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4 Opinión JUEVES 22 12 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil OTRO REVÉS QUE LLEGA DE BRUSELAS A Comisión Europea anunció ayer que impondrá límites más estrictos para reducir las ayudas públicas nacionales que España podrá conceder a empresas situadas en las regiones más desfavorecidas. De acuerdo con las nuevas directrices sobre ayudas regionales, se reducirá un 4,8 por ciento la cobertura de población española que podría beneficiarse de estas subvenciones en el periodo 2007- 2013. De nuevo, pues, llegan malas noticias desde Bruselas, el mismo día en que Rodríguez Zapatero explicaba en el Congreso que en la última cumbre Europa había vuelto a ser generosa con España El presidente del Gobierno confunde términos y proporciones. Una cosa es que el desarrollo alcanzado por nuestro país en los últimos años hiciera inevitable la desaparición paulatina del soporte financiero llegado desde la UE y otra distinta es que intente vender lo que se trajo de Bruselas como un éxito fruto de su habilidad negociadora. Hace unas fechas, en el Parlamento británico, Blair ponía a España como ejemplo de lo que es salir trasquilado de una negociación. La realidad es la que es y, por ello, mejor haría el Gobierno en pensar fórmulas y alternativas para compensar las ayudas que se evaporan que en darle al ciclostil de la autopropaganda. L ¿HACIA LA POLICÍA DE PRENSA? A definición del Estado español como democrático y de Derecho no es una rúbrica formularia de la Constitución de 1978, ni una mera tarjeta de identificación del régimen político, sino un mandato ineludible para los poderes públicos en su relación con las libertades y los derechos de los ciudadanos. Lo que caracteriza a un Estado así configurado es la prioridad absoluta del estatuto constitucional del ciudadano, formado por garantías y valores que han sobrevivido a toda suerte de totalitarismos para culminar en la democracia liberal, que transfiere al consentimiento de los ciudadanos la legitimación del poder. Y un Estado es de Derecho cuando el imperio de la ley no conoce excepciones a su vigencia y es aplicado por tribunales independientes e imparciales. La Constitución refleja este modelo de relación entre el Estado y los ciudadanos y pone en manos de los jueces la protección de sus derechos fundamentales y las libertades públicas. Si alguno de estos derechos sintetiza todos los principios de la democracia como sistema político y de valores es el de la libertad de información, condición sine qua non para la existencia de la opinión pública y de una sociedad informada y capaz de controlar el ejercicio del poder político. La Constitución, en su artículo 20, ya regula el ejercicio de la libertad de información con tres condiciones: la exigencia de la veracidad informativa, la interdicción de la censura previa y el derecho a la objeción de conciencia y el secreto profesional. Y añade que esa libertad tiene su límite en el respeto a los derechos fundamentales, especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia Por tanto, la libertad de información sólo cede ante otros derechos del mismo rango cuando ha incumplido el deber de veracidad o los agrede innecesariamente. Está claro, pues, que no ampara ni el insulto ni la descalificación injuriosa. Al tratarse de un conflicto entre valores constitucionales, tal juicio sólo puede ser resuelto por un tribunal. No en vano, es amplia la jurisprudencia nacional e internacional sobre la relación entre información, veracidad y derechos de la persona. Lo que no tiene justificación en este difícil y tenso equilibrio entre libertades y derechos constitucionales es la L irrupción intervencionista y restrictiva de las administraciones públicas, con pretensiones preventivas y, en su caso, coactivas sobre los medios de comunicación, convertidos en justiciables de una policía de prensa al albur de lo que, según convenga, haya de entenderse por información veraz Esta legislatura socialista está avanzando en la consolidación de un sistema restrictivo de la libertad de información, muy lejos de aquellas benéficas promesas del presidente del Gobierno de que, al término de su mandato, habría más pluralidad y más libertad informativas. La reciente aprobación de la ley Audiovisual de Cataluña (mientras en Andalucía se prepara un reglamento en términos similares) y la continuidad del procedimiento parlamentario de la proposición de ley del Estatuto del Periodista articulan un nuevo ordenamiento jurídico amenazante para la libertad de información, basado en el apoderamiento de competencias jurisdiccionales por parte de organismos políticos- -el Consejo Audiovisual catalán o el posible Consejo Estatal de la Información- -que se atribuyen la valoración no de las infracciones objetivas a la lex artis del periodista o a condiciones administrativas comprometidas por las empresas editoras, sino del contenido de sus informaciones para decidir si son o no veraces. El ansia intervencionista llega también a otros ámbitos- -como la concesión del carné de periodista- pero es éste, el del juicio a la veracidad, el más grave intento de alterar el orden constitucional de la libertad informativa, pues supone tanto como habilitar a los poderes públicos para ser jueces y parte en un proceso sin garantías. No se hizo la Constitución para que quienes, como en toda democracia, deben someterse al escrutinio de los medios de comunicación- -es decir, quienes ejercen el poder- -tengan la potestad discrecional de perseguir y sancionar a aquéllos que cumplen la tarea de formar la opinión pública. No se trata de convertir a los periodistas en una casta privilegiada frente al imperio de la ley, ni a los medios en un ámbito exento, sino de mantener en la competencia de los tribunales la decisión sobre cuándo una información es o no veraz. Y de que cada cual, periodista o político, siga cumpliendo el papel que le asigna una sociedad democrática como la española. Durao Barroso EPA LARGOS HORARIOS, BAJA PRODUCTIVIDAD CONDENA EN EL CASO BIESCAS E C ASI diez años después del trágico suceso de Biescas, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia y declara la responsabilidad patrimonial de la Administración en el asunto del camping Las Nieves, en el que fallecieron 87 personas. La condena al pago de una fuerte indemnización (más de once millones de euros) se dirige conjunta y solidariamente contra el Estado y la Diputación general de Aragón, quedando exentos de responsabilidad por el contrario el Ayuntamiento y el propietario del establecimiento turístico. La sentencia otorga un especial relieve a la existencia de un informe técnico previo, según consta en el expediente, por el cual se advierte del riesgo previsible de la instalación de cualquier infraestructura en la zona afectada, y se considera además que ya existían antecedentes con resultado de muerte y daños personales por avenidas de agua. De acuerdo con la teoría de la responsabilidad patrimonial- -desarrollada con gran precisión en nuestro ordenamiento- las administraciones públicas sólo están libres de dicha responsabilidad en el supuesto de fuerza ma- yor es decir, cuando se trata de riesgos imprevisibles o que, pudiendo ser previstos, resulten imposibles de evitar. No ha ocurrido así en el caso de Biescas. Tanto la administración estatal como la autonómica estaban obligadas a conocer las advertencias de los expertos y tendrían que haber rechazado la autorización solicitada para instalar el camping en una zona tan peligrosa. La eficacia administrativa, que proclama el artículo 103 de la Constitución, es una exigencia de los ciudadanos a los poderes públicos en el Estado democrático de Derecho. Es posible que hayan existido conductas dolosas, pero- -en todo caso- -la pasividad y la inactividad para hacer cumplir las leyes suponen una negligencia inaceptable, tanto en el plano jurídico como en el político. Los tribunales han empezado a poner las cosas en su sitio, aunque la tardanza excesiva de la justicia es también una fuente de indefensión para los afectados. Ojalá que la reparación de los daños materiales (por desgracia, los daños personales no tienen arreglo) sirva para que la sociedad tome conciencia de que es mejor siempre prevenir las causas que lamentar las consecuencias. L Libro Blanco encargado por el Gobierno para estudiar la racionalización de los horarios de los españoles propone un cambio de hábitos de los trabajadores para que puedan salir antes del trabajo y conciliar así mejor su vida laboral con la familiar. Si tenemos en cuenta que en España se trabaja más horas que en cualquier país europeo y que, sin embargo, la productividad es la más baja de la UE (tras Grecia y Portugal) resulta sensato pensar que merece la pena considerar la pertinencia de mantener el esquema actual. La posible flexibilización de los horarios a la que apuntan los expertos parece avalada por las cifras: el trabajador español duerme una media de cuarenta minutos menos que sus homólogos europeos, lo que también puede influir en la merma final de su rendimiento. Las exigencias que impone el ritmo social de hoy en día hacen que sea imprescindible mejorar la conciliación del binomio trabajo- familia. Se trata de alcanzar un estándar vital y laboral cada vez más equiparable al de nuestros socios.