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4 Opinión VIERNES 23 12 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil CLAMOR CONTRA LA LEY MORDAZA ODAS las asociaciones de jueces cuestionaron ayer la ley Audiovisual aprobada por el Parlamento catalán y que permitirá a la Generalidad cerrar emisoras si juzga que no dan información veraz. La irrupción intervencionista y restrictiva de las administraciones públicas supone un menoscabo intolerable de la libertad de información, que se da de bruces con las promesas de pluralidad y libertad informativas del presidente del Gobierno. El apoderamiento de competencias jurisdiccionales por parte de organismos políticos que se erigen en guardianes de las esencias constitucionales, pero se saltan el artículo 20 de la Constitución, no es propio de sistemas democráticos. Bien está que el secretario de Estado de Comunicación tratara ayer de distanciarse de la decisión del Parlamento catalán, pero al señor Moraleda habría que recordarle que es el PSC el que con sus votos ha hecho posible la aprobación de esta norma en la Cámara autonómica. Nada sería más eficaz en estos momentos que, como reclama la Federación de Asociaciones de Prensa, el Ejecutivo presentara recurso contra la ley ante el Constitucional. T EN DEUDA CON LAS FAMILIAS L Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de ley de autonomía personal y atención a las personas dependientes, primera piedra de un nuevo Sistema Nacional de Dependencia, que tiene como objetivo principal las ayudas económicas a las familias que cuidan de personas mayores, enfermas o discapacitadas. Según datos del propio Gobierno, en España hay mas de 1,1 millones de personas que no pueden valerse por sí mismas y que están a cargo de familiares que han renunciado a su vida laboral para asumir esta responsabilidad. Así planteada, la iniciativa del Gobierno es positiva porque implica el reconocimiento de que estas situaciones de asistencia continua a personas dependientes no pueden ser ajenas a la atención de los poderes públicos, tanto por razones de justicia como de beneficio general para la sociedad. Ahora bien, el ambicioso Sistema Nacional de dependencia también conlleva el reconocimiento de que el Estado del Bienestar no dispone de recursos ilimitados y que es la familia la institución más sólida con la que cuenta la sociedad para cubrir las necesidades de las personas que se quedan extramuros de la atención pública. Como en tiempos de crisis económica y de desempleo, la familia recupera su carácter protagonista en el ejercicio de la solidaridad y de la cohesión social, actuando como refugio frente a las carencias del Estado y de la propia sociedad. Este proyecto de ley supone, por tanto, llevar al Estado a ámbitos donde el sacrificio personal de los familiares ha velado la existencia de un sector social necesitado de una ayuda organizada y continua, demandante de recursos económicos que, normalmente, superan las posibilidades de las familias de las personas dependientes. Ahora bien, la propia bondad intrínseca de la iniciativa del Gobierno y las enormes expectativas que ya ha generado obligan al Ejecutivo a actuar con sinceridad y rigor. Esta futura ley no puede ser un catálogo de esperanzas imposibles de cumplir. La advertencia está justificada por la experiencia de tantas leyes que prometen y no cumplen. La ley de dependencia es una apuesta por la ampliación sustancial y cualitativa del Estado del Bien- E estar, va a generar un compromiso permanente de las administraciones públicas con las familias de las personas dependientes y supondrá la implantación de una política asistencia sin vuelta atrás. Por eso, el Gobierno debe planificar sin voluntarismos legislativos los recursos necesarios para asegurar la correcta aplicación de la ley. No es suficiente, por muy fotogénico que sea, el acuerdo con los agentes sociales. Hace falta asegurar medios económicos para que, utilizando el lenguaje al uso, sea una ley sostenible Las advertencias sobre la viabilidad del sistema de pensiones a medio plazo son también aplicables a esta ampliación del Estado del Bienestar. En definitiva, el Gobierno debe garantizar que hay y habrá dinero para mantener este nuevo compromiso social. Por otro lado, la ordenación autonómica del Estado no debe ser un obstáculo para la aplicación de la futura ley, ni una fuente de diferencias privilegiadas. Este sistema de atención a las personas dependientes ha de actuar como una fuerza de vertebración de la sociedad española, a partir de un tratamiento igualitario, del que debe responder la Administración Central, sin perjuicio de las aportaciones de las comunidades autónomas. En el plano político, el Gobierno tiene que aceptar la oferta de pacto que le ha dirigido el líder del PP, Mariano Rajoy. Las pensiones quedaron fuera de la discordia partidista gracias al Pacto de Toledo y el Sistema Nacional de Dependencia no merece un trato político menor. Su implantación no será reversible y obligará a todo gobierno, sea cual sea el partido que lo asuma, como ya ha sucedido con todos los avances del Estado social. Precisamente por esto, el PSOE debe contar con el acuerdo del PP en el diseño de este nuevo sistema asistencial, única manera de ofrecer a los ciudadanos la garantía de que los cambios de gobierno no afectarán al nivel de prestaciones sociales comprometidas. La sociedad española no quiere un manual de buenas palabras e intenciones en asuntos que afectan a aspectos tan sensibles como la atención a las personas dependientes. Quiere hechos que confirmen las promesas. Fernando Moraleda CHEMA BARROSO UNA DISCULPA OBLIGADA ás allá de la frenética actividad diplomática del Ministerio de Exteriores, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, se puso en contacto con la secretaría general del Episcopado para tratar de la situación provocada a raíz de la broma en la Cope de un imitador que conversó telefónicamente con el presidente electo de Bolivia, Evo Morales, haciéndose pasar por José Luis Rodríguez Zapatero. Tras la intervención de Moraleda, hoy está previsto que se reúna el Consejo de Administración de la emisora a fin de expresar sus disculpas por lo ocurrido y lamentar la inconveniencia de la broma del imitador, además de testimoniar su respeto por el pueblo boliviano y la figura de su presidente. Exteriores reaccionó ayer con inusitada rapidez y Moratinos convocó al nuncio del Vaticano y se reunió con el encargado de negocios de la Embajada de Bolivia, mientras el Ejecutivo de esta nación iberoamericana citaba con urgencia al embajador de España en La Paz. MERCADEO PRESUPUESTARIO M A YER se aprobaron definitivamente en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales para 2006, que cuentan con un amplio apoyo parlamentario. La buena marcha de la economía, que tanto debe a la herencia dejada por los gobiernos populares, permite mantener una dinámica de crecimiento y estabilidad, ensombrecida, sin embargo, por factores tan preocupantes como el repunte de la inflación y la debilidad del sector exterior. En el plano político, esta inercia positiva ha permitido al Ejecutivo no sólo practicar la generosidad con sus socios habituales, sino también hacer guiños inequívocos a otros aliados potenciales. Es llamativo el caso del PNV, cuyo voto favorable deriva del compromiso gubernamental respecto de la Y vasca. Se percibe así mismo el apoyo hacia algunos sectores, como el textil, que CiU cultiva con especial interés. Por lo que parece, todos ganan, dejando una vez más al Partido Popular como la única oposición real en una legislatura que viene marcada por la incapacidad de los dos grandes partidos nacionales para llegar a pactos de Estado. Año tras año, el debate y votación de los Presupuestos se convierte en una especie de subasta política en la que se buscan apoyos parlamentarios con el señuelo de concesiones a la clientela de los partidos respectivos. La peculiar traducción de votos en escaños que deriva de nuestro sistema electoral hace que los partidos nacionalistas sean siempre los más beneficiados. Mucho más en esta ocasión, ya que la aprobación de las cuentas para 2006 se solapa con la negociación del Estatuto catalán y con los gestos inequívocos del PSOE hacia el nacionalismo vasco. Recuérdese que el PSE va a aprobar a su vez en el Parlamento de Vitoria un Presupuesto que consolida al inestable Gobierno de Ibarretxe. Se ha eliminado formalmente la ley de acompañamiento criticada con toda justicia en medios jurídicos y políticos, pero permanecen los hábitos más arraigados: se hace un proyecto presupuestario y luego se somete al mercadeo de los votos, siempre con el objetivo de aislar al adversario principal- -y ya casi único- -del PSOE. Veremos cuánto resiste este mecanismo, si- -como apuntan los expertos- -se confirman algunos nubarrones que enturbian el horizonte económico.