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48 MIÉRCOLES 21 12 2005 ABC Sociedad El Consejo Audiovisual de Cataluña podrá cerrar una emisora si juzga que su información no es veraz El Parlamento catalán aprobó ayer la nueva normativa del sector, que da poder decisorio al CAC b La nueva ley Audiovisual catala- na establece sanciones de hasta 300.000 euros y tres meses de suspensión de las emisiones de radio y televisión IVA ANGUERA DE SOJO BARCELONA. El Parlamento catalán aprobó ayer, con la única oposición del PP, la ley Audiovisual que refunde toda la legislación previa en materia de medios de comunicación y establece un nuevo régimen regulador de todos los medios audiovisuales de ámbito catalán. Regulación que otorga al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) la potestad para sancionar con hasta 300.000 euros o tres meses de suspensión de las emisiones a aquellos medios públicos o privados que incumplan la nueva normativa. La ley supone una ampliación más que sustancial de las competencias del CAC, que, además, tendrá un papel determinante en la concesión de licencias de radio y televisión. El Consejo, órgano cuyo presidente es nombrado por el Gobierno de la Generalitat por 6 años y sus otros 9 integrantes lo son a propuesta de dos tercios del Parlament ejercerá este nuevo control sobre las 96 emisoras locales de televisión- -37 públicas y 59 privadas- -que, a partir de la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) emitirán en Cataluña, así como las cadenas públicas de ámbito autonómico dependientes de la Generalitat, además de las 200 emisoras de radio municipales y unas sesenta radios locales privadas que emiten en esta comunidad. El Consejo deberá velar por la veracidad de la información, la separación de opinión e información, el respeto a los derechos de la infancia y a la dignidad de las personas, y la no incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. Josep Bargalló, en primer término en esta imagen despoblada del Parlament, defendió la nueva ley audiovisual ELENA CARRERAS Tres niveles de infracción En su Título V, la nueva ley establece la Regulación de los contenidos audiovisuales para los medios públicos y para los privados, y el régimen sancionador, con tres tipos de infracciones: muy graves, graves y leves. El CAC actuará de oficio en caso de incumplimiento reiterado, al margen de la investigación de las posibles denuncias. Serán infracciones muy graves la emisión sin licencia, el incumplimiento de los principios básicos de regulación de los contenidos y de los deberes de protección a la infancia, la difusión de publicidad subliminal y la obstrucción de actividades inspectoras del CAC. Pueden ser sancionadas con multas de 90.001 a 300.000 euros y la suspensión de la actividad por un máximo de tres meses. Se consideran infracciones graves la no difusión de comunicaciones de interés público del Gobierno o la Generalitat, la omisión de deberes de señalización o el incumplimiento de obligaciones en materia de publicidad y televenta, y el incumplimiento de normativas lingüísticas, entre otras. Serán sancionadas con multas de 12.001 a 90.000 euros. Por faltas leves se entiende deficiencias técnicas y la omisión del deber de responder a los requerimientos del CAC, y serán sancionadas con multas de 600 hasta 12.000 euros. Expediente a la COPE De hecho, en este sentido se espera que hoy mismo el Consejo Audiovisual de Cataluña entregue a la Generalitat su resolución sobre los contenidos que emite la Cadena COPE en la que se citan vulneraciones legales que comportan los contenidos de determinados programas de la emisora y que provocará con toda seguridad la apertura de un expediente informativo por parte del Gobierno catalán, según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del informe. Se prevé que en el informe se señalará que algunos contenidos que emite esta cadena infringen principios constitucionales, por lo que se estarían incumpliendo las condiciones en las que El PP cuestiona la potestad sancionadora del CAC, que podrá decretar el cierre temporal de un medio se concedió la licencia. En concreto, se ha investigado la veracidad de sus informaciones y la protección del honor y la integridad de las personas. El documento se centra en los programas La Mañana de Federico Jiménez Losan- tos, y La Linterna de César Vidal. Pocas horas antes de conocerse este informe, el PP era el único partido del Parlamento Catalán que se oponía a la nueva ley Audiovisual de Cataluña, aunque lo hacía después de votar a favor del dictamen previo de la ley en la Comisión de Cultura. Sin embargo, el ponente del PP, Santiago Rodríguez, apuntó precisamente a las dudas políticas de su formación respecto al hecho de que el Gobierno catalán o el CAC puedan sancionar con un cierre, aunque sea temporal de las emisoras que incumplan el regla- mento. Rodríguez señaló que esto supone tanto como atribuirse funciones que corresponden a los tribunales, aunque insistió en que no dudan de la independencia demostrada por el CAC durante toda su trayectoria. El consejero jefe de la Generalitat, Josep Bargalló, dejó bien claro tras la aprobación de la ley que el nuevo texto se aplicará independientemente de que el PP cumpla su amenaza de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, porque se trata de un recurso no suspensivo El PP, sin embargo, negó que vaya a presentar ese recurso.