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ABC MIÉRCOLES 4 1 2006 Nacional 13 La Audiencia estudiará también el embargo de los bienes del otro asesino de Baglietto La responsabilidad civil de ambos etarras podría haber prescrito ya b Cándido Azpiazu y Juan Ignacio Zuazolazigorraga fueron condenados solidariamente en 1989 al pago de 72.000 euros, de los que 60.000 eran para la viuda NATI VILLANUEVA MADRID. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará también el embargo de los bienes del etarra Juan Ignacio Zuazolazigorraga, asesino del concejal de UCD Ramón Baglietto, pues tampoco ha hecho frente a la responsabilidad civil a la que fue condenado en 1989 por este crimen. Así lo solicitó ayer la Fiscalía en un escrito que se suma al que el pasado 5 de diciembre presentó el Ministerio Público en relación con Cándido Azpiazu, el otro asesino de Baglietto, quien ha abierto una cristalería en los bajos del inmueble en el que reside la viuda del edil, Pilar Elías. Fue precisamente esta circunstancia la que motivó la reacción del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas, Gregorio Peces- Barba, quien el pasado diciembre solicitó que se impusieran a los etarras medidas de alejamiento anexas a las condenas para evitar situaciones tan paradójicas como la que está viviendo esta viuda. El fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, cogió el testigo de esta reivindicación y dio instrucciones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que solicite de forma explícita en sus informes esta pena accesoria. El caso es que con independencia de que se pueda prohibir a ambos etarras acercarse a los familiares de Baglietto, -lo que parece imposible, dado que ambos han cumplido ya sus condenas- sí es cierto que ni Azpiezu ni Zuazolazigorraga han satisfecho la responsabilidad civil a la que, junto a los 49 años de cárcel, fueron condenados de forma solidaria: 72.000 euros, de los que 60.000 eran para la viuda del edil. Ambos etarras fueron declarados insolventes el 7 de enero de 1981. La AVT dará a conocer más casos como el de la viuda del edil MADRID. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) está preparando un informe en el que denuncia casos de miembros de ETA que viven o han abierto negocios cerca de sus víctimas o de familiares de estas, como ha sucedido con la viuda de Ramón Baglietto, Pilar Elías, quien tiene que soportar cada día ver la cara del asesino de su marido, que ha abierto un negocio en los bajos del mismo edificio en el que ella reside. La denuncia de la AVT se produce días después de que la Audiencia Nacional haya impuesto al etarra Diego Ugarte una orden de alejamiento de cinco años de las familias de sus víctimas, el socialista Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez. El colectivo, que respalda esta medida impulsada por la Fiscalía General del Estado y el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces- Barba, no se ha atrevido todavía a adelantar cuántas víctimas de ETA pueden estar en la misma situación que Pilar Elías, pues la gente tiene mucho miedo a denunciar. Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal contó con el informe favorable de la Fiscalía. No obstante, fuentes del Ministerio Público consideran que el sobreseimiento es provisional y que la pieza se puede reabrir en cualquier momento, cuando se tenga constancia, como parece que ha sido el caso, de una mejora en la situación económica del condenado. Lo que teóricamente le ERNESTO AGUDO permitiría afrontar sus responsabilidades civiles. Sin embargo, y a falta de que la Sala de lo Penal (que preside Javier Gómez Bermúdez) se pronuncie, no está nada claro que después del tiempo transcurrido se pueda exigir a ambos etarras el pago de esa indemnización, pues la responsabilidad civil prescribe a los La pieza fue archivada en 2003 El hecho de que años después los dos criminales hayan abierto sendos negocios (el de Azpiazu, a los pies del domicilio de la viuda de Baglietto) ha hecho pensar a la Fiscalía que ha habido modificaciones en su situación económica y de ahí que se haya solicitado al Registro de la Propiedad información sobre los bienes de los que disponen, entre ellos la cristalería de Azpiazu y el restaurante, que, según la viuda de Baglietto, ha abierto recientemente Zuazolazigorraga. Fuentes de la Audiencia Nacional aseguraron que el 16 de septiembre de 2003, el entonces presidente de la Sala de lo Penal de este tribunal, Siro García, dictó una providencia en la que archivaba la ejecutoria de la responsabilidad civil de Azpiazu. Este archivo 15 años desde que la condena es firme, y, en este caso, la firmeza de la resolución data del 23 de diciembre de 1981. (Ni Azpiazu ni Zuazolazigorraga recurrieron ante el Tribunal Supremo) Las fuentes antes citadas explicaron que salvo que hubiera habido algún acto que interrumpiera la prescripción, ésta se habría producido el 23 de diciembre de 1996. Este acto, que podría haber consistido en un reconocimiento de deuda, en una reclamación judicial o en una reclamación extrajudicial, se tendría que haber producido entre del 5 de diciembre de 1990 (contados 15 años atrás desde la solicitud de embargo de la Fiscalía del pasado 5 de diciembre) y el 23 de diciembre de 1996 (cuando se cumplieron los 15 años de la firmeza de la sentencia) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene intención de pronunciarse sobre la petición fiscal el próximo lunes. Alejamiento por la matanza de Hipercor Por otra parte, y respecto a las medidas de alejamiento, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones del Terrorismo (Acvot) aseguró ayer que la medida de alejamiento impuesta al etarra Diego Ugarte, condenado a 100 años de cárcel por el asesinato de Fernando Buesa, no es la primera dictada por los tribunales. Así, Acvot recordó que Domingo Troitiño y Josefa Mercedes Ernaga, dos de los autores del atentado de 1987 contra el Hipercor de Barcelona, en el que murieron 21 personas, fueron condenados en 1989 a 6 años de alejamiento de la capital catalana.