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16 Nacional VIERNES 23 12 2005 ABC El TC afirma que la ilegalización de Batasuna supuso su muerte civil Dice que el partido proetarra no tiene derechos ni puede reclamar su protección b El Tribunal Constitucional deci- Más de un centenar de actos pese a ser ilegal BILBAO. Desde la sentencia judicial que dejó fuera de la legalidad a Batasuna, en mayo de 2003, este partido, pese a su muerte civil ha celebrado más de un centenar de actos públicos, la mayoría de ellos homenajes a etarras, y sus dirigentes han sido entrevistados en 72 ocasiones en EITB, la Radio Televisión Pública Vasca. Sólo en los siete meses de la presente legislatura, el parlamentario vasco del PP Carlos Urquijo ha solicitado al Departamento del Interior la presencia policial en 35 convocatorias de Batasuna, veinte de ellas homenajes a etarras y quince, manifestaciones y concentraciones. El último de estos actos fue el celebrado el pasado sábado en Galdácano, donde Batasuna rindió homenaje a un antiguo preso de ETA, Pako Rodríguez Jaramillo. Dos días antes, Urquijo informó al Departamento del Interior de la convocatoria, pero, como es habitual, se celebró sin presencia policial. Pero no sólo en el País Vasco ha tenido impunidad, porque no hace mucho Batasuna celebró una asamblea en Alsasua, Navarra. dió ayer no admitir a trámite el amparo presentado por Batasuna contra la orden del Supremo de disolver su grupo parlamentario NIEVES COLLI MADRID. La ilegalización de Batasuna en marzo de 2003 supuso su muerte civil Así lo afirma el Tribunal Constitucional en una resolución que inadmite a trámite un recurso de amparo formulado por el partido proetarra porque, según argumenta el TC, al ser ilegalizado perdió su capacidad jurídica para reclamar la protección de derechos propios o ajenos y, más allá, dejó de ser titular de derecho alguno. Batasuna recurrió ante el Tribunal Constitucional las órdenes dictadas en abril y mayo de 2003 por el Tribunal Supremo para que las instituciones vascas ejecutaran la sentencia de ilegalización mediante la disolución- -que nunca llegó a llevarse a la práctica por el Parlamento autonómico- -de los grupos parlamentarios provinciales, forales y locales tanto de la propia Ba- tasuna como de su heredera, Sozialista Abertzaleak. El auto del Constitucional pone una vez más sobre la mesa la enorme paradoja que han destacado diversos sectores de que Batasuna no pueda operar legalmente como partido político- -la sentencia de ilegalización, firme tras ser avalada por el propio TC, supuso también el cese de todas sus actividades- -y que, en la práctica, día a día sus ex dirigentes sigan opinando públicamente en representación de un partido que ya no existe. Además, también siguen convocando actos y manifestaciones permitidos por el Gobierno vasco e incluso, como ocurrió con la asamblea celebrada recientemente en Alsasua (Navarra) por la Delegación del Gobierno. El TC recuerda que la ilegalización de Batasuna provocó una situación irreversible cuyo efecto es la extinción de la personalidad jurídico- civil del partido. Eso significa que Batasuna ha dejado de ser sujeto en Derecho -es decir, ha perdido toda capacidad jurídica para actuar en defensa de cualesquiera derechos o intereses, propios o ajenos -y ha dejado de te- ner personalidad jurídico- civil como partido político, lo que comporta la desaparición de su círculo jurídico, esto es, del haz de derechos y facultades que configuraban la propia existencia jurídica de la entidad disuelta Esa capacidad y esa personalidad jurídicas de las que ya no goza Batasuna son dos requisitos necesarios para poder interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero como el partido proetarra está civilmente muerto desde su ilegalización, y ya no goza de derechos, tampoco puede reclamar su protección. El TC descarta también que se produzca una sucesión procesal y que otro partido político que sustituya a Batasuna herede su capacidad para defender los derechos de la formación ilegalizada. Esa opción no es posible porque la ley de Partidos Políticos expresamente prohíbe que un partido suceda a otro disuelto. En cualquier caso, el acomodo a la Constitución de las órdenes dictadas por el Supremo para disolver los grupos parlamentarios será estudiado por el TC gracias a los seis recursos planteados por otros sujetos que sí estaban legitimados para ello.