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4 Opinión JUEVES 29 12 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil ENMIENDAS a lectura política de las enmiendas presentadas por el PSOE al Estatuto catalán revela la dificultad del Gobierno para encontrar una salida airosa a un asunto enquistado de raíz que no se arregla como sea expresión acuñada por el presidente del Gobierno que ahora se da de bruces con la realidad. CiU se sorprende de la dureza de las enmiendas socialistas, ERC e IC las consideran decepcionantes y sólo el PSC entiende que son inteligentes pese a que tanto el portavoz del Gobierno catalán, el socialista Joaquim Nadal, como su primer consejero, el republicano Josep Bargalló, creen difícil llegar a un acuerdo antes del día 30. Posiciones enfrentadas en medio de un peligroso cruce de caminos. Y en mitad del cruce, a la espera de un consenso que no llega, Rodríguez Zapatero. L LA ETA DE SIEMPRE I los últimos comunicados de ETA están recibiendo más atención de la que merece una organización terrorista, no es tanto por el deseo de la opinión pública de conceder a los etarras un protagonismo especial, sino por el de confirmar o desmentir las expectativas de final dialogado abiertas por el Gobierno socialista. Por eso resulta un contrasentido que el Ejecutivo lance reproches a quienes leen los comunicados etarras y sacan conclusiones sobre los mismos, pues ha sido el discurso gubernamental el que ha puesto el foco en las epístolas de los terroristas. Está bien que el Gobierno repita puntualmente que sólo espera el comunicado en el que ETA anuncie su disolución, pero como sucede que ETA no sólo no hace este anuncio, sino que persevera en su estrategia habitual, es la sociedad española la que espera una explicación del Gobierno, a falta de treguas. Una explicación que, por ejemplo, ponga plazo a la oferta de diálogo y concrete los efectos de que ese plazo venza sin el cese de la violencia. ¿Acaso la espera del Gobierno es indefinida? El último comunicado de ETA, hecho público ayer, se limita a reconocer su autoría en la colocación de veintiún artefactos explosivos en los dos últimos meses. Pero ETA no se disuelve, ni entrega las armas ni concede esa tregua que siempre es inminente pero nunca llega. Y no lo hace porque, como dijo en uno de sus últimos comunicados, es al Gobierno al que le corresponde hacer un gesto, tras el indulto etarra a los cargos electos. El Gobierno ha patrocinado un diagnóstico virtual, irreal, de la situación de ETA ante el supuesto final dialogado. Los llamamientos del jefe del Ejecutivo a la confianza ciega en sus esperanzas chocan, una y otra vez, con la realidad. El Consejero vasco de Interior, Javier Balza, ha declarado públicamente que no hay indicio alguno de que ETA vaya a parar su violencia, ni siquiera a declarar una tregua. Los empresarios vascos, por su parte, han denunciado de forma tajante y explícita que no cabe hablar de proceso de paz mientras ETA mantenga su campaña de extorsión, publicitada incluso con pasquines callejeros que piden que no se compren productos de las empresas que se niegan a ceder a la extorsión etarra. Incluso el ministro del Interior, José Antonio Alonso, no desaprovecha ocasión alguna para des- S marcar a su departamento de los análisis optimistas sobre un supuesto proceso de paz, insistiendo en la aplicación de la ley y de la eficacia policial. Lamentablemente, el criterio de Alonso no es el que impera en el círculo presidencial que, supuestamente, maneja los hilos del final dialogado de la violencia etarra. En definitiva, ETA no ha dado ningún paso que permita hablar de paz. La ausencia de muertos- -refugio último para la ausencia de otras pruebas- -no se debe a una tregua de sangre para atraer al Gobierno a una negociación, sino a una estrategia que busca, por un lado, afianzar la recuperación notoria y progresiva de la izquierda abertzale para las elecciones municipales de 2007; y, por otro, acompañar el proceso político de reagrupación del nacionalismo en torno a la Mesa para el Acuerdo, creada por el Foro de Debate Nacional, que es una mutación del Acuerdo de Lizarra, sin el PNV. Frente a la ETA de siempre, el Estado ha cedido mucho terreno en muy poco tiempo. Tanto, que si el Gobierno deciderectificar su política sobre terrorismo, su posición de partida ya no será la del 13 de marzo de 2004, sino otra muy anterior. Se ha perdido la unidad democrática entre el PP y el PSOE, con la consiguiente ruptura del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo; la ley de Partidos Políticos está derogada; Batasuna se beneficia de la impunidad que le otorga la pasividad de la Fiscalía General y su nueva marca parlamentaria, el Partido Comunista de las Tierras Vascas- -investigado por la Audiencia Nacional, con la abstención del Ministerio Fiscal- asegura a los terroristas una presencia institucional que estaba perdida. Además, la dirección del PSE ha metido al socialismo vasco en el laberinto nacionalista, y no tanto por el apoyo a los presupuestos del Gobierno de Ibarretxe- -que es una forma de cancelar aquel acto de dignidad que fue, en 1998, la ruptura con un PNV que ya estaba pactando con HB- cuanto por el desistimiento constitucional que Patxi López hizo oficial en el diario Gara ETA lleva un intenso año de atentados- -sin muertos, pero con decenas de heridos- de violencia callejera reactivada, de más extorsión a empresarios, de burla al Estado y aprovechamiento de los errores del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero EFE NO VENGA C LOS RETOS DE LA INMIGRACIÓN L fenómeno de la inmigración es una realidad palpable en la sociedad española, confirmada por los datos estadísticos recientes. Nadie puede llamarse a engaño ni cerrar los ojos ante la evidencia. Estamos ante un fenómeno social y demográficode largoalcance, que plantea problemas al mismo tiempo que ofrece soluciones. Las cosas han cambiado mucho en España en el curso de pocos años. Por eso, la experiencia de otros países no debería caer en saco roto, y, en este sentido, no faltan motivos para una seria preocupación. Parece claro el fracaso del modelo integracionista practicado en Francia en torno a los llamados valores republicanos. Así lo demuestran los graves incidentes en los barrios periféricos de París y de otras grandes ciudades, cuyas causas- -como es notorio- -no están superadas ni mucho menos, aunque se ha logrado rebajar el grado de tensión y de alteración del orden público. Tampoco van mejor las cosas en el sistema multiculturalista británico que sufrió una fuerte sacudida a la vista del perfil sicológico y sociológico de los presuntos autores materiales de los atentados del 7- J. Las leyes excepcionales- -que dotan de mayo- euta y Melilla, a través de sus respectivos presidentes, coincidieron ayer en pedirle al presidente del Gobierno que no venga si previamente tiene que dar cuenta al Rey de Marruecos de su visita a las ciudades autónomas. Juan José Vivas y Juan José Imbroda expresaron su estupor y consternación ante la noticia de que el jefe del Ejecutivo informará de su viaje a Mohamed VI. La visita de Zapatero ha despertado una enorme polémica y las informaciones, no desmentidas, tuercen aún más un viaje que en sus preparativos se complica por el absurdo que supone que el presidente del Gobierno tenga que informar a un jefe de Estado extranjero cuando se traslada de un lugar a otro de España. Agenda compartida que para Ceuta y Melilla resulta una afrenta. E res poderes a las Fuerzas de Seguridad- -y los proyectos para la promoción socioeconómica de los sectores afectados llegan tal vez demasiado tarde para atajar las raíces de un conflicto que ofrece múltiples dimensiones. España debe encontrar su propio camino para hacer frente a un reto complejo, pero no insuperable. La solución no está en la vía demagógica del papeles para todos o la permisividad ante conductas antisociales. Tampoco está en una visión cerrada y estrecha, que se muestra incapaz de reconocer las aportaciones positivas de la inmigración al dinamismo económico de nuestro país. No debería ser desaprovechada la ventaja evidente que supone la comunidad de lengua y de cultura entre los españoles y un sector importante de los recién llegados. Los partidos tienen que hacer frente al fenómeno con inteligencia y buen sentido, entre otras razones porque la incorporación de muchos nuevos ciudadanos al censo electoral es tan sólo cuestión de tiempo. Está en juego el futuro de España como sociedad abierta, generosa pero a la vez exigente en el cumplimiento de las leyes y de los principios básicos de convivencia. MEDIA Y MITAD S iete Autonomías, con Madrid a la cabeza, superan ya la riqueza media de la Unión Europea de los 25, lo que pone de manifiesto que el conjunto de España se acerca ya a la convergencia real con Europa, al situarse a finales de 2004 en el 98,3 por 100. El PIB per cápita es el indicador que sirve de base para determinar qué comunidades autónomas son susceptibles, en función de su riqueza, de recibir fondos europeos. De las once Comunidades que eran Objetivo 1 en las Perspectivas Financieras de la UE, sólo cuatro (Extremadura, Andalucía, Castilla- La Mancha y Galicia) permanecen como tales en el nuevo marco presupuestario.