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14 Nacional SESENTA AÑOS DEL MANIFIESTO DE LAUSANA LUNES 26 12 2005 ABC La Monarquía apostó desde 1945 por la democracia parlamentaria y consideraba primordial la aprobación de una Constitución por votación popular Del Manifiesto de Lausana a la Constitución de 1978 MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO Poco después de conocerse los resultados electorales de las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, Alfonso XIII concluyó que debía marcharse de España. Aquella decisión era algo más que una respuesta a la derrota de las candidaturas monárquicas en las grandes ciudades, hecho que en sí mismo no implicaba la transformación automática del país en una República. Llovía sobre mojado. El resultado electoral ponía en evidencia al menos dos cosas: una más inmediata, el fracaso de la Corona y de su gobierno en el diseño de un proceso obligado de transición tras la salida de Primo de Rivera; y otra más lejana, el callejón sin salida en que se había metido Alfonso XIII en septiembre de 1923 al confiar en que la mejor manera de arreglar los problemas de la España constitucional pasaba por dar todo el poder a un cirujano de hierro. Todo eso remitía, sin embargo, a un factor verdaderamente capital para explicar la crisis irreversible de la institución monárquica en la España de entreguerras: la Monarquía se había quedado prácticamente sola, en un contexto de antiliberalismo hegemónico y falta de una elite política inteligente, valiente y leal que quisiera diseñar y conducir un proceso de transición hacia la democracia. Lo cierto es que esa oportunidad, la de afrontar una verdadera reforma de la arquitectura constitucional sobre la que descansaba el régimen parlamentario fundado en 1876, para hacer posible el camino a la democracia liberal, se había desaprovechado bastante tiempo atrás, cuando aún hubiera tenido sentido. Puede que el 12 de abril de 1931 el Rey tuviera todavía alguna otra posibilidad, pero es comprensible que Alfonso XIII se convenciera o dejara convencer de que la mejor manera de servir a su país y defender la unidad y la paz de España consistía en abandonar el país. filaba lo que habrían de ser algunas de las líneas que en el futuro, en un contexto bien diferente, permitirían la conciliación de Monarquía y democracia. Bajo la Monarquía- -reconciliadora, justiciera y tolerante- -caben cuantas reformas demande el interés de la nación. Y consideraba como primordiales las de aprobar una Constitución por votación popular reconocer los derechos inherentes a la persona humana y las garantías de la libertad política, aprobar una amplia amnistía política promocionar una justa distribución de la riqueza y reconocer la diversidad regional Reconciliación nacional El manifiesto seguía usando el adjetivo tradicional para referirse a la Monarquía, pero a una Monarquía que sin dejar de mirar al pasado quería afrontar el presente democrático que había creado la derrota del fascismo en Europa. Que no hablaba abiertamente de una democracia liberal para España pero que declaraba su voluntad de ser instrumento de paz y de concordia para la reconciliación nacional. Aparecía así uno de los términos- -reconciliación- -que habrían de permitir el acuerdo democrático entre la izquierda y la derecha en los setenta, y que tanta importancia tendría pocos años después en la nueva estrategia política puesta en marcha dentro del Partido Comunista. Como era de esperar, el manifiesto no fue del agrado del dictador. Poco o nada podía gustarle un texto que de- nunciaba el totalitarismo del régimen y que abogaba por un nuevo sistema político presidido por las ideas de reconciliación y participación de todos los españoles. Carrero Blanco comprendió en seguida que el programa político de Don Juan estaba en total contraposición con el espíritu del Movimiento y que su significación más evidente era la de una declaración política de ruptura con el Caudillo Ni él ni Franco, recordaba López Rodó, podían aceptar que Don Juan renegara de la arquitectura ideológica del 18 de julio El manifiesto era, en verdad, un órdago al régimen y planteaba un cambio político de tal envergadura que habría obligado a Franco a retirarse. No es extraño que este último se convenciera, si no lo estaba de antemano, de que Don Juan no podría desempeñar papel alguno en sus proyectos de futuro. Respuesta de Franco Los contactos entre ambos no se interrumpieron, pero a partir de ese momento Franco decidió afrontar el problema de la sucesión con una fórmula que no incluyera a Don Juan y que sirviera para asegurar la continuidad de la dictadura a su muerte. La ley de Sucesión de 1947 fue su respuesta al manifiesto de Lausana, una ley que convertía a la Monarquía en una institución de desarrollo y consolidación del espíritu del 18 de julio, esto es, la Monarquía de los vencedores. En la Institución que nosotros forjemos había anunciado Franco cuatro meses después de hacerse público el manifiesto de Don Juan, ha de quedar garantizado de una manera plena el espíritu de nuestro Movimiento Así pues, cuando Franco decidiera voluntariamente designar un sucesor, este tendría que jurar los principios del Movimiento. Sin embargo, Don Juan Carlos, que vendría a España a formarse con el beneplácito de Don Juan, pilotaría la transición convencido de la importancia capital de una idea que remitía, no a los planes de sucesión previstos por Franco, sino a lo expresado por su padre en el manifiesto de Lausana. La actuación del nuevo Rey durante los dos años que duró el proceso de transición estuvo marcada por el convencimiento personal de que el futuro de la Monarquía dependía de que él pudiera ser el Rey de todos los españoles, esto es, que nadie o casi nadie viera en el Monarca un obstáculo para llegar a la democracia, sino su máxima garantía. Puede que su legitimidad inicial El manifiesto era un órdago al régimen y planteaba un cambio que habría obligado a Franco a retirarse Don Juan perfilaba las líneas que permitirían la conciliación de Monarquía y Democracia Carrero Blanco vio que el programa de Don Juan estaba en total contraposición con el Movimiento Las líneas de futuro No consideró su hijo y Heredero, Don Juan de Borbón, catorce años más tarde, una vez fracasada la República y terminada la guerra civil, que el generoso sacrificio del Rey de abandonar el territorio nacional hubiera resultado útil. No le faltaban razones. La conclusión, sin embargo, no iba por el camino de legitimar el régimen franquista, sino todo lo contrario. En el conocido manifiesto de Lausana dirigido a los españoles el 19 de marzo de 1945, después de condenar la política exterior e interior de la dictadura, Don Juan per- procediera del régimen anterior, pero eso, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un poderoso instrumento para apuntalar el camino a la democracia. Ser el Rey de la nueva democracia exigía necesariamente no inmiscuirse en el debate constituyente, no convertirse en un gestor de la vida política, dejar que los grandes partidos construyeran las nuevas reglas del juego e hicieran posible una alternancia pacífica en el poder que los españoles pudiera ratificar libremente. La Constitución, en definitiva, estaba por encima del Rey, lo que habría de fortalecer su posición y le permitiría, como de hecho ha sucedido, ser el Rey de sucesivos y diferentes gobiernos. En una Monarquía democrática el árbitro de la alternancia no podía ser otro que el soberano, la nación española. Además, Don Juan Carlos comprendió al poco de iniciada la transición otra cuestión esencial. La Monarquía tenía que ser la garantía última de la unidad de la nación española en un proceso incierto que no podía ni debía suponer la identificación del camino a la