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ABC MIÉRCOLES 21 12 2005 Sociedad 51 El Gobierno podrá revocar la declaración de un territorio como parque nacional Andalucía y Baleares serán las primeras en recibir las transferencias que el Ministerio de Economía está estudiando realizar una aportación inicial para los parques que se declaren a partir de ahora A. ACOSTA MADRID. El borrador del anteproyecyo de ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó ayer a los consejeros homónimos de las comunidades autónomas reserva al Gobierno la capacidad para revocar la declaración de un territorio como parque nacional si se incumpliera reiteradamente los objetivos para los que se creó o se alteraran las características que le valieron tal protección. Ésta es una de las formas de intervención que el Estado mantiene después de que el Tribunal Constitucional sentenciara que la gestión de estos espacios naturales protegidos corresponde a las comunidades autónomas y rechazara la gestión compartida entre ambas administraciones que se venía realizando hasta ahora. Las primeras en ejercitar esa gestión exclusiva de sus parques nacionales serán Andalucía (Doñana y Sierra Nevada) y Baleares (Cabrera) Según Cristina Narbona, son estas dos comunidades las que están en la fase final para llegar a un acuerdo sobre la transferencia de medios materiales y humanos, y el resto espera que pueda ser una realidad a lo largo del próximo año. La ministra no obvió que el parque que más dificultades presenta para su transferencia es el de Picos de Europa por estar en territorio de tres comunidades (Asturias, Cantabria y Castilla y León) En este sentido, la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente es crear un consorcio para garantizar la unidad de gestión en la que participen las tres comunidades y la Administración General del Estado, pues éste es el único caso en que la sentencia del Tribunal Constitucional permite la participación del Estado. Una presencia que, según Narbona, podría ser incluso inversora b Cristina Narbona explicó Andalucía tramita la ley que regulará la clonación terapéutica b La Junta se adelanta al Gobierno más preocupa a las regiones que tienen previsto proponer la declaración de un parque nacional en su territorio, toda vez que para los que ya cuentan con uno de estos espacios el criterio para fijar la cantidad que acompaña a las transferencias es el gasto ejecutado en 2004. Narbona explicó que el Ministerio de Economía está estudiando realizar una aportación inicial específica para los nuevos parques Además, el anteproyecto de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad recoge la elaboración de un Plan Estratégico Nacional para la conservación y restauración de los recursos naturales y la creación de una Comisión Nacional como órgano consultivo en esta materia. Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente presentó también ayer el primer borrador de la Ley de la Atmósfera, que pretende garantizar niveles de calidad del aire que no perjudiquen la salud ni el medio ambiente. Según un estudio de la Comisión Europea, la contaminación atmosférica causa en Europa 350.000 muertes prematuras al año y, de ellas, 16.000 corresponden a nuestro país. Y es que las ciudades españolas de más de 250.000 habitantes superan los límites de contaminación atmosférica fijados por la Unión Europea. Lo que se pretende con esta nueva ley es involucrar a las comunidades autónomas y ayuntamientos para reducir la contaminación procedente del tráfico. y da luz verde a su anteproyecto antes de que Sanidad presente la ley que autorizará la transferencia nuclear en toda España N. R. C. MADRID. La Junta de Andalucía continúa su carrera para convertirse en la primera comunidad que autorice la clonación terapéutica o transferencia nuclear en España. El Consejo de Gobierno andaluz dio ayer luz verde al anteproyecto de la ley que regulará esta técnica, adelantándose a la norma del Gobierno central. El Ministerio de Sanidad está a punto de presentar el anteproyecto de la Ley de Investigación Biomédica que, entre otros aspectos, tiene previsto autorizar la transferencia nuclear para obtener células madre. Sanidad defiende que sólo se necesita una norma estatal para regular este tipo de investigación. La Junta de Andalucía no desveló ayer la fórmula con la que se sortea el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa. Este tratado internacional que firmó España prohíbe la creación de embriones con fines distintos a la procreación y, en teoría, realizar la discutida técnica. El proyecto de ley andaluz prohíbe el empleo de la clonación con fines reproductivos y regula, además, la investigación de otras técnicas para obtener células madre a partir de células adultas. El anteproyecto prevé la creación de un comité específico de investigación de reprogramación celular, un órgano adscrito a la Consejería de Salud que estará integrado por personalidades de reconocido prestigio en los campos de la biomedicina, el derecho y la bioética. Este comité se encargará de autorizar los proyectos de investigación, garantizar su desarrollo y velar por las condiciones en las que se desarrolla el consentimiento informado de los donantes de los óvulos y las células. A la vanguardia mundial El desarrollo de estos estudios en Andalucía cuenta con el informe favorable de la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitaria, que fue elaborado por el investigador alicantino Bernat Soria. Y también con el apoyo del Consejo Consultivo de Andalucía que respalda la competencia de la Junta para regular la transferencia nuclear. La consejera de Salud, María Jesús Montero, aseguró ayer que la aprobación de la ley colocará Andalucía en la vanguardia mundial de la investigación biomédica. Actualmente, ocho países y seis estados de EE. UU. disponen de leyes similares. Inversiones En el resto, la única inversión será la de la cantidad que acompañe al traspaso de las competencias, algunos programas de carácter horizontal que financiará el ministerio, como pueden ser mejora de instalaciones o investigación tecnológica, y las subvenciones que a través de los Presupuestos Generales del Estado seguirán recibiendo los municipios del entorno. No obstante, la ley recoge formas de cooperación entre Estado y comunidades autónomas para financiar actividades o programas que redunden en la conservación de estos espacios. Es precisamente la inversión lo que