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ABC MARTES 27 12 2005 Nacional 15 EL ORIGEN DE ESTA CENSURA E Núñez Feijóo, junto a sus compañeros del grupo parlamentario José Antonio Orza y José Manuel Barreiro EFE El PP reclama para Galicia un ámbito fiscal propio como el que ofrece Solbes Aboga por exprimir el actual Estatuto para ampliar el mapa competencial ponencia para el Congreso de enero, admiten un porcentaje mayor del IRPF, aunque sobrepasan al ministro al pedir capacidad sobre el IVA ANA MARTÍNEZ SANTIAGO. La revisión del Estatuto es necesaria para el desarrollo del autogobierno, pero siempre y cuando la modificación se ciña al marco constitucional. Desde esta posición de partida, el PP rechaza tanto el concepto de nación para Galicia como la adopción de un sistema de financiación asimétrico que trunque la redistribución solidaria entre las comunidades, favoreciendo únicamente a las más ricas en detrimento de los intereses globales del país Los populares desarrollarán sendas tesis en una ponencia específica que, bajo el título La Constitución y el Estatuto. Un marco de convivencia debatirán en el cónclave sucesorio, y de cuyo contenido informarán previamente en una comparecencia ante los medios de comunicación. A la espera de esa cita, las valoraciones realizadas en los últimos meses por dirigentes del partido sobre la reforma del texto de 1981 dejan entrever una apuesta decicida por exprimir el actual marco autonómico con vistas a asumir nuevas competencias. De hecho, en el último congreso de la formación, celebrado en octubre del año pasado, ya se dejó claro que este examen crítico debería orientarse a la mejob En su ra de la calidad de vida de los ciudadanos y, por tanto, estar más centrado en el desarrollo del marco competencial que en discusiones conceptuales En base a esta premisa, el PP, haciéndose eco de un discurso en clave más galleguista, aspira a contar con un espacio fiscal privativo, tanto respecto a los tributos propios como a los cedidos. Reclama, en concreto, la plena titularidad de las cargas cedidas por el Estado para que se conviertan en propias, de forma que a la Administración autonómica le corresponda la capacidad normativa y la facultad de revi- Cataluña marca el techo competencial El PP participará en la ponencia parlamentaria que a finales de febrero iniciará en la Cámara el debate sobre la reforma del Estatuto con la premisa de que Galicia consiga un nivel de autogobierno en pie de igualdad con las demas comunidades autónomas y que no contenga ni más ni menos atribuciones que las que logre Cataluña en su proceso negociador. En todo caso, los populares se posicionan en contra de cualquier reformulación asimétrica o confederal del Estado que afecte a la capacidad redistributiva. Las modificaciones deben respetar la igualdad y no poner en riesgo las políticas de bienestar y cohesión sión en vía administrativa. Se trata de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, tasa fiscal sobre el juego y el gravamen especial sobre determinados medios de transporte. Este ámbito, señala el texto, se completaría con las actuales obligaciones de contaminación atmosférica o tasas. Los populares también votarán en el cónclave del 14 y 15 de enero la necesidad de aumentar la corresponsabilidad fiscal en los tributos compartidos y de implementar el modelo de cogestión entre Administración central y autonómica. El objetivo fundamental pasa por disponer de más competencias normativas en relación con el IRPF o el IVA y los impuestos especiales en fase minorista. El PP concibe que el nuevo Estatuto catalán marcará el techo competencial al que pueden aspirar las demás comunidades, porque reclama que Galicia disponga de atribuciones en pie de igualdad En medio de la polémica por la reclamación de Cataluña de la cesión del IRPF, la ponencia que los populares gallegos presentan no cuantifica a qué porcentaje de este impuesto aspira Galicia. No obstante, dentro del propósito de conseguir una mayor autonomía, el PP sí apuesta por crear la Agencia Tributaria Gallega, que se encargaría de la gestión, inspección y recaudación de los tributos integrados en el ámbito fiscal propio. En cualquier caso, los populares se posicionan en contra de cualquier reformulación confederal. l origen de la Ley Audiovisual catalana o de ese futuro Consejo Audiovisual Estatal se vislumbraba en las críticas de la izquierda a los medios durante los gobiernos del PP. No les preocupaba la objetividad y la veracidad sino lo que consideraban el domino de la derecha. Como los medios privados estaban igual de repartidos entre izquierda y derecha que ahora, lo del dominio venía, en primer lugar, del ingrediente de RTVE. Los socialistas estaban obsesionados con RTVE, pero apenas adornaban esa obsesión con discursos sobre la objetividad. Y cuando se hicieron con ella, establecieron la manipulación de izEDURNE quierdas sin el más míURIARTE nimo rubor. Porque pensaban que era mucho más justo, ético y cercano a la verdad que la información estuviera regulada por la izquierda. No se trataba de mejorar la calidad de la información sino de controlarla según los principios ideológicos adecuados. Ése era el segundo y principal ingrediente de su escándalo por el domino de la derecha y también lo que explica la implicación socialista en esos nuevos órganos de control de los medios. Y si la primera realización se produce en Cataluña es porque allí confluyen con los nacionalistas en la misma pretensión de legitimidad superior para establecer la verdad, aunque los orígenes de las creencias de unos y otros sean diferentes. Unos cifran la bondad de la Ley Audiovisual en lo mismo que el nuevo Estatuto, en lo que le conviene a la nación catalana, y los otros en su ya conocida idea de la vinculación entre ética e izquierda. Si al menos hubiera debate en torno a la independencia, la objetividad o la verdad en los medios de comunicación, quizá podríamos salvar la intención. Pero ni siquiera hay adornos, como en RTVE. Se trata de simple confrontación de la verdad de la nación y de la izquierda frente a las pretensiones de verdad de la derecha. Es el motor de la ley catalana y la inspiración de ese Consejo Estatal ideado por el Gobierno Y demuestra que hasta los periodistas menos escrupulosos y respetables tienen razón cuando alertan de los peligros para la libertad de los controles de los gobiernos. También para los que siempre hemos observado con escepticismo las loas que se dedican los periodistas a sí mismos y a sus virtudes. Jean François Revel escribía en El conocimiento inútil que hay tan pocos medios que trabajan sobre un respeto escrupuloso de la información como países que respetan la democracia o que la prensa está siempre alerta sobre los errores de lo políticos pero no le gusta nada que le tomen nota de los suyos y menos aún reconocerlos. Pero como sabe cualquier liberal como Revel, pero no cualquier socialista o nacionalista, la falta de principios éticos de los periodistas es bastante menos peligrosa para la democracia que la de los políticos. Porque los periodistas no pueden convertir en leyes sus peores tentaciones. Y los políticos, sí; en Cataluña, por ejemplo.