Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
24 JUEVES 22 12 2005 ABC Internacional El presidente George W. Bush lanzaba ayer un mensaje desde la Casa Blanca a los senadores demócratas para que avalen su legislación antiterrorista REUTERS El fisgoneo- gate se convierte en la última gran pesadilla para la Administración Bush Políticos demócratas y algunos republicanos exigen la intervención del Congreso en este asunto b Uno de los magistrados encarga- dos de autorizar escuchas domésticas a los servicios de Inteligencia dimite en protesta por el puenteo de esas garantías judiciales PEDRO RODRÍGUEZ. CORRESPONSAL WASHINGTON. En la jerga periodística de Estados Unidos, cuando una historia sigue y sigue se le atribuyen metafóricamente patas Potencial anatómico en el que el escándalo del espionaje interior ordenado por la Casa Blanca empieza a exhibir tantas piernas, y tan llamativas, como las espectaculares bailarinas que todas las navidades actúan en el Radio City Music Hall de Nueva York. El fisgoneo- gate convertido en la última gran pesadilla política de la Administración Bush, prosiguió ayer con todo su polémico ímpetu al trascender la dimisión del magistrado federal James Robertson, uno de los miembros del tribunal secreto encargados de autorizar escuchas a los servicios de Inteligencia en el interior del país. La renuncia de Robertson, según el Washington Post, se produce en protesta por el puenteo de estas garantías judiciales realizado por la Administración Bush al permitir después del 11- S que la Agencia Nacional de Seguridad interceptase conversaciones telefónicas y mensajes electrónicos en Estados Unidos para buscar indicios de Al Qaida. Una decisión que la Casa Blanca defiende en virtud de la autoridad constitucional del presidente, como comandante en jefe, y de las prerrogativas derivadas de la guerra antiterrorista librada por el EE. UU. desde 2001 con el visto bueno del Congreso. Sin explicaciones públicas El portazo del juez Robertson, elevado a la magistratura federal por el presidente Clinton y uno de los once miembros de la Foreign Intelligence Surveillance Court, se materializó este lunes sin explicaciones públicas. Pero en comentarios a funcionarios judiciales, el magistrado pudo dejar claras sus dudas sobre la legalidad de las prerrogativas asumidas por la Casa Blanca y su temor a que el trabajo del tribunal secreto haya quedado comprometido. Dudas también expresadas el año pasado por la juez Colleen Kollar- Kotelly, que preside este tribunal secreto establecido a finales de los años setenta, en parte, para evitar abusos cometidos por la Administración Nixon. La dimisión ha coincidido con el creciente respaldo entre congresistas republicanos a las peticiones de la oposición demócrata para organizar una pesquisa parlamentaria sobre las tácticas de espionaje electrónico autorizadas por la Casa Blanca y filtradas el viernes pasado por The New York Times. A la hora de establecer la legalidad de estas tácticas antiterroristas, el Congreso federal se plantea una investigación conjunta de los comités judicial y de Inteligencia. Examen de las actuaciones de la Casa Blanca que tendría lugar justo al comienzo del ciclo electoral que culminará el próximo mes de noviembre en la anticipada cita con las urnas para renovar un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes. Ante estos comicios, los republicanos temen un retroceso significativo de su actual posición mayoritaria en la colina del Capitolio. La Cámara se plantea una investigación conjunta de los comités judicial y de Inteligencia Pese a la insistencia del presidente Bush en que las comunicaciones intervenidas tenían su origen en el extranjero, The New York Times informaba ayer de que una fracción de estos polémicos pinchazos fueron realizados en su totalidad dentro de Estados Unidos. Esta intrusión puede estar siendo atribuida a problemas técnicos de la Agencia de Seguridad Nacional para determinar exactamente, dentro de redes de comunicación plenamente globalizadas, cuándo una comunicación es internacional o puramente interior. Frente a este problemático quebradero de cabeza para la Casa Blanca, en un país que carece de documento nacional de identidad por razones de privacidad, el vicepresidente Cheney ha defendido la legalidad de estas tácticas y recalcado que el peligroso mundo en el que vivimos requiere devolver al Gobierno federal la robusta autoridad y los poderes erosionados a consecuencia de Vietnam y el Watergate. El número dos de la Administración Bush argumentaba que las acciones que hemos tomado son totalmente apropiadas y consecuentes con la autoridad constitucional del presidente recalcando que no es un accidente que no nos hayan atacado en cuatro años