sistema del proyecto estatutario es incompatible con la Constitución, se ha tomado no como lo que debía ser, la oferta final, sino como un punto de partida para negociar, y esto supone una grave desautorización para la única voz del Ejecutivo que ha terciado con sentido común en este asunto. La negociación estatutaria es, así, una muestra sucesiva de las debilidades del Gobierno, y no sólo en el aspecto económico. Su ministro de Economía lanza una propuesta financiera, pero se descarta como línea roja del acuerdo. Su ministro de Justicia propone una reforma judicial ad hoc de algunas demandas nacionalistas, pero ya se anuncian nuevos acuerdos en materia de Justicia que desbordarán el proyecto ministerial. Y esto es lo que ha trascendido. La ventaja de los nacionalistas en esta negociación es que saben que el Gobierno no ha trazado límites infranqueables y que, en todo caso, los atisbos de firmeza que pueda exhibir se debilitan señalando al PP y el beneficio político que obtendría si el proyecto de Estatuto fuera retirado del Parlamento. Esto no es una política de Gobierno, sino un menudeo partidista. Cuando un problema es de dinero, hay solución. Pero en este caso, tras la exigencia de más fondos para la Generalidad, lo que asoma es una absoluta indiferencia por la suerte de España en su conjunto, por la solidaridad de las regiones y por las políticas de cohesión que precisa un país todavía con grandes desequilibrios territoriales. No se puede esperar otra cosa de la actitud nacionalista, cuyo motor siempre ha sido el egoísmo y la insolidaridad, la permanente impugnación de los grandes consensos constitucionales y la provocación de una incomodidad permanente en los territorios en los que se asienta en la relación con el resto de España. Pedro Solbes JAIME GARCÍA LEGÍTIMA DEFENSA AS circunstancias que rodean el asalto a un chalé valenciano, cuyo propietario, en legítima defensa, mató a dos de los ocho miembros de una banda organizada que habían penetrado en el interior de la vivienda, plantea una reflexión a fondo sobre el clima de creciente inseguridad derivado de la proliferación de bandas organizadas que han hecho del crimen un modus operandi La procedencia extranjera de algunos de los asaltantes no debería llevarnos a establecer vinculaciones directas, y sin matices, entre inmigración y delincuencia, más aún cuando el perfil de estos atracadores tiene los ribetes propios de las organizaciones mafiosas. Lo que urge es dotarse de mecanismos de defensa capaces de hacer frente a una nueva y peligrosa criminalidad, con infraestructura y medios, que obliga a realizar un esfuerzo añadido de las administraciones públicas. El asalto al chalé de Valencia no es un caso aislado, sino el síntoma de una dolencia que amenaza con hacerse crónica en la sociedad española. L VIDEOJUEGOS SIN CONTROL H OY, día de Reyes, miles de jóvenes y adolescentes van a recibir videojuegos de todo tipo como regalo de sus familias y amigos. Además, por desgracia, podrán acceder sin ningún problema a títulos destinados a los adultos en las consolas, ordenadores y teléfonos móviles, probarlos en las tiendas especializadas y ampliar la información en las revistas del sector. Según datos que ofrecía ayer ABC, citando fuentes de Amnistía Internacional, cerca de tres millones de menores utilizan en España los videojuegos destinados a los mayores, entre otras razones porque están etiquetados de forma insuficiente y porque la legislación en vigor (aprobada en todas las Comunidades Autónomas, excepto en Baleares) apenas se cumple en la práctica. Muchos productos que circulan con toda libertad por el mercado incorporan elementos de discriminación, drogas, miedo, lenguaje soez, sexo y violencia, sin que las administraciones públicas se decidan a establecer límites razonables, como ya ocurre en países como Alemania o el Reino Unido. Es notorio, además, que internet ofrece es- peciales facilidades para la distribución de este tipo de productos entre los sectores más vulnerables de la población. La violencia, el imperio de la fuerza bruta y la humillación de los más débiles son elementos comunes en cierto género de juegos y películas. El mal se presenta como algo puramente banal, que sirve con toda naturalidad para entretener a la gente en los ratos de ocio. De este modo, millones de jóvenes reciben una influencia perversa que son incapaces de equilibrar con las pautas de una educación cívica y moral que ya no se transmite desde la familia ni desde la escuela. Todo el mundo se escandaliza cuando algunos menores desarrollan en la vida real los comportamientos más crueles, incluyendo la comisión de graves delitos. No es coherente, sin embargo, que la sociedad condene severamente la violencia y las agresiones a los Derechos Humanos y que no exija de una vez a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para impedir el consumo irresponsable de ciertos productos deleznables.