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4 Opinión SÁBADO 24 12 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EN MITAD DEL ZOCO R JUECES DE REEMPLAZO L Gobierno socialista dio ayer un nuevo paso en las reformas judiciales con la aprobación de la nueva justicia de proximidad y la creación de los consejos autonómicos de Justicia. Este proyecto se suma al aprobado la semana pasada, que modifica sustancialmente la función casacional del Tribunal Supremo. El Gobierno, por tanto, ya ha puesto sobre la mesa algunas de las principales piezas de su modelo judicial, y la primera valoración que merece no es favorable. Teniendo en cuenta que se trata de proyectos de ley iniciales y que los socios del Gobierno son los que son, cabe dudar de que realmente estemos ante una reforma de máximos, y no de mínimos, cuya finalidad sea dar cobertura a dos de los objetivos políticos fundamentales del Ejecutivo: la federalización del Estado y la sumisión del Poder Judicial. El encadenamiento de las reformas anunciadas por el Gobierno bien puede desembocar en tres graves consecuencias: la segregación del Poder Judicial, mediante la merma decompetencias al Consejo General; la desprofesionalización de la Justicia, al crear una nueva categoría judicial- -los jueces de proximidad- -integrada por jueces de reemplazo y la desactivación del Tribunal Supremo, hasta convertirlo en un órgano extraño a las demandas de justicia de los ciudadanos. El problema ya no es que tales reformas sean o no constitucionales. El problema es que no resuelven ninguna necesidad actual, agravan las que ya hay y crean conflictos nuevos. La justicia de proximidad es una broma de mal gusto para una sociedad que quiere la máxima profesionalización en los funcionarios responsablesde atender sus demandas, sean éstas cuales sean. No es suficiente que los ayuntamientos hayan quedado fuera de su designación, porque lo grave radica en el concepto vulgar de justicia que entraña esta nueva figura judicial. Por otro lado, es una falta de consideración al ciudadano, a quien se le dice que los asuntos poco importantes serán resueltos por jueces reclutados entre licenciados en Derecho- -probablemente, sin otra opción profesional- como si para cada ciudadano su asunto no fuera el más importante. En todo caso, la reforma agrava lo previsto en el anteproyecto, porque el juez de proximidad se va a integrar directamente en la carrera judicial, ocupan- E do el primer escalón, desde el cual podrá ascender a la categoría de juez. Es decir, se trata de un sistema aún más pernicioso que el cuarto turno suprimido en la reforma de 2003. En cuanto a los consejos autonómicos, la reforma se apoya en el falaz argumento de que su creación contribuye a la descentralización de la Justicia. Si hay algún poder del Estado que, por naturaleza, está descentralizado, es el judicial, cuya presencia se mide no por provincias, sino por partidos judiciales, y alcanza tanto a la función jurisdiccional como algobierno interno, repartido entre salas de gobierno, presidencias, decanatos... Es una manipulación presentar al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial como iconos de un poder centrípeto y absorbente, pero a partir de esta propaganda falsa se está justificando políticamente una mutación partidista del modelo judicial. Si las autonomías tienen competencias en materia de personal y medios materiales, no hace falta crear consejo autonómico alguno. Pero lo que se prevé por el gobierno trasciende esas competencias, porque estos nuevos órganos tendrán un acentuado carácter político del que ahora carecen, por ejemplo, las salas de Gobierno de los tribunales superiores de Justicia, integradas sólo por jueces. Una parte de los consejos estará integrada por juristas de reconocido prestigio designados por las asambleas autonómicas. Así planteados, los consejos autonómicos serán hervideros de discordia con el Consejo General del Poder Judicial, sobre todo en aquellas autonomías donde el nacionalismo y el socialismo filonacionalista sean mayoría, como en Cataluña. Lo que estratégicamente propone el Gobierno es la creación de centros territoriales de poder político en la Justicia para competir, desde el seno del Poder Judicial, con el Consejo General, cuya legitimidad y representatividad corren un serio riesgo si esta reforma sale adelante. Es una lástima que el Gobierno no haya puesto tanto empeño en cumplir su primera promesa electoral, que garantizaba a todo ciudadano una sentencia firme en un plazo no superior a dos años. En su lugar, el PSOE ha vuelto a donde solía con la Justicia, con la que le resulta imposible una convivencia basada en el respeto y la independencia recíproca. ESULTA patético el comportamiento de unos y de otros en torno a las negociaciones sobre el Estatuto catalán, convertido en instrumento al servicio de los intereses partidistas de una clase política que mercadea con la letra grande y pequeña del proyecto. Cuestión de números- -la financiación- -y de conceptos- -nación- que tan pronto resultan irrenunciables como negociables. Estamos en esa fase en la que el problema está en encontrar el sustantivo que acompañe al término nacional (ahora gana puntos lo de identidad una de las ocho fórmulas mágicas de José Luis Rodríguez Zapatero) pero tal vez mañana el tripartito o CiU vuelvan a tensar la cuerda amenazando con rechazar la patena reluciente del presidente del Gobierno. En ésas estamos, en mitad del zoco y regateando. Pasqual Maragall AFP PAZ A preocupación por el terrorismo se reduce en el País Vasco a medida que la actividad asesina de ETA se mantiene congelada, configurando un escenario de sociedad feliz y confiada que constrasta con la vida diaria de quienes siguen siendo víctimas del chantaje terrorista, en medio de un paisaje virtual que algunos pretenden vender como expresión de normalidad. El euskobarómetro confirma esa sensación generalizada de paz entre comillas, que la sociedad vasca respira a bocanadas, aunque sea tutelada por ETA y su siniestra estrategia. Datos demoscópicos que muestran un País Vasco encantado, como quien despierta de pronto de un mal sueño de años y evita mirarse al espejo para no verse la cara y enfrentarse a la auténtica realidad. L CENSURA ENCUBIERTA L Gobierno encadena un error tras otro en materia de relaciones con los medios. Horas después del rechazo de los planes del tripartito por parte del secretario de Estado de Comunicación, se filtraba el texto de un proyecto de ley, que hoy desvela ABC, para la creación de un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, entre cuyas funciones figura velar por la veracidad y por el respeto al honor en las informaciones. El incumplimiento de este deber podría ser sancionado- -en calidad de infracción muy grave- -con una fuerte multa, con el fundido en negro de la pantalla o la suspensión de emisiones, e incluso con la revocación de la licencia de radio o TV. Aunque con menos competencias que su homólogo catalán (ya que no tendrá la facultad de otorgar licencias, pero sí de informar de modo vinculante sobre su otorgamiento) el consejo diseñado por el Ministerio de Industria vulnera el contenido esencial de las libertades informativas. El artículo 20 de la Constitución es muy claro y explícito, como era lógico en el contexto de una sociedad deseosa de pasar página respecto a recortes y censuras. E Bajo una apariencia cuidadosa (objetividad, respeto a la intimidad o protección de la infancia) el anteproyecto refleja una mentalidad controladora e intervencionista. Entre los problemas más graves de nuestro Estado democrático se encuentra la pérdida de prestigio de los organismos teóricamente independientes que derivan de una elección parlamentaria. Las cuotas de partido y la fidelidad a la propia causa prevalecen sobre el rigor profesional y el respeto al ordenamiento jurídico. Reproducir un modelo en crisis para un asunto tan delicado constituye un grave error. Habrá que suponer- -aunque coincide la influencia del PSC en ambos textos- -que no se pretende influir sobre las empresas o los profesionales, y menos aún distinguir entre medios afines y hostiles. Solo el Poder Judicial reúne las garantías precisas para corregir los eventuales excesos en el ejercicio de un derecho que supone a la vez un deber hacia la sociedad. Cualquier forma de censura, sea material o psicológica, merece la más severa condena desde el punto de vista democrático. AGUJERO NEGRO O del déficit comercial español amenaza con convertirse en dolencia crónica de una economía que presenta síntomas preocupantes, más allá de que el crecimiento siga al alza. En los diez primeros meses del año, esta variable aumentó en un 29,8 por ciento, lo que pone de manifiesto que entre las exportaciones (un 4,4 por ciento más) y las importaciones (un 11,8 de incremento) hay un desfase evidente, un agujero negro donde pueden precipitarse muchas de las esperanzas futuras. Se sigue dependiendo, y mucho, del mercado extranjero, lo que obliga a reflexionar sobre la musculatura de una economía cada vez más descompensada. L