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ABC VIERNES 23 12 2005 41 Sociedad El Consejo Económico y Social pide que se fije una tarifa de tiempo mínimo de estancia en los aparcamientos El Gobierno rechaza que el Consejo Audiovisual de Cataluña pueda ejercer de tribunal Moraleda dice que el rebasamiento de la libertad de expresión tiene que ser un espacio judicial b Las asociaciones de magistrados precisan que son los jueces los que, en última instancia, deben determinar si se vulneran los límites de la libertad de información G. L. A. A. A. C. MADRID. El Gobierno se desmarcó ayer de la polémica ley Audiovisual que permitirá a la Generalitat de Cataluña cerrar una emisora de radio o televisión si juzga que no difunde información veraz El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, manifestó a ABC, en este sentido, que el rebasamiento de la libertad de expresión tiene que ser un espacio judicial, nunca político por lo que rechazó que el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) pueda actuar como un tribunal Fernando Moraleda matizó que estas consideraciones no implican una descalificación global del Consejo Audiovisual y señaló que conviene leer atentamente las motivaciones de la ley Audiovisual En la misma línea que el portavoz del Gobierno se pronunciaron ayer las tres asociaciones de magistrados, al ser preguntadas por ABC sobre la posibilidad de que no sean los jueces, sino organismos administrativos o políticos, los que determinen si un medio de comunicación vulnera los límites de la libertad de expresión e información. Un operario manipula pantallas planas de plasma en una feria internacional del sector audiovisual AFP Competencia judicial El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Antonio García, afirma que cualquier tipo de ley que incida en lo que presuntamente parece un recorte del ejercicio de libertad de información, recogido en el artículo 20 de la Constitución, es vista con mucha reticencia. Lo que el colectivo de jueces tiene claro es que cualquier injerencia en los derechos fundamentales y las libertades públicas tiene que ser medida como grano de sal, con una cautela y una prudencia absolutamente extrema Según la APM, deben ser los juzgados o tribunales los que en último caso determinen si se ha producido algún tipo de actuación que transgreda o infrinja el ejercicio de esos derechos. Quienes tienen encomendada la interpretación y aplicación de la ley son los jueces y los tribunales. La doctrinal constitucional sobre el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz es tremendamente generosa y muy laxa. Intentar poner una mordaza a un medio de comunicación nos deja tremendamente preocupados Por su parte, Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democra- Cualquier injerencia en derechos fundamentales debe ser vista con una cautela extrema dice la APM José Luis Requero, vocal del CGJP, asegura que las competencias otorgadas al CAC lo convierten en policía de prensa cia, precisa que el único organismo que puede determinar si se ha vulnerado o no la libertad informativa es un órgano jurisdiccional. Cuestión distinta es si determinados organismos quieren establecer normas deontológicas o que los medios de comunicación autorregulen el contenido de sus informaciones para asegurar el cumplimiento de los principios que el Tribunal Constitucional viene exigiendo sobre la veracidad de la información y el respeto de los límites que protegen el derecho al honor, a la intimidad personal y la propia imagen Por último, el portavoz de la asocia- La Junta corrige al Consejo andaluz y dice que no le permitirá retirar programas Las declaraciones del presidente del Consejo Audiovisual Andaluz, Manuel Ángel Vázquez Medel, que aseguró que el Reglamento de este órgano le dará potestad para sancionar a las cadenas de radio y TV, e incluso instar a la retirada de programas cuando no cumplan principios constitucionales o estatutarios, ha caído como un jarro de agua fría tanto en la Junta de Andalucía como en todos los partidos políticos del foro parlamentario. Ayer, el portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, advertía de que la Junta no tiene ni la más mínima intención de modificar la ley de Creación del Consejo Audiovisual para conceder más competencias a éste órgano. Ni se lo ha planteado ni se lo va a plantear recalcaba. En ese sentido se pronunciaba ayer el presidente del PP- A, Javier Arenas, cuando declaró que, si el Consejo intenta imitar los planteamientos de Cataluña, se replanterán su presencia en este órgano. ción Francisco de Vitoria, Juan Pedro Quintana, afirma que en última instancia corresponde al poder judicial la tutela y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Deberán ser los tribunales los que reconozcan si se han superado los límites en el ejercicio de la libertad de información por los medios de comunicación En opinión de Juan Pedro Quintana, la posibilidad de que exista un organismo intermedio que ejerza un control previo es una cuestión puramente política, que corresponde a los grupos parlamentos o el Gobierno. En todo caso, si se toma esa decisión, el organismo que se encargue de velar por el correcto ejercicio del derecho de información debería reunir unas características de independencia evidentes y de autonomía respecto a los intereses partidistas Funciones inconstitucionales En declaraciones a Servimedia, José Luis Requero, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aseguró que las competencias otorgadas al CAC por el Parlamento catalán hacen que este órgano administrativo se haya convertido en algo parecido a la policía de prensa del franquismo. Según Requero, las funciones de control del contenido de los medios de comunicación atribuidas al CAC son algo claramente inconstitucional ya que se trata de atribuciones que la Carta Magna asigna a los tribunales.