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50 Sociedad VIERNES 30 12 2005 ABC Ordenan retirar los ceniceros El Ministerio de Administraciones Públicas utilizó ayer el Boletín Oficial del Estado para publicar una resolución en la que ordena la retirada de todos los ceniceros de las administraciones del Estado. También indica que debe prestarse atención médica al personal afectado por la adicción al tabaco. La ley no implicará una caza de brujas de los fumadores, advirtió el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quién espera que la norma se interprete con flexibilidad respecto a los tiempos de descanso empleados para fumar. El Estado prevé recaudar un 8,8 más por los impuestos que gravan el tabaco, un total de 6.362 millones. Baleares incumplirá la ley antitabaco en los bares pequeños y aplicará su propia norma Galicia, Valencia y Castilla y León critican la premura en su aplicación J. M. AGUILÓ ABC PALMA DE MALLORCA MADRID. Consejeros de cuatro comunidades autónomas (Galicia, Castilla y León, Baleares y Valencia) criticaron ayer el desarrollo de la ley antitabaco, a tres días de su entrada en vigor, principalmente la premura con la que ha de aplicarse. La situación es tal que existen gobiernos que afirman sin tapujos que todavía no saben qué departamentos deberán desarrollarla. La posición más radical es la de Baleares. Ayer, su consejera de Salud, Aina Castillo, anunció que seguirá aplicando en los bares y restaurantes de menos de 100 metros la legislación autónomica que entró en vigor en julio. Castillo justificó esta medida señalando que, en su opinión, la ley autonómi- ca defiende mejor los derechos de los no fumadores. La consejera ha encargado un informe a sus servicios jurídicos para que avalen esta decisión. No obstante, Castillo considera que la actuación del Ejecutivo autonómico se ajusta a la ley, ya que, en su opinión, la normativa puesta en marcha por su propio departamento es más restrictiva contra el tabaco que la estatal, pues obliga a todos los bares y restaurantes a habilitar dos zonas distintas (pero sin compartimentar y sin sistemas propios de ventilación) si quieren que en los mismos haya clientes que puedan fumar. En cambio, la estatal sólo fija esta obligación para los locales de más de 100 metros y deja en manos de los propietarios de establecimientos de menor superficie la decisión de autorizar el tabaco. Aplicar la ley estatal supone un paso atrás en la lucha a favor de la salud pública dijo, y añadió que permite morir en los locales más pequeños y no en los más grandes La postura de la consejera balear fue contestada desde el Ministerio de Sanidad. Su secretario general técnico, Javier Ignacio Vega, recordó al Gobierno de Baleares que la ley es estatal y, por lo tanto, básica y de obligada aplicación en todo el territorio nacional. Galicia pide un plazo de adaptación No sólo son las comunidades del PP las más críticas con la norma, también las gobernadas por el PSOE como Galicia. Fernando Blanco, consejero de Innovación e Industria, advirtió que la premura de esta ley ha provocado que la Administración gallega todavía no haya decidido a qué departamentos les corresponderá desarrollar la ley y el consiguiente proceso sancionador, competencias que recaen en las comunidades autónomas. Por este motivo, el consejero (del BNG) consideró necesario un plazo de adaptación tanto para la Administración como para el sector hostelero ante las dificultades y dudas con la que se encuentran para implantar las previsiones de la ley. Disconformidad desde Valencia La Generalitat valenciana también mostró su disconformidad ante los plazos de aplicación y desarrollo de esta ley. Su consejero de Sanidad, Vicente Rambla, indicó en este sentido que no han sido ni mucho menos los más adecuados para la correcta implantación de una ley como esta, con tanta repercusión social y sanitaria Términos muy similares fueron empleados por la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León. María Jesús Ruiz advirtió que su gobierno no tiene tiempo material para desarrollarla, tras ser publicada el pasado martes, lo que a su juicio, introduce dificultades en su aplicación inmediata y provoca, entre otras cuestiones, que los ciudadanos que se sientan perjudicados por el tabaquismo no sepan dónde tienen que reclamar.