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ABC SÁBADO 24 12 2005 49 El pionero de la clonación terapéutica falsificó el resultado de su primer experimento El Sistema Nacional de Dependencia atenderá en su primer año a 200.000 usuarios El Gobierno subraya que traspasa sus competencias a un órgano independiente El PP acusa al PSOE de recuperar la censura para suprimir las críticas a su gestión b Los socialistas recuerdan que El TSJC analiza la posible ilegalidad de las cuotas lingüísticas del CAC b La Sala de lo Contencioso admi- te a trámite un recurso de la Asociación por la Tolerancia contra la instrucción que regula el uso del catalán en el sector audiovisual MARÍA JESÚS CAÑIZARES BARCELONA. Entre las amplísimas competencias otorgadas al Consejo de lo Audiovisual Catalán (CAC) figura la potestad sancionadora en caso de incumplimiento de las cuotas lingüísticas en los medios de comunicación audiovisuales. Una potestad de la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deberá determinar si se ajusta a la Constitución o supone un exceso de atribuciones de este órgano regulador del sector audiovisual catalán. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJC ha admitido un recurso presentado por la Asociación por la Tolerancia contra la instrucción general del CAC sobre la presencia de la lengua y la cultura catalanas y del aranés en los medios de comunicación audiovisuales. El recurso fue presentado hace un año, pero su tramitación se ha demorado debido a un conflicto jurisdiccional que finalmente concluyó con la remisión de la demanda a la Sala de lo Contencioso, que ha trasladado el expediente al CAC para que exponga sus argumentos. la creación de un órgano de estas características figuraba también en el programa electoral de los populares G. LÓPEZ ALBA C. DE LA HOZ MADRID. El Gobierno sostiene que la esencia del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, que se creará por una ley que tiene previsto aprobar en el primer semestre del año próximo, es traspasar las competencias sancionadoras que ahora están en manos del Ministerio de Industria a un órgano independiente de extracción parlamentaria Así lo afirmaron ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, quienes declararon que no ven contradicción alguna entre que ese Consejo pueda velar también por la veracidad de las informaciones que se difundan y el desmarque expresado el día anterior por el segundo de ellos ante la pretensión del Consejo Audiovisual de Cataluña de ejercer como tribunal De la Vega moduló esta crítica, formulada en ABC por su subordinado, al señalar que aunque no conozco en profundidad el informe, si me preguntaran les diría que a lo mejor yo no lo hubiera hecho así En cuanto al anteproyecto del Gobierno, De la Vega señaló que España es el único país de la Unión Europea que no dispone de una autoridad audiovisual de ámbito estatal y que su principal objetivo debe ser garantizar que se cumpla la ley y se defiendan los intereses de los usuarios Controversia PP- PSOE En la Europa de las libertades, el PSOE recupera la censura Con esta sentencia resumía el número dos del PP, Ángel Acebes, el sentir de su partido ante la pretensión de crear un Consejo Estatal Audiovisual. El primer partido de la oposición no duda de que su objetivo será controlar el contenido de los medios de comunicación, incluso con capacidad de revocación de licencias. Tras anunciar Acebes que lo vamos a estudiar con detenimiento insertó esta iniciativa dentro de un proyecto más ambicioso, por el cual los socialistas, a decir del PP, quieren eliminar las críticas a su gestión, lo que supone un retroceso clarísimo de las libertades Dentro de esta misma pretensión enmarcó lo que no dudó en calificar de purgas en RTVE, lo que lleva, aseveró, a que magníficos profesionales estén relegados en el Ente público. El PSOE, a través de su portavoz en la Comisión de Control de RTVE, Óscar López, respondió tachando de incoherente e hipócrita la actitud del PP porque ellos mismos defendían la creación de este organismo en su programa electoral de 2004 Recordó también que, en octubre, el PP votó a favor de una proposición de ley orgánica presentada por CiU que instaba a la creación de un organismo de esas características. ÁNGEL DE ANTONIO Entre otras facultades, informará de manera preceptiva y vinculante sobre la concesión de licencias y dispondrá de cierta capacidad normativa puesta del Congreso de los Diputados, aprobada por la mayoría de dos tercios. El texto prevé que los consejeros serán elegidos entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional Las fuentes consultadas por ABC confirman que el anteproyecto ha sido someramente consultado con el sector audiovisual que lo rechaza de manera absoluta por entender que su contenido es anticonstitucional y vulnera el artículo 20 de la Carta Magna Estas mismas fuentes subrayan la necesidad de considerar este anteproyecto con el de la ley general audiovisual porque es ésta la que le dará al Consejo Estatal la munición para sancionar a las radios y las televisiones e intervenir en las programaciones Efectivamente, la ley del Consejo no tipifica las conductas que podrá sancionar, por lo que sería necesario compulsar este texto con el de la ley audiovisual. Las fuentes consultadas por ABC dan por supuesto que el Gobierno conocía la ley catalana y que el anteproyecto del Estado no difiere en lo sustancial con el de la Generalitat y es, por lo tanto, inadmisible por su carácter intervencionista Qué es cultura catalana Mediante esta instrucción, el CAC desarrolla la ley de Política Lingüística de 1998 y reproduce las obligaciones de estos medios con la normalización y fomento de la lengua y la cultura catalanas, y se establece un régimen sancionador. A juicio de los demandantes, el CAC carece de cobertura legal para imponer este tipo de sanciones y considera inconstitucional que se establezcan cuotas lingüísticas- -también regula la programación musical- excluyendo la lengua castellana. La norma establece tiempos de emisión en catalán que, en algunos casos, deben ser superiores al 50 por ciento de la programación. Se trata de una normativa intervencionista que incluso se atreve a determinar qué se entiende por cultura catalana. Nos parece un exceso asegura a ABC el vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia, José Domingo. En mayo de 2003, el TSJC dictó una sentencia en la que expresaba la ilegalidad de establecer sanciones por incumplimiento de esas cuotas lingüísticas, también en respuesta a un recurso de la Asociación por la Tolerancia. Ángel Acebes y Ana Pastor, ayer en Madrid EFE