Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 Opinión SÁBADO 31 12 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil CIEN AÑOS Y CUANTO MÁS LEJOS, MEJOR A condena impuesta por la Audiencia Nacional al etarra Diego Ugarte López de Arcaute por los asesinatos del político socialista Fernando Buesa y de su escolta, Jorge Díez Elorza, demuestra que, antes que nada, la justicia es el camino obligado por donde debe transitar todo terrorista y que el cumplimiento efectivo de sus condenas supone la condición irrenunciable del fin de la violencia. Al etarra asesino le han caído cien años de prisión, que será el plazo para calcular su libertad condicional. Pero, además, cuando salga de la cárcel- -largo se lo fía el Código Penal- no podrá estar cerca de las familias de los asesinados. La orden del tribunal, que supone una novedad y marca un hito en la respuesta penal al terrorismo, es un alivio para padres, viuda, hermanos e hijos, pero otros, como Pilar Elías, viuda de Baglieto, no han tenido tanta suerte y tienen que soportar la pestilente cercanía diaria de los verdugos. ¿Esperanza de paz? Sí, pero no de boquilla, sino la que genera el castigo al culpable, la firmeza del Estado y la reparación- -aun mínima- -del gigantesco daño sufrido por las víctimas. L LAS LENGUAS EN CATALUÑA L A regulación del catalán como lengua propia en el proyecto de Estatuto implica un salto cualitativo en el régimen de la cooficialidad lingüística, con grave peligro para la cohesión social. Sin embargo, el Gobierno socialista no ha planteado objeción alguna en esta delicada materia, tal vez como compensación a otros recortes inevitables. La vertebración territorial se fundamenta en el carácter cooficial de las diversas lenguas, expresión jurídica del bilingüismo social. El artículo 3 de la Constitución dispone, en efecto, que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla añadiendo que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos Se trata de una regulación abierta y generosa, desarrollada- -con algunos excesos- -por las leyes de normalización lingüística en el País Vasco, Cataluña y Galicia, que lograron superar en su día con matices el filtro del TC en las sentencias 82, 83 y 86 de 1986. Queda claro que el único deber constitucional hace referencia al castellano, lengua común de todos los españoles, lo que lleva consigo igualmente el derecho a su utilización en cualquier parte del territorio. El Alto Tribunal afirma con claridad que ello no supone una discriminación respecto de las otras lenguas, sino que es la consecuencia lógica de que exista un idioma común. No cabe, por el contrario, imponer por vía legal el deber jurídico de conocer una lengua distinta del castellano y no sirve argumentar que se trata de un principio social, carente de exigibilidad jurídica. La simple lectura de la sentencia relativa a Galicia refleja con toda precisión que la postura del intérprete supremo de la Constitución no es compatible con lo dispuesto en el artículo 6 del proyecto catalán. Todo ello gracias a que nuestra norma fundamental ha sabido eludir determinados modelos discutibles en el derecho comparado, tales como el de la personalidad y el de la territorialidad de las lenguas, procurando confeccionar un traje a la medida de la realidad lingüística en nuestro país. En términos sociopolíticos, la imposición del catalán en la administración o en la enseñanza lleva el desplazamien- to de la lengua común, culminando así un proceso que los nacionalistas han impulsado de forma sistemática. Resulta patente, una vez más, la contradicción ideológica: los socialistas catalanes asumen como propia- -y exigen al PSOE que la acepte- -una seña de identidad del nacionalismo romántico e historicista, siempre dispuesto a sacrificar los derechos individuales en nombre de unos imaginarios derechos colectivos. En la vida cotidiana, las posibilidades educativas y de promoción profesional para quienes no hablan catalán son ya muy limitadas. Si se aprueba el Estatuto en los términos actuales, la opción- -perfectamente legítima- -de vivir en castellano en Cataluña se convertirá sencillamente en algo imposible. Sin necesidad de instrumentar medidas sancionadoras, la Generalitat podría imponer unos requisitos tan restrictivos para los actos más elementales de la vida diaria que obligaría- -de facto- -a los ciudadanos al uso exclusivo del catalán. El Estado no puede permanecer indiferente ante una situación que provoca la ruptura de la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles en cualquier parte del territorio, según exige la propia Constitución. De hecho, según las sentencias citadas, la llamada normalización es compatible con la libertad de las lenguas siempre que no sea irrazonable ni contradiga las exigencias básicas de la igualdad En una sociedad abierta y democrática, los derechos individuales deben ser prioritarios sobre los criterios ideológicos o territoriales. Sin una posibilidad real para optar por una u otra lengua, se hace imposible el libre desarrollo de la personalidad que proclama el artículo 10 de la Constitución. La enseñanza es un factor decisivo para transmitir valores y sentimientos y no puede estar supeditada a ciertos deseos de revancha combinados con planteamientos oportunistas. En rigor, las lenguas son un instrumento de integración y de cohesión social y no deben convertirse en un mecanismo para la discriminación entre ciudadanos de primera y de segunda clase. Están en juego valores tan importantes como la libertad y la igualdad. Sin embargo, el Gobierno y sus expertos constitucionales prefieren mirar para otro lado. Diego Ugarte EFE ¿A QUIÉN LE MOLESTA LA FAMILIA? E INFLACIÓN CRECIENTE ON su habitual flema, el vicepresidente Solbes ha reconocido que el indicador adelantado del IPC de diciembre no es nada bueno Los expertos esperaban un dato para diciembre entre cero y una décima, para dejar el interanual entre 3,4 y 3,6 por ciento, pero los cálculos del INE apuntan al 3,8 por ciento interanual, con cuatro décimas para diciembre. No es que sea malo, es malísimo; cuatro décimas en un mes es demasiado, y culpar a carburantes y aceite de oliva no explica el fenómeno. Si a esto unimos que el euribor alcanza su nivel más alto en los últimos tres años (2,780 por ciento) parece claro que no corren buenos tiempos para el ahorro de las familias. La propensión a la inflación de la economía española está activada por una política monetaria expansiva (que nos viene dada desde el BCE) pero también por una política fiscal insuficientemente restrictiva (el superávit de un punto debería haber sido el doble o más) y por un débil estímulo a la competencia. Con el dato de diciembre, que servirá para activar las cláusulas de revisión salarial pactadas en numerosos convenios, se encienden señales rojas para el futu- C ro económico. Cuando el Gobierno se premia con un diez ante los datos macroeconómicos del año, este último indicador significa un jarro de agua helada, un tachón en la tarjeta de resultados, que para algunos convierte el diez en suspenso y, para los benévolos, en un aprobado sin más. El 3,8 por ciento va a suponer una desviación sobre la media del área euro más cercana a los dos puntos que al punto que arrastramos durante toda la década. La estabilidad de una moneda como el euro actúa de anestésico de ese desequilibrio crónico; pero la fiebre aflora por las costuras de la competitividad, en forma de estancamiento de las exportaciones (que ya es un dato elocuente y no mera hipótesis) y más adelante en merma del empleo y del crecimiento, que aún no se percibe pero que cuando emerja lo hará como una riada difícil de frenar. La actual tasa de inflación requiere menos complacencia y distracciones y más dedicación activa para tapar el boquete, para atacar la raíz de un mal inquietante que puede frustrar la aspiración de la sociedad española de alcanzar los parámetros de prosperidad de los vecinos europeos. El dato amarga el dulce de fin de año. N uno de sus últimos estudios demoscópicos, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha incluido a las familias numerosas entre los vecinos potencialmente molestos, junto a ex presidiarios, alcohólicos, gitanos o extremistas de izquierda y derecha. El batiburrillo social propuesto en ese trabajo ya es de por sí bastante inconveniente y ofensivo para otros de los grupos sociales a los que se equipara con los delincuentes por la presunta incomodidad social que despiertan. El Gobierno- -que pilota los trabajos del CIS- -haría bien en meditar, y por supuesto corregir, la falta de sensibilidad con la institución familiar que demuestran este tipo de analogías. La familia es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los que se vertebra la sociedad. Equiparar la incomodidad que supuestamente provoca en los ciudadanos- -y que éstos en la encuesta lógicamente redujeron a porcentajes mínimos- -con la que provocan los delincuentes es un grave error que ha de ser rectificado con urgencia por quien dice practicar el patriotismo social