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ABC MADRID 31-12-2005 página 46
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ABC MADRID 31-12-2005 página 46

  • EdiciónABC, MADRID
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46 Sociedad SÁBADO 31 12 2005 ABC Disparidad en las facturas Las ciudades con tarifas más caras- -para contadores de 13 milímetros y por 10 metros cúbicos de consumo- -son Palma de Mallorca (15,85 euros al mes) Tenerife (14,95) Valencia y Cádiz (14,02) y Córdoba (13,59 euros) Las ciudades más baratas- -para contadores de 13 milímetros y por 10 metros cúbicos de consumo- -son Castellón (4,88 euros al mes) Logroño (6,90) Valladolid (6,96) y Ciudad Real (6,98) Facua reclama una normativa que regule los derechos de los usuarios, ya que éste es el único suministro doméstico que carece de una ley y para evitar la disparidad tarifaria. La tarifa del agua en España difiere hasta en 250 euros según dónde se resida Los consumidores demandan una norma nacional que evite los abusos R. B MADRID. La utilización racional del agua en los hogares españoles debería ser una prioridad en un país en el que comienza a ser un escaso bien. En una casa se pueden llegar a ahorrar hasta 75.000 litros al año con sólo un poco de cuidado. Pero la factura del agua continúa dando sustos en muchos hogares. Eso sí, en unos más que otros: las diferencias en las tarifas del suministro de agua varían hasta un 325 por ciento según la ciudad en la que se resida. Disparidad que supone una diferencia en las facturas de casi 250 euros al año, según el estudio realizado por la Federación de Consumidores en Acción (Facua) El estudio- -que ha tenido en cuenta las cuotas fijas y variables factura- bles- -revela que el consumo mensual de 10 metros cúbicos de agua supone un importe medio de 9,84 euros más IVA si el contador tiene un calibre de 13 milímetros y de 11,31 si se trata de un calibre de 15. Así, los que mejor lo tienen son los ciudadanos de Castellón, Logroño, Valladolid y Ciudad Real que resultan las ciudades con el suministro de agua más económico. En el otro extremo se sitúan Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia y Cádiz, en el caso de contadores de 13 milímetros, mientras que para 15 las más elevadas son las de Alicante, Córdoba, Tenerife y Murcia. Ahora bien, si una familia consume 20 metros cúbicos al mes, la facturación varía hasta 336,72 euros al año. No obstante, Facua señala que en estos casos no siempre puede considerarse positiva una tarifa muy baja y negativa una muy alta, y advierte que resulta necesario que las suministradoras apliquen tarifas progresivas que penalicen los metros cúbicos consumidos en exceso- -siempre que se bonifique a las familias numerosas- -algo que no ocurre siempre. En este sentido, la organización de consumidores denuncia la carencia normativa a nivel nacional en materia de suministro domiciliario de agua. Hoy día es competencia de los ayuntamientos que a su vez otorgan las concesiones del servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Conforme a ello- -y a excepción de Andalucía- -los derechos y obligaciones de los usuarios y las empresas suministradoras se establecen mediante ordenanzas municipales o los acuerdos que regulan las concesiones, una dispersión que, según Facua, provoca que no estén garantizados los requisitos mínimos de calidad del servicio a nivel nacional y la existencia de conceptos muy dispares y difíciles de entender para los usuarios debido a su complejidad. Norma nacional Para evitar esta disparidad tarifaria, los consumidores demandan una norma de ámbito nacional que establezca una serie de medidas reguladoras a fin de controlar el baile de importes que se da por el consumo de agua según el lugar y la empresa suministradora para poder evitar abusos en este sector. Así, se pide que regule aspectos como los procedimientos para la aprobación de las tarifas, las indemnizaciones a percibir si se producen cortes del suministro, la periodicidad de lectura de los contadores y facturación, los conceptos incluidos en las facturas, así como los sistemas para la resolución de las reclamaciones. Respecto a esto último, Facua reivindica la obligación de que las empresas cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios y señala la necesidad de que estén adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.

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