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ABC JUEVES 22 12 2005 Sociedad 55 Ayudas económicas Servicio de ayudas técnicas para la la autonomía personal: Prevé la concesión de ayudas económicas o préstamos para adquirir instrumentos técnicos y útiles necesarios que apoyen a la persona dependiente y faciliten su vida diaria. Adaptación de la vivienda: También se podrán percibir una cantidad para eliminar las barreras arquitectónicas del hogar y facilitar en general la capacidad de desplazamiento de la persona dependiente en la vivienda. Servicio de asistencia personalizada: Ofrece a las personas con grave discapacidad menores de 65 años y con capacidad educativa y laboral, una prestación económica para contribuir a la contratación de un asistente personal durante un número de horas. Este profesional ayudará al beneficiario a conseguir una vida más autónoma, le facilitará el ejercicio de las actividades de la vida diaria, y le posibilitará el acceso a la educación, al trabajo y al ocio. mo de lucro. Se procurará la permanencia de la persona dependiente en el entorno en el que desarrolla su vida. Beneficiarios: Los españoles dependientes mayores de 3 años que hayan residido legalmente en el país durante cinco años (los dos últimos inmediatamente anteriores a la solicitud de acceso al sistema) Quienes no posean nacionalidad española se regirán por la normativa de extranjería. Catálogo de prestaciones: Teleasistencia; ayuda a domicilio (necesidades del hogar y cuidados personales) centros de día y de noche para mayores, menores de 65 años y atención especializada; residencias para mayores dependientes y dependientes con discapacidad física o psíquica (estancia permanente o temporal; también fines de semana, vacaciones o por enfermedad o descanso del cuidador informal) Si los poderes públicos no pueden garantizar la prestación, ésta será sustituida por una aportación económica periódica con la que cubrir los gastos de un servicio privado que haya sido acreditado. Los poderes públicos supervisarán el destino de esa cantidad. En casos excepcionales, el usuario también podrá optar a una prestación monetaria para ser atendido por cuidadores familiares, que deberán darse de alta en la Seguridad Social y someterse a las normas de cotización respecto a su actividad. El Gobierno se reserva determinar en un reglamento el régimen económico que les corresponde así como los requisitos de afiliación y cotización. Dispondrán de programas de formación y periodos de descanso. El acceso a los servicios y la cuantía de las prestaciones se determinará por el grado de dependencia y por el nivel de renta y patrimonio del solicitante. Configuración de la red: Centros y servicios públicos de las comunidades y ayuntamientos, centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y atención de dependientes, así como los privados, con o sin ánimo de lucro. Los representantes de los agentes sociales y el ministro de Trabajo tras firmar ayer el acuerdo de dependencia ERNESTO AGUDO El usuario del sistema de dependencia contribuirá con su renta y patrimonio Podrá recibir una ayuda económica si opta por un cuidador familiar tres meses de plazo, una vez que la Ley de Dependencia entre en vigor, para concretar los grados y niveles de dependencia M. J. P- B. MADRID. La financiación del Sistema Nacional de Dependencia- -el cual garantizará el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas a través de una serie de prestaciones- -correrá a cargo de las diferentes administraciones y contará con aportaciones de los usuarios según su capacidad económica, que se medirá teniendo en cuenta su renta y patrimonio. Cuando no resulte posible asegurar el servicio, el beneficiario recibirá una prestación económica para cubrir los gastos de la prestación que necesite de una entidad privada, y en casos excepcionales, también podrá optar a una ayuda económica para que ser atendido por cuidadores familiares. Así se confirma en un borrador del anteproyecto de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana, y al que ha tenido acceso ABC a través de la revista Júbilo Esta norma, que sienta las bases del Sistema Nacional de Dependencia, se compone de 52 artículos, siete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y otras seis disposiciones finales. En estas últimas se especifica que el Gobierno tendrá un plazo de tres meses, una vez que entre en vigor la ley, para aprobar el catálogo de prestaciones que desplegará el sistema, así b El Gobierno tendrá como para establecer un baremo en todo el país que sirva para concretar los grados y niveles de dependencia, el paso fundamental que permitirá acceder a los servicios y a las prestaciones económicas recogidas. Las aportaciones que deberán realizar los usuarios tampoco quedan especificadas. Sí se prevé que el primer año la red atienda a los grandes dependientes: 223.457 personas, según el Libro Blanco de la Dependencia. Estas son las bases del Sistema Nacional de Dependencia, en definitiva el acuerdo alcanzado esta semana entre agentes sociales y Gobierno: Financiación: Será la que determine el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hasta que tome una decisión, la financiación se compartirá entre la Administración General del Estado (que no aportará más del 50 por ciento) las comunidades y los ayuntamientos. Los beneficiarios participarán tam- bién según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica, que se calculará sobre el conjunto de sus rentas y patrimonio. En la valoración del patrimonio se tendrá en cuenta la edad. Principios: Las prestaciones son de carácter universal y público en todo el país y se accederá a ellas con los mismos criterios y condiciones de igualdad. Para ello se pedirá la colaboración de los servicios sociales y sanitarios, públicos y privados, con y sin áni- El cuidador familiar deberá darse de alta en la Seguridad Social y someterse a las normas de cotización respecto a su actividad Las sanciones económicas servirán para ayudar a garantizar la asistencia La ley también prevé sanciones económicas para toda una serie de infracciones que se puedan cometer hacia las personas dependientes. Las cantidades varían desde las más leves, multadas con hasta 30.000 euros, hasta las más graves, con un millón de euros. Los ingresos que se obtengan con esta recaudación estarán destinados a promover la autonomía personal y garantizar la atención y protección de los dependientes. Los grados de dependencia se han fijado como contemplaba el acuerdo con los agentes sociales: dependencia moderada (una persona necesita ayuda, al menos una vez al día, para realizar varias actividades básicas de su vida diaria) severa (precisa ayuda dos o tres veces al día) y gran dependencia (pérdida total de autonomía mental o fisica y es indispensable un cuidador) En un reglamento posterior el Gobierno establecerá los criterios para valorar el grado de autonomía de la persona y su capacidad para realizar las actividades diarias.