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4 Opinión LUNES 2 1 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil ÓRDENES ESCRITAS EN PAPEL MOJADO C EL LABERINTO DE 2006 L Gobierno de Rodríguez Zapatero se enfrenta al nuevo 2006 con la presión de quien tiene que salir de un laberinto antes de perderse definitivamente en él. En 2007 empieza la temporada electoral. No hay otro responsable de esta situación que el propio Gobierno y su política de selección de aliados, porque nunca antes un Gobierno en minoría, como el de Zapatero, había negado tan absolutamente al principal partido de la oposición cualquier posibilidad de acuerdo, incluso en materias en las que sus bases electorales comparten criterios fundamentales. La exclusión del PP, solemnizada en el Pacto del Tinell y aplicada a rajatabla por el PSOE, aísla al Gobierno en su responsabilidad exclusiva por tener que abordar este nuevo año como una prórroga para deshacer los entuertos del anterior. Por lo pronto, la despedida económica de 2005 contrasta con la excelente autocalificación que se dio el propio presidente del Gobierno. Incurriendo en lo que él mismo criticaba hace apenas un par de años- -la complacencia de Aznar con la macroeconomía y el desinterés por las economías familiares- Rodríguez Zapatero inaugura el año con una inflación muy alta, superior al crecimiento económico, y coincidente con un incremento de los tipos de interés que se suma a los anunciados aumentos de luz, gas, agua y transporte. El patriotismo social es un eslogan vistoso para un acto de partido- -aun haciendo cuentas de becas y pensiones, que las han hechos todos los Gobiernos, en todo tiempo- pero es corto para tapar la realidad cuando ésta no se deja disfrazar. Las familias están al límite de su capacidad de endeudamiento y nuevas cargas económicas, sin un correlativo control de precios, pueden ser el anticipo de un colapso financiero. Pese a que los indicios negativos vienen de largo, el Gobierno no ha aprovechado este primer tiempo de su mandato para hacer reformas estructurales en el mercado laboral o en aumentar la competencia de servicios. Reformas que deben hacerse en coyunturas de bonanza económica, para anticiparse a un cambio de ciclo cuya llegada es una seria amenaza. En el terreno político, el laberinto es más complicado para Rodríguez Zapatero porque a cada paso que da, cambia el trazado y pierde el camino de vuelta. El Gobierno socialista ha abierto en canal la Constitución desde el momento E en que la alianza con los ultranacionalistas catalanes permitió llevar a las instituciones del Estado propuestas, como el nuevo Estatuto de Cataluña, que no pretenden un desarrollo del modelo autonómico, sino una suplantación pura y simple del régimen constitucional por otro en el que los principios serán la confederación, la soberanía y la autodeterminación. El caldo ideológico que alimenta el cambio impulsado por Rodríguez Zapatero al calor de sus peligrosas alianzas no puede ser más dañino para el interés nacional. El proyecto de Estatuto para Cataluña es el síntoma de todo un cambio histórico en la izquierda española- -o, al menos, en una buena parte de ella- que ha decidido rehacer la Transición con grupos e ideas que eran y son incompatibles con los valores constitucionales. Por eso, 2006 empieza como acabó 2005, anegado de las incertidumbres que provoca la falta de definición del presidente del Gobierno ante asuntos esenciales que ya habrían merecido un pronunciamiento público y decisivo por cualquier gobernante europeo que se preciara de su función. España no se merecía llegar al 2006 con un horizonte plagado de dudas, sin confianza- -lo dice el CIS- -en su futuro económico y político, con un Gobierno desvinculado de la defensa constitucional- -en sus alianzas políticas, en sus propuestas partidistas, en la inaplicación de la legalidad frente al terrorismo no armado de ETA- -y, menos aún, en manos de la insolencia reivindicativa de minorías separatistas, que hoy parecen más de lo que son gracias a las credenciales socialistas. En este contexto de ruptura de amarras con los mejores valores de la vida constitucional de España, no extraña que la actitud del Gobierno ante ETA- -roto el Pacto Antiterrorista y muerta la Ley de Partidos- -carezca ya de imperativos éticos, y sea un peón táctico de la estrategia general de crisis constitucional; tampoco que la relación que el Gobierno quiera imponer a la Justicia sea de sumisión, ni que la sociedad y sus principales fundamentos, como la familia o la educación, se hayan convertido en el campo experimental de prejuicios progresistas, más atentos a eliminar todo aquello que, según el manual izquierdista, connote valores cristianos o tradicionales, que a ofrecer soluciones sensatas para problemas reales. Un laberinto, en definitiva, en el que PSOE ha metido a toda España. OMO ya ocurriera con un integrante de la célula de Al Qaida que planeaba hacer algo muy gordo en Madrid uno de los detenidos en la última operación contra el terrorismo islamista en España estuvo seis meses moviéndose por todo el país (y con aparente facilidad) pese a llevar a cuestas hasta dos órdenes de expulsión, sin que ninguna de ellas se llegara nunca a ejecutar. Casos como el de Andrey Misura- -el bielorruso apresado en Palma de Mallorca, del que Interior reconoce su alta peligrosidad- -ponen de manifiesto el muy deficiente funcionamiento de los procedimientos de expulsión. Hasta dos veces fue detenido por la Policía y, pese a estar buscado en media Europa, en ambas ocasiones eludió su repatriación. O el Gobierno comienza a tomarse en serio esta proliferación de fallos lamentables o algún día la detención se producirá demasiado tarde. Víktor Yúshenko REUTERS PROBLEMA GASEOSO UMENTA el voltaje de la disputa energética que mantienen Rusia y Ucrania a cuenta del precio al que el consorcio estatal ruso Gazprom quiere cobrarle el suministro a las autoridades de Kiev. Ayer comenzaron a cerrar el grifo, con lo que en breve el gas no sólo no llegará a los hogares e industrias ucranianos, sino que quizás afecte a algunos países de la Unión Europea. La Comisión reconocía su preocupación ante una crisis que llega en pleno invierno y que tendría que haberse cerrado ya tras una negociación razonable. Es cierto que han de actualizarse las tarifas, pero también que debiera haber un margen para que Ucrania pudiera adaptarse a los nuevos precios. A DUDAS SOBRE LA LEY ANTITABACO YER entró en vigor la Ley de Medidas Sanitarias contra el Tabaquismo. Sin embargo, la sociedad española se debate todavía en un mar de dudas acerca de su puesta en práctica, porque no debe confundirse la validez jurídica de las normas con su eficacia social. La nueva ley obedece, sin duda, a principios razonables, que orientan también la legislación actual y futura en otros países europeos: en efecto, la protección de la salud pública es un bien jurídico relevante, en especial cuando se trata de la defensa de los fumadores pasivos. Es lícito no obstante preguntarse hasta dónde debe llegar la intromisión de los poderes públicos en la vida privada. Sea como fuere, la ley- -aprobada por amplia mayoría parlamentaria- -es ahora norma de obligado cumplimiento, de manera que la Administración, las empresas y los establecimientos de todo tipo tendrán que adoptar sin dilación las medidas imprescindibles. Cumplir las normas jurídicas es obligado en un Estado de Derecho, siempre con los debidos controles, límites y garantías. Tenemos en España un ejemplo muy negativo, que no debe repetirse: la tolerancia inaceptable respecto de A los límites de velocidad es fuente de múltiples infracciones no sancionadas, con grave riesgo para la seguridad vial. Legislar en materia de costumbres arraigadas no es tarea sencilla. El Ministerio de Sanidad está obligado a incrementar las campañas de información y a resolver con agilidad las múltiples dudas que asaltan a los ciudadanos; en particular, determinar quién y cómo tiene derecho a reclamar que los preceptos legales se hagan efectivos en la vida cotidiana. También debe facilitar la instalación de zonas adecuadas en el sector de la hostelería, tramitando con celeridad las licencias correspondientes. Ya que el Gobierno no va a financiar los tratamientos para dejar de fumar, debe contribuir al menos al buen fin de una tarea que no debe recaer en exclusiva sobre la responsabilidad social. No basta con llevar una ley a las páginas del Boletín Oficial. La legitimidad de la norma depende de que la opinión pública esté convencida de que existen buenos argumentos para modificar pautas de comportamiento muy arraigadas. De ello dependerá que se acorte la distancia que separa todavía lo posible de lo deseable en esta delicada materia. CAER EN LA CUENTA E LPSOE, o al menos algunos desus dirigentes, están comenzando a caer en la cuenta del error que supuso mantener una actitud complaciente con Fidel Castro. La responsable del área internacional de Ferraz, Trinidad Jiménez, viene a reconocer en unas declaraciones lo inútil de esta estrategia de aproximación, en la que- -además- -se implicó a la Unión Europea, que a sugerencia de Rodríguez Zapatero levantó las sanciones diplomáticas que pesaban sobre la dictadura castrista. ¿Resultado? Ni el más leve avance en las libertades. Sin novedad alguna, pues, salvo un par de razias represoras más. Es todo lo que cabe esperar de Castro desde hace casi medio siglo.