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ABC JUEVES 5 1 2006 Opinión 7 una Unidad Militar de Emergencias, dependiendo directamente del Ministerio, y al margen de la cadena de mando militar; o cuando se ha tratado de nuevas reducciones de unidades- -que siempre tienen un alto coste social y humano- -el ministro parece valorar la opinión del personaje aludido tanto como la de sus asesores militares naturales y legales, que son los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada, y que además tienen un conocimiento mucho más detallado de las circunstancias de cada caso. LA ESPUMA DE LOS DÍAS DIVINAS PALABRAS UIENES hemos sido educados en su fe y en sus dogmas durante largos años, siempre hemos tenido a la Iglesia Católica por una institución en la que la primacía de la regla y la exigencia de su estricto cumplimiento prevalecían sobre cualquier laxitud o veleidad, así de los sentidos como del espíritu. Es verdad que, al final de la escapada, Dios nos ofrecía la promesa de un perdón irrestricto. Aún así, uno procuraba no abandonar con frecuencia temeraria las pautas trazadas por sus tutores, no fuera a ser que el fin de todas la cosas le pillara en tierra de nadie entre la infracción grave y el confesionario. Con el paso del tiempo, y de muchas otras fatigas, EDUARDO uno ha dejado de practiSAN MARTÍN car, como le ha ocurrido a la mayor parte de sus ex condiscípulos, y se encuentra instalado en ese limbo del agnosticismo pasivo en virtud del cual prefiere no meditar sobre la trascendencia porque la inmanencia de cada día ya le proporciona suficientes dolores de cabeza. Aún así, aquella educación en un colegio religioso ha impreso en mi conciencia un respeto espontáneo por toda norma que albergue en su meollo una inequívoca carga moral. Es por ese motivo por el que, a pesar de preferir seguir viviendo en el limbo donde me hallo, me siento inclinado a identificarme con un Papa que, en su primer mensaje al mundo, denunciaba con inacostumbrada energía el pecado del relativismo moral como el más aborrecible del mundo moderno. Y es esa misma razón la que me sumerge en la perplejidad cuando leo en los medios de información que todo un obispo con mando en diócesis se apunta a ese relativismo, condenado por su pontífice, cuando propugna que la aplicación excesivamente rígida de la ley es un obstáculo para no se sabe qué paz. A uno le enseñaron, en el seno de la religión a la que ese eminente pastor representa, que la no aplicación exacta de la ley allana el camino a la injusticia; y también, que no hay paz que merezca la pena que no se fundamente en la justicia. Lo demás será ausencia de violencia pero no paz, e incubará en su vientre el huevo del próximo conflicto. En democracia, habrá de cumplirse la ley mientras sea ley, y sólo los jueces pueden decidir sobre su aplicación, que será rígida o no sólo en función de las expectativas de su sujeto pasivo y no de las preferencias morales o políticas del intérprete interesado, a no ser que la conciencia de este último se encuentre infectada por ese pecado del que aborrece Benedicto XVI. Claro que uno se encuentra a medio minuto de perder toda fe en la jerarquía católica cuando, además de lo reseñado, lee que el Vaticano avala la labor de mediación de tres sotanas en el País Vasco; mediación, se supone, entre quienes infringen gravemente la ley y quienes tienen la obligación de hacerla cumplir. ¿Sabe el Papa Ratzinger algo de todo esto? La ley establece como requisito para las misiones fuera de España la consulta previa al Parlamento y el respeto a la legalidad internacional. Aparentemente condiciones perfectas. En la práctica, la casuística de las situaciones puede ser tan variada que será difícil autorizar una participación en el exterior en tiempo oportuno. Y la experiencia enseña que llegar tarde a estas misiones tiene siempre un alto coste en su cumplimiento, y afecta notablemente al prestigio nacional. Pero además hoy las operaciones están permanentemente condicionadas por el factor político. No basta una autorización inicial, se vive un cambio permanente que puede obligar a nuevas consultas al Parlamento (el caso de la fragata Álvaro del Bazán es paradigmático) que a su vez provocarán nuevas demoras, hasta el punto de que si no se encuentran soluciones muy ágiles para estas consultas, nuestras Fuerzas Armadas pueden ser muy poco operativas en este tipo de misiones. Y, por último, ¿qué es la legalidad internacional? Habría que explicárselo más claramente a la opinión pública. En la OTAN son las decisiones del Consejo Atlántico, en el que están representados todos los miembros y que se toman por unanimidad. En la ONU, las del Consejo de Seguridad, en el que se sientan siempre los cinco miembros permanentes. España parece haber seguido el modelo de Francia, que requiere una autorización previa de las Naciones Unidas para intervenir. Pero se olvida que Francia, al ser miembro permanente, consigue que las decisiones del Consejo estén de acuerdo con sus intereses. España se ha atado las manos innecesariamente. Creo que se ha perdido una gran oportunidad y que se han antepuesto intereses políticos a corto plazo a la urgente necesidad de articular una organización militar eficiente, capaz de integrar adecuadamente el esfuerzo de cada uno de su componentes y que pueda ser empleada en tiempo oportuno. Tendremos que seguir esperando. Q CARLOS KILLIAN de las relaciones entre el consejo de administración, Presidencia y Ministerio, y los accionistas, el Parlamento, pero menos de lo que debería constituir el meollo de la empresa, en este caso la organización militar Esta falta de interés es el reflejo de la gran confusión que existe en el Ministerio entre lo político y lo militar. Esta confusión se ha agudizado en los últimos años por la presencia de determinado personaje que ha jugado, a menudo simultáneamente, a político o a militar, en función de las circunstancias. Ejemplos, la creación sui géneris de PALABRAS CRUZADAS ¿Debe hacer caso el Gobierno al informe del Tribunal de Defensa de la Competencia? VA DE VÍNCULOS I idea sobre las consecuencias económicas y empresariales de la opa, expertos tiene la Iglesia para pronunciarse con criterio, aunque a la abajo firmante no le cabe absolutamente ninguna duda de las connotaciones políticas de esa operación. Por si hacían falta más pruebas que las evidentes ahí tenemos las declaraciones últimas de Carod- Rovira exigiendo la intervención de Zapatero para dar luz verde a lo que el Tribunal de Defensa de la Competencia pone luz roja. Pero lo que no se puede admitir es que si existe una institución cuyos dictámenes deben ser tomados en consideración por el Ejecutivo, es que el Ejecutivo se encoja de hombros cuando le conviene y denuncie que se trata de una institución politizada. Pues PILAR claro, está politizado el Tribunal y está poCERNUDA litizado el Consejo General de la Energía, con una dirigente del PSC y ex diputada en la presidencia, como está en la presidencia del Tribunal de Defensa de la Competencia un ex diputado y ex eurodiputado del PSOE. Todo lo relacionado con la opa hiede desde el punto de vista político. Por la desfachatez con que se aceptan unos dictámenes y se abomina de otros en función de lo que interese, y por la insistencia del Gobierno en recordar que las decisiones del Tribunal no son vinculantes. Pues si lo tiene en tan poca estima, que lo elimine del mapa. Pero si existe, no se pueden tirar sus informes a la papelera. PRUDENCIA, PRUDENCIA... E ha envenenado, politizado (los políticos lo han querido) un tema que, como la opa de Gas Natural sobre Endesa, debería haber sido estrictamente económico: ¿conviene o no conviene a los intereses de España, de los consumidores, de los accionistas? Se ha hablado de todo, pero de esto, poco. Y hay cosas extrañas: informes técnicos contrapuestos, violentados luego, respectivamente, por consejeros de la Comisión Nacional de Energía y por los vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia. Aquí, cada cual obedece escrupulosamente al partido que lo nombró: si el PSOE, a favor de la opa; si el PP, en contra. El desprestigio de los organismos controladores es máximo, y brisas de sospecha se extienden FERNANDO hasta los linderos de algún Ministerio, JÁUREGUI empeñado hasta el insulto de las tesis contrarias, en el triunfo de las iniciativas de La Caixa y Gas Natural. ¿Es lo mejor, lo peor? Soy incapaz de pronunciarme (el propio Solbes, que en teoría decide, guarda silencio) Pero en este clima de pasión y sombras es peligroso para el Gobierno decidir ahora, a favor (lo más probable, claro) o en contra. Ante dos informes contrapuestos, manoseados y polémicos, lo urgente ahora es esperar, abrir un diálogo entre las empresas, buscar voces neutrales, que ahora no aparecen. Otra cosa trasladaría la gran batalla hasta La Moncloa, ya implicada de todos modos. N S ¿Y usted qué opina? Déjenos su mensaje o su voto en la página web www. abc. es eldebate