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6 Opinión MIÉRCOLES 4 1 2006 ABC AD LIBITUM TRIBUNA ABIERTA MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO PROFESOR DE HISTORIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO LGUIEN debiera, treinta años después de la muerte de Francisco Franco, escoscar la memoria antifranquista que, unas veces con mayor y otras con menor intensidad, viene presidiendo la vida española en un ejercicio continuado de rencor y anacronismo. A tal punto llega ya el disparate, bien orquestado por sus manipuladores, que son varios los grupos que, para celebrar el septuagésimo quinto aniversario de la proclamación de la II República, el próximo 14 de abril, pretenden un homenaje nacional a las víctimas del franquismo ¿Es que no seremos nunca capaces de superar los odios y rencores que, como una constante vital, M. MARTÍN sazonan las dos España FERRAND y tejen el difícil y hosco entramado de nuestra convivencia? Cada cual es muy dueño de cultivar los recuerdos que le sean más queridos y próximos con el único límite de que, proyectados al exterior- -es decir, extraídos de su intimidad- -sean compatibles con los de los demás. No se puede inventar la historia, como tantos pretenden, para mejorar la memoria de un abuelo, de un pueblo, de un partido o de una parroquia. La ensoñación íntima de la memoria es legítima; pero su proyección exterior, fuera de los márgenes del rigor inteligente y del respeto a la Historia, es una agresión en toda regla. Algo especialmente doloroso y grave cuando se parte de una Guerra Civil que dividió España en dos bandos. ¿Irreconciliables? Entre los méritos de los grandes protagonistas de la Transición, que no son pocos, se puede subrayar, por la izquierda y por la derecha, la generalizada corrección que, bien combinada con la amnesia voluntaria, permitió sentar las bases de una realidad democrática y constitucional. Eso no se compadece con la actitud reivindicadora con la que, de repente y a falta de mejor causa, se pavonean los republicanos sobrevenidos que quieren celebrar el 14 de abril del 31 exigiendo unas responsabilidades que, de existir, no llegaron hasta cinco años después, el 18 de julio del 36. Todos los ciudadanos somos, en cada franja de la Historia, víctimas y beneficiarios del tiempo, el régimen político, los avances tecnológicos, la miseria ambiental y cuantos etcéteras configuran el marco geográfico de una generación. Acuñar ahora unas víctimas del franquismo con nombres, apellidos y listas de agravios es un ejercicio de oportunismo que produce un cierto sonrojo. Para nuestra desgracia colectiva la mayoría de las etapas de nuestra peripecia histórica han ido produciendo víctimas pero sería injusto conmemorarlos sin descanso y, sobre todo, sin un solemne y formal proceso a la Historia que pusiera a cada cual en su sitio. Desenterrar cadáveres no es lo mejor para cimentar el futuro de España y, además y dicho sea de paso, no les conviene a los anacrónicos cabecillas de la memoria regional. A LA OBSESIÓN CON EL PASADO Tras la concesión del Gobierno de trasladar el Archivo de Salamanca, el autor se pregunta cómo se las apañarán los sabios que gusta nombrar el Gobierno para encontrar el justo medio en el que hacer una política que recupere la dignidad de las víctimas (no sabemos si de todas) D E un tiempo a esta parte, el discurso sobre el pasado ha ido ganando terreno en la vida política nacional, sobre todo a raíz de algunas de las decisiones y comportamientos del actual Gobierno y muy especialmente de sus principales socios parlamentarios. Como si no tuviera problema alguno que gestionar, el Gobierno catalán acaba de anunciar que prepara un acto especial para recibir los fondos documentales del Archivo de Salamanca, en lo que interpreta como un acto de justicia histórica que debe ser celebrado por todo lo alto. El recurso a la historia no es nuevo en el lenguaje de los políticos; forma parte de la arquitectura más elemental sobre la que descansan las estrategias de acción política. Los políticos no pueden prescindir de la historia. No sería bueno que renunciaran a ella. La necesitan para construir discursos coherentes, para fijar estrategias políticas, para tener conciencia del pasado y saber afrontar el presente. El pluralismo político, que es una de las esencias de la democracia liberal, sólo es posible si la gran mayoría admite que no hay una única verdad y que, por tanto, las ideas del adversario son legítimas. El pluralismo implica diferencias de criterio respecto del análisis del pasado. Y es bueno que así sea. Sin embargo, la influencia del análisis histórico sobre la acción política tiene algunos límites. Uno de los pactos más valientes y delicados de nuestra Transición consistió, precisamente, en desterrar el debate sobre el pasado de los argumentos que debían confrontarse para construir unas reglas del juego comunes. No implicaba eso que el pasado dejara de ser referencia del discurso ideológico de cada cual. Cerrada la Transición, cada uno era muy libre de interpretar la historia como le pareciera, con una salvedad: que la participación necesaria del pasado en el debate político no sirviera para cuestionar la legitimidad democrática del adversario, esto es, para convertirle en enemigo del sistema. Durante años, quienes rechazaron ese pacto, la Izquierda Republicana de Cataluña, fundamentalmente, aunque también, a partir de un cierto momento, los sucesores de Carrillo al frente del Partido Comunista, hicieron todo lo posible por denunciarlo y utilizaron recurrentemente la apelación al pasado para cuestionar la calidad de nuestra democracia y la legitimidad de un gobierno conservador. Ahora, tras la formación de un gobierno que se mantiene en pie, en Madrid y en Barcelona, gracias al apoyo de esas dos fuerzas políticas, nos encontramos ante una situación que era previsible: el Ejecutivo no tiene inconveniente, todo lo contrario, en afirmar que una de sus tareas fundamentales ha de consistir en saldar una deuda que la política española tiene con el pasado. No conviene olvidar, por otra parte, que destacados líderes socialistas vienen afirmando desde hace varios años que quizá se cedió demasiado en la Transición y que podría haber llegado el momento de usar el poder político para recuperar eso que llaman memoria histórica. El asunto de los papeles del Archivo de Salamanca y la ley que parece estar preparándose para recuperar la dignidad de las víctimas son dos ejemplos elocuentes. Más importan-