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20 Nacional SENTENCIA SOBRE LA TRAGEDIA DE BIESCAS JUEVES 22 12 2005 ABC Imagen que presentaba el camping Las Nieves de Biescas al día siguiente de la riada que costó la vida a 87 personas EFE El Estado, condenado a pagar más de once millones de euros a las víctimas de Biescas Diez años después, la Audiencia Nacional señala que la riada que mató a 87 personas era previsible b La sentencia cita el informe de un técnico que alertó a la Diputación de Aragón sobre el peligro de inundaciones en el lugar donde se instaló el camping Las Nieves N. VILLANUEVA N. COLLI MADRID. Diez años después de la tragedia del camping de Biescas (Huesca) en el que una riada acabó con la vida de 87 personas, la Audiencia Nacional ha hecho justicia con los damnificados y ha condenado al Gobierno y al Ejecutivo de Aragón a pagar una indemnización que asciende a 11.265.987 euros (1.874 millones de pesetas) El Tribunal considera que la catástrofe que el 7 de agosto de 1996 conmocionó a toda España pudo haberse evitado si esas dos administraciones hubieran hecho caso al informe en el que un funcionario de la Diputación de Aragón advertía de que instalar el camping en el barranco Aras entrañaba un riesgo para las instalaciones y un peligro para las personas por su especial orografía. La Sala absuelve a dos de los cuatro demandados: el Ayuntamiento de Biescas y el propietario del establecimiento turístico. El Tribunal pagará 180.000 euros (30 millones de pesetas) por cada uno de los fallecidos, a excepción de un caso en el que se eleva la cifra hasta 210.000 euros (35 millones de pesetas) Las in- demnizaciones sólo se abonarán a los 72 damnificados que han acudido a la vía contencioso- administrativa en representación de 63 fallecidos. Además, antes de cobrar, tendrán que demostrar que son herederos legítimos de las víctimas. Si bien el dinero no puede paliar el dolor de los perjudicados por la pérdida de sus seres queridos, esta sentencia es la primera que reconoce el derecho a ser indemnizado por una actuación negligente de las administraciones. En octubre de 1999 se archivó la causa penal abierta por prevaricación e imprudencia contra los altos cargos del Gobierno de Aragón y de la Confe- deración Hidrográfica del Ebro. El juez no vio entonces indicios de delito en sus actuaciones al entender que la catástrofe no era previsible. El argumento clave de la decisión adoptada ayer por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional es la obligación que toda organización administrativa tiene de servir al interés general entendiendo como tal la salvaguarda de la vida y la integridad física de los administrados y de sus bienes. El Tribunal reprocha a los condenados que no estudiaran ni valoraran el entorno natural en el que se iba a construir el camping ni previeran los fenómenos naturales que podían Especial tratamiento a un menor que perdió a sus padres y a sus hermanos El Tribunal ha hecho una única excepción al cuantificar las indemnizaciones. Es la de Sergio M. S. que cuando sólo contaba con 16 años de edad tuvo que enfrentarse a la pérdida de su padre, su madre y sus dos hermanos pequeños. Los magistrados han valorado varias circunstancias: de un lado, que tuvo que adaptarse a un nuevo entorno familiar en esa crucial edad de formación y, de otro, cómo influyó en su desarrollo como persona un hecho tan brutal Por ello, y a diferencia del resto de perjudicados, este joven percibirá 210.354 por cada familiar fallecido (35 milllones de pesetas en lugar de 30) Otro de los casos que destacan por la dimensión de la tragedia vivida es el de Enrique S. R. que perdió a siete familiares- -su esposa, sus dos hijos menores, sus cuñados y sus dos sobrinos- -durante la riada. No se dan, sin embargo, las especiales circunstancias que la Sala apreció en el menor que quedó huérfano y sin hermanos. repercutir en la integridad de las personas allí alojadas y en sus bienes En este sentido, los magistrados citan el informe redactado en 1986- -diez años antes del luctuoso suceso- -por Emilio Pérez Bujarrabal, técnico de la Diputación, en el que alertaba de que el área que iba ocupar el camping era un cono de deyección de un barranco de fuerte torrencialidad lo que lo convertía en un lugar de riesgo para las instalaciones y para las personas que iban a utilizarlas. A este estudio, claro y contundente a juicio de la Sala, la administración autonómica no contrapuso ningún otro y se limitó a informar de que no había otro lugar para ocupar el camping La sentencia señala, además, que la advertencia del técnico se silenció en la tramitación del expediente para la concesión de los permisos al propietario del establecimiento turístico. El Tribunal resalta también que todos los expertos han rebatido de forma clara y contundente los argumentos de las defensas: que la catástrofe no era previsible y que, por lo tanto, se trataba de un supuesto de fuerza mayor Los magistrados aseguran en la sentencia que se han encontrado con pocos casos en los que previamente al suceso dañoso hubiera un informe por escrito advirtiendo de su posible acaecimiento Además, la riada del camping Las Nieves había tenido precedentes. Los últimos, los días 11 de junio y el 15 de